¿Quién dio la orden de la matanza de firmantes de paz?

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz.

Eran las 8:17 minutos de la noche del 12 de febrero cuando en las calles de San Vicente del Caguán caminaban un hombre y una mujer, madre e hijo. Unos cuantos pasos adelante iba otro hombre de manera tranquila y desprevenida, ya que acababa de terminar su jornada de trabajo. Nos damos cuenta ahora por lo que se ve en las cámaras, que desde atrás corrían tres tipos armados y de civil que sin mediar palabra y por la espalda golpearon con el mango de la pistola al hombre que caminaba junto a su madre, quien cayó al piso. Momento seguido, a los dos protagonistas de esta historia les atacan a disparos. Los dos hombres reaccionaron instintivamente para proteger sus vidas con sus armas de dotación, pues son agentes escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y firmantes de paz que acababan de dejar a su protegida, la compañera Lucila Moreno Páez en el hotel en donde se hospedaba.

Quienes atacaron a los escoltas Jhon Sebastián Rivas Narváez y Leonardo Agudelo Murillo resultaron ser agentes de la policía de San Vicente y hombres del ejército pertenecientes al batallón Bato-70 quienes, de civil, de manera intempestiva y sin orden judicial ni voz de pare, la emprendieron de manera criminal contra los dos agentes escoltas reincorporados. En ese cruce de disparos hirieron en la pierna a Jhon Sebastián quien había caído en el piso producto del golpe que le propinaron en la cabeza; a su vez, los agresores resultaron heridos y murió una joven, menor de edad, que se encontraba cerca producto del cruce de disparos.

Los escoltas y su protegida, la compañera Lucila, pertenecen al centro poblado de Miravalle en la región de El Pato junto a más de un centenar de sus compañeros/as realizando su proceso de reincorporación trabajando en varios proyectos productivos, la mayoría por iniciativa y gestión propia con esfuerzo por contribuir a la paz a lo largo de estos cinco años. Entre los proyectos se encuentran cultivos piscícolas, agropecuarios, de ganadería, uno de turismo de aventura en el río Pato del cual surge el equipo de rafting Remando por la Paz, que, entre otras, representaron a Colombia en el mundial de Rafting en Tully, Australia, en el 2019. Todas estas iniciativas las realizan las y los exguerrilleros junto con la comunidad de la región, en un proceso organizativo, de economía solidaria y de compromiso inclaudicable por la construcción de una paz estable y duradera, a la cual nos comprometimos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Pero esta apuesta de paz es truncada con el incumplimiento sistemático de lo pactado por parte del Estado colombiano, así  lo afirmó la Corte Constitucional con la declaración de estado de cosas inconstitucional por la realidad que vivimos los firmantes de paz: son más de 300 exguerrilleros y exguerrilleras asesinadas, varios desaparecidos, familiares asesinados, compañeros y compañeras víctimas de desplazamiento forzado. Todo en medio de una permanente estigmatización, de un discurso de odio pregonado por el partido de gobierno y la acción criminal de agentes del Estado, como se evidenció en San Vicente con los escoltas reincorporados o con el asesinato de Dimar Torres en el Catatumbo, y todavía nos preguntamos ¿quién nos está matando?, mientras la Fiscalía continúa sin actuar ante esta política de exterminio.

Ante los hechos ocurridos el gobierno nacional y las autoridades han guardado silencio cómplice, porque todo indica que es una política de Estado no solo el incumplimiento de la implementación, sino sobre todo, el no garantizar la vida de las y los firmantes de paz, que contra todo pronóstico continúan trabajando de manera denodada en un territorio donde no para la violencia, no desde ahora sino desde muchas décadas atrás, y que hoy como ayer, ese mismo Estado además de haberles olvidado, pretende criminalizar.

Recordemos que El Pato es una región histórica del Caquetá llamada por políticos en la década de los sesenta como una de las “Repúblicas Independientes” porque ante la exacerbada violencia bipartidista que vivían por esos años, un puñado de hombres y mujeres se organizaron, así como lo hicieron otras personas en Marquetalia, sur del Tolima y en Riochiquito, Huila, para responder al feroz ataque orquestado desde los Estados Unidos a través del plan LASO (Latin American Security Operation) que consistió en un plan operativo-táctico para contrarrestar los movimientos comunistas de donde surgieron la FARC. En la región de El Pato se encuentra instalado el ETCR de Miravalle, comunidad a la que pertenecen los escoltas Jhon Sebastián Rivas Narváez y Leonardo Agudelo Murillo quienes fueron atacados de manera criminal por policías y militares de civil.

La zozobra se vive en toda la comunidad exguerrillera y campesina de la región porque conocen la violencia en carne propia, han vivido la exclusión de manera permanente y también han respondido a la violencia con distintas formas organizativas. Por ello le exigimos al gobierno que responda con la verdad y pare los ataques criminales contra quienes seguimos trabajando por la paz de Colombia.