Dos años de gobierno de Claudia López: evasiones y mentiras

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, presentó a través de Facebook Live un balance de los primeros dos años de gobierno y de la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. A propósito, hay que señalar algunos aspectos que la alcaldesa Claudia López evad en los que miente con respecto a su rendición de cuentas, habiendo cruzado ya la mitad de su mandato. Estos, tales como:

Movilidad

La alcaldesa Claudia López menciona en su rendición de cuentas que se comprometió a “quitarle la plata al negocio de buses chimenea de Transmilenio y a pasarla para hacer metro, metro y más metro”, así como que “Transmilenio debe ser un mero alimentador del metro”, ambos elementos con los que no ha cumplido. Bajo su mandato definió continuar con el entierro del proyecto del metro subterráneo con gran capacidad, para, ajustando el presupuesto, construir un metro elevado alimentador de Transmilenio amarrado a la construcción de dos nuevas troncales supuestamente alimentadoras: Av. 68 y Av. Cali. De la misma forma, a lo que hoy la alcaldesa le llama corredor verde de la 7ma, no es más que un nuevo proyecto de movilidad basado en buses el cual se puede catalogar como “Transmilenio verde”. Es decir, la alcaldía, en lo que lleva de mandato, ha definido aumentar los buses, construir más Transmilenio y menos metro.

Sumado, con el cambio de proyecto de metro subterráneo a metro elevado, no solo la ciudad perdió 8 años para empezar a construir la obra y poco más de $190.000 millones en estudios, sino que se desaprovechó la oportunidad de cimentar una obra de gran magnitud y con gran capacidad que empezara a posicionar el sistema férreo como estructurador del transporte público y la movilidad de la ciudad, pues por su naturaleza tiene mayor capacidad de carga de pasajeros que el sistema de buses, además de resultar menos contaminante. Por el contrario, el metro elevado contratado tendrá una menor demanda y capacidad de carga que sus troncales alimentadoras. A esta misma conclusión se puede llegar si se compara el sistema de buses con el sistema férreo proyectados en el POT.

Por lo anterior, es evidente que en el gobierno de Claudia López el transporte público no se ha proyectado para que Transmilenio alimente al metro, sino para que el metro alimente Transmilenio, lo que prolonga los problemas de movilidad que la ciudad ha tenido hasta ahora.

 

Manejo de la pandemia

La alcaldesa señala que un gran logro fue no haber permitido que el sistema de salud colapsara bajo la pandemia y haber centralizado, en el centro regulador de urgencias de la Secretaría de Salud, las camas hospitalarias, los servicios de atención médica domiciliaria, las urgencias y las UCI, elementos que son patrimonio público único de Bogotá, con lo cual se logró la asignación de esos recursos según se necesitaran, independientemente de las EPS. No obstante, la alcaldesa no cuenta cómo en los primeros picos, previo a que empezara la vacunación y cuando la situación era más álgida, nunca se logró cumplir con el objetivo de ampliación de UCI COVID-19 en Bogotá, entre otras porque, debido a la pésima gestión, el Distrito solo pudo adquirir 143 ventiladores por cuenta propia.

Bajo este contexto, vale recordar las denuncias que realizó la Personería en relación con la alta ocupación de camas UCI en Bogotá, mientras SALUDATA reportaba una baja ocupación. Lo cierto fue que hicieron falta UCI para atender a los pacientes críticos por COVID-19 y así evitar muertes al garantizar un tratamiento adecuado a la enfermedad. Es de esta forma como en 2020, a pesar de que 9.428 personas fallecieron en un hospital por complicación del COVID-19, 3.399 no accedieron a una UCI. Los más perjudicados con esta situación fueron las personas en condición de pobreza pues fueron las que más muertes reportaron. La desigualdad a la que se llegó hizo que, en Bogotá, ser de estrato 1 implicara 150% más de riesgo de morir por COVID-19 que ser de estrato 6.

 

Salud a su Hogar

Claudia López destaca que, en el tablero de control ciudadano, este programa ocupa el tercer lugar donde las y los ciudadanos hicieron llegar más solicitudes, peticiones, quejas y reclamos en torno a los derechos en salud. La alcaldesa argumenta que se volvió al programa de Salud a su Hogar con el fin de agilizar procesos con adultos mayores en cuanto a enfermedades crónicas y/o gestantes, quienes requieren medicamentos que podrían llevarse a su casa, como también informa que se han atendido cerca de 25.500 personas en el hogar.

Frente a esto, para diseñar nuevamente una estrategia efectiva desde Salud a su Hogar es necesario en primera medida realizar la caracterización e identificación de las necesidades de la comunidad, especialmente de sus poblaciones vulnerables, como lo son los estratos 1 y 2. Además, organizar la operación de la Atención Primaria en Salud (APS) por territorios y micro territorios, privilegiando los más vulnerables y, sumado a esto, es necesario gestionar desde los espacios de vida cotidiana de las comunidades (los ámbitos): la familia, el barrio, la escuela, el jardín infantil, el centro de trabajo.

La real efectividad de la estrategia, se debe encaminar hacia la creación de equipos profesionales de respuesta inicial y acompañamiento territorial, permitiendo la promoción de la participación social como un derecho y creación de condiciones para la organización y movilización social autónoma. Por lo tanto, es una estrategia que no se limita a la dinámica simple del transporte de medicamentos, la mentira más grande es querer construirla de manera limitada sin la debida organización de los micro territorios y sin la incidencia de equipos cohesionados que realmente lleguen a todos los rincones con extrema vulnerabilidad.

 

Educación

Con relación a esto, resaltó como logros los avances en los tres niveles de educación. En torno a la implementación del preescolar de los tres primeros grados, señaló una cobertura de 15.75% en prejardín, 79.5% en jardín y 99.25% en transición, cifras que no inician con esta administración y que aún no resuelven el problema de asumir el preescolar pleno como parte de la educación pública en Bogotá. Esto tiene como consecuencia la dispersión de este servicio en jardines de la Secretaría de Integración Social y el sector privado, con un número significativo de maestros sin contratación en propiedad y una primera infancia que aún no se incorpora plenamente al preescolar por falta de cobertura en el sistema público, lo que significa la no incorporación y/o más gastos para las familias.

En la educación básica y media se mencionó el arreglo 285 sedes de colegios para bioseguridad con 50.000 cupos adicionales. No obstante, existen denuncias de la comunidad sobre obras que deberían haberse entregado ya o que deberían tener avances significativos. Asimismo, las adecuaciones de las más de 700 sedes para el retorno bioseguro a las aulas no se termina, situación que ha derivado en protestas por el parte del magisterio.

Igualmente, se menciona como un logro que en el POT se haya establecido para los próximos 15 años la construcción de 60 colegios, cuando la misma Secretaría de Educación señala que “(…) el déficit de equipamientos educativos que tiene la ciudad, se demanda la construcción de 279 sedes de equipamientos educativos nuevos del sector oficial (tamaño de la institución de 1120 estudiantes)”. Por lo tanto, no es más que el 21.5% de la necesidad real, lo que es fundamental tener en cuenta si se quiere cumplir con el criterio de la calidad de la educación, que exige entre otros elementos la implementación de la jornada única de calidad, para lo cual se requiere infraestructura.

Finalmente, el aspecto más resaltado es la educación superior, en donde se menciona la entrega de 9.507 becas gratuitas con sostenimiento, la creación de la agencia ATENEA y la puesta en marcha de la matrícula cero en la Universidad Distrital. Al respecto hay que señalar que existen inconsistencias en el reporte de cobertura, pues incluso en el mismo informe de la agencia ATENEA (4to. informe de 2021) se establece la cobertura de 5.330 cupos en programas de educación superior (técnico, tecnológico y profesionales) más la cobertura en otras estrategias de inmersión y créditos que no son cupos ni becas, y que no tienen un impacto ni aseguran a los jóvenes el acceso y sostenimiento real a la educación superior.

Igualmente, la alcaldía dice haber garantizado la matrícula cero de la Universidad Distrital,pero es importante señalar que fue gracias a los recursos propios de la institución y del gobierno nacional que logró materializarse. Además de ello, es tan precario el compromiso real, que en el nuevo POT la Universidad Distrital no existe, pues no está planteada la construcción de nuevas sedes y tampoco se incluyó el plan de infraestructura que la mismauniversidad solicitó fuera tenido en cuenta en audiencia pública de POT. Simplemente se habla de una ciudadela universitaria que puede ser asumida perfectamente por el sector privado.

Empleo en el Distrito

Se observan dos elementos de gran importancia dentro del análisis, el primero es lo que corresponde a empleos formales y el segundo a la informalidad en la ciudad. Para ello se basó en las cifras del DANE (2020, 2021 y 2022) en las que indica que hoy la ciudad cuenta con una tasa de desempleo del 13.8%, la cual disminuyó en un porcentaje superior al 92% respecto del incremento que hubo durante la pandemia; que dejó 1.1 millones de personas sin trabajo en esta ciudad y por ende en pobreza.

Así las cosas, anuncia que gracias a los programas del gobierno se recuperaron 900.000empleos, 200.000 de estos, según la propia alcaldesa, tienen que ver principalmente con la industria de la construcción. Se trata de personas contratadas para trabajar en obras de la ciudad, sin que se especifique bajo qué modalidad; sin embargo, no se tiene en cuenta que son labores no permanentes, que, si bien se reconoce que ayudan a mejorar las cifras relacionadas inicialmente, no hacen parte de programa alguno o política de empleabilidad, que lo que genera es que una vez estas obras finalicen se vuelva el trabajador al ciclo de pobreza e informalidad. en la práctica el impacto no se refleja en el comparativo del desempleo en la ciudad previo a la pandemia, cuya cifra se encontraba 10% pre pandemia, en contraste también con la tasa de informalidad que supera el 42.4%.

Del mismo modo dice la alcaldesa que desde el gobierno se han hecho esfuerzos para pagarles a microempresas con el propósito de mantener empleos al afirmar que “les damos un subsidio a la nómina”. Esto hace referencia a un programa por 6 meses dirigido a MiPymes que se encarga de entregar un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para pagar la nómina de hasta cuatro trabajadores mayores de 50 años, trabajadores jóvenes y/o trabajadoras mujeres. Sin embargo, este programa está enfocado en solo unos cuantos sectores de la industria y deja por fuera por ejemplo las artes y el entretenimiento, exigiendo una serie de requisitos con los que no cuentan la mayoría de los negocios pequeños y barriales.

Igualmente, hay que señalar que esto no hace parte de las apuestas y metas del Plan de Desarrollo por lo cual su continuidad y cumplimiento no se relaciona con el objetivo de este, encaminado a “recuperar la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia”. Por ende, su resultado ha sido mínimo, tan es así que al 2021 habían cerrado más de 53.000empresas en Bogotá según Cámara de Comercio.

Así las cosas, no se está atendiendo la problemática en la forma como plantea la alcaldesa,no solo porque la tasa de desempleo e informalidad sigue en aumento y sin atención adecuada, sino por el apoyo precario entregado a los emprendimientos y pequeños negocios pese a lo acordado con el Plan de Desarrollo y a que se contrapone con los rubros otorgados a grandes empresas como Transmilenio y sus operadores privados. Esto último,justamente bajo el argumento que se requiere garantizar el servicio para transportar a las y los trabajadores, quienes paradójicamente no aumentan, como tampoco la gestión de empleo de calidad.

Trabajadores informales de las ventas en el espacio público

La alcaldesa Claudia López en campaña suscribió el pacto con vendedores y vendedoras informales que consistía en 2 puntos principalmente, el primero en detener los atropellos en contra del gremio y el segundo en instalar en los primeros 100 días de gobierno una mesa de trabajo o interinstitucional, donde se articularan organizaciones de vendedores informales con entidades distritales.

Partiendo del pacto como eje central, es importante decir que existe un incumplimiento parcial de los mismos, ya que la política de recuperación del espacio público por parte de las alcaldías locales, sin la articulación interinstitucional que brinde alternativas económicas y sociales reales a esta población, se sigue presentando en diferentes localidades. Esto, ha repercutido en atropellos y el desplazamiento de sus sitios sincondiciones que dignifiquen el trabajo.

De acuerdo con lo presentado en la rendición de cuentas, durante el 2021 se realizó “la atención y acompañamiento a 389 emprendimientos o unidades productivas de vendedores informales, con la oferta institucional del IPES y se realizaron 65 ferias temporales en las cuales participaron 1.333 vendedores informales de 19 localidades de la ciudad”. Dichas cifras son irrisorias si las comparamos con la población de vendedores y vendedoras informales que tiene la ciudad, que de acuerdo con el IPES son más de 55.000 registrados en la Herramienta Misional o el Registro Individual de Vendedores Informales. Teniendo claro que estas cifras no corresponden a la totalidad de dicha población y que el IPES aún no realiza la actualización estadística de la misma, la atención por parte de la administración distrital a este sector vulnerable ha sido de tan solo el 3%.

Seguridad

El compromiso de Claudia López en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura en seguridad era duplicar el número de URI y tener atención 24 horas con fiscales y policía judicial, sin embargo, lo que se entrega como balance es que están en construcción solo 3 URI nuevas sin mencionar los otros compromisos. Muy difícilmente se cumplirá con esta promesa de campaña. Asimismo, la ley de seguridad ciudadana de la cual se enorgullece la alcaldía, es la misma que criminaliza la protesta social y manda jóvenes a las cárceles por el hecho de expresar su inconformidad en las calles o defenderse del abuso policial.

Sistema Distrital de Cuidado

Se habla a futuro del éxito del SIDICU pues lo pone como un reto a cumplir a partir de la implementación del nuevo POT, sin embargo, dicha iniciativa es de esta administración, por lo que por lo menos se espera que cumpla con las 20 manzanas de cuidado proyectadas desde el Plan de Desarrollo Distrital, llevando todos los servicios sociales del Distrito: descansar, estudiar y trabajar.

Igualmente hay que señalar que las manzanas de cuidado se definen con base en el Índice de Priorización de Cuidado, del cual no conocemos los cálculos exactos y que entre otros elementos utiliza como base información secundaria de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2016-2017; que si bien es una herramienta importante, está desactualizada con respecto a una realidad enmarcada por la pandemia, al incremento de la pobreza y la afectación directa a las mujeres.

En lo que respecta a la ruralidad como lo es la localidad del Sumapaz, se contempla únicamente unidades móviles de servicios de cuidado que, si bien conocemos de primera mano las distancias, suponen que las unidades móviles permiten acercar estos servicios a zonas de difícil acceso. No obstante, las mismas no resuelven situaciones tales como un parto, pues la mujer se ve obligada a desplazarse hasta Usme, lo que podría solventarse con infraestructura propia en la localidad

Medio ambiente

Frente a las acciones adelantadas por la alcaldía con relación a los componentes ambientales, se enuncia la protección de humedales que desde el pacto ambiental se suscribió. De allí es importante ratificar que esta administración continuó con los contratos de endurecimiento suscritos por la alcaldía de Peñalosa, como es el caso del Tibabuyes y Jaboque, lo que implica el incumplimiento de dicho pacto.

Si bien se reconoce que el POT aumenta el área ambiental de la Estructura Ecológica Principal (EEP), se mantiene la estructura del modelo de ordenamiento territorial depredador que concibe los componentes ambientales como valores agregados en términos de la especulación del valor del suelo y de los proyectos inmobiliarios. Un claro ejemplo de esto es el manejo de la ronda hídrica de diversos cuerpos de agua de la ciudad, tenemos los proyectos de renovación urbana sobre la cuenca del Tunjuelo o la construcción del patio taller para la primera línea del metro sobre la franja de inundación del Río Bogotá.  

Si bien, el POT incluye componentes de la sentencia relacionada con los Cerros Orientales, es preocupante que no se incluya taxativamente el cumplimiento del numeral 2.1 del fallo del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013, que se relaciona con la implementación del plan de manejo ambiental del área de ocupación público prioritario definido en el decreto distrital 485 de 2015.

Por último, existe un incumplimiento en el pacto ambiental que se relaciona con la necesidad de afectar la EEP para poder garantizar los proyectos de infraestructura vial, de allí el inconformismo producto de las talas que se presentan en el corredor vial de la avenida 68 o avenida Suba, donde los proyectos no fueron socializados a las comunidades y las veedurías ciudadanas han evidenciado inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental frente a la tala, compensación o traslados de flora y fauna afectadas por estos proyectos.

Todo esto, sin duda, es el reflejo de las mentiras, contradicciones y evasiones de la hoy alcaldesa Claudia López, quien en campaña hizo promesas a las comunidades y sectores de la ciudad, pero ya gobernando se ha dedicado a incumplirlas. Su mandato no ha sido en beneficio de la gente sino de aquel poder detrás del poder, quienes se lucran en el sector financiero, del transporte y la construcción.

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