El mal llamado “rescate social y económico”: otra mentira de Claudia López

Por: Heidy Sánchez, abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá. 

La alcaldesa mintió al Concejo cuando en la discusión del Proyecto de Acuerdo del supuesto “Rescate social y económico” afirmó que, si se conseguía una cofinanciación con la Nación del déficit financiero del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP generado por impacto de la pandemia del COVID-19, estos recursos que iban para el Fondo de Estabilización Tarifaria – FET serían reasignados a programas y proyectos sociales y de reactivación económica. En consecuencia, a pesar de haber girado la Nación cerca de $734 mil millones con este fin, tales recursos no fueron reasignados sino incluidos en el presupuesto de 2022 para ser utilizados de acuerdo con las necesidades del FET.

Como ya es costumbre en la actual Alcaldía, una vez más Claudia López promete una cosa y gobierna haciendo lo contrario. En esta ocasión tiene que ver con el mal llamado “Rescate social y económico”, iniciativa del gobierno distrital aprobada por el Concejo como el Acuerdo 816 del 25 de agosto de 2021. Cabe recordar que lo que fue anunciado como una gran inversión social para hacer frente a la crisis económica por la que atravesaba la ciudad y, en particular, la población más vulnerable, terminó siendo un rescate al negocio privado de operación del SITP de Bogotá.

De este modo, por medio del mencionado Acuerdo se aprobaron recursos por $1,8 billones, de los cuales $1,15 billones fueron dirigidos al FET, que es el mecanismo que dispone el SITP para que el Distrito pueda transferir recursos públicos con tal de solventar la diferencia que se crea cuando los ingresos son menores a los gastos de operación del Sistema, déficit que se genera en gran medida debido a que, dentro de los costos de operación, se encuentra incluida una muy alta rentabilidad a favor de los operadores privados. Así, es el único negocio en el que el privado no corre ningún riesgo de perder pues los costos de operación, incluidas sus altas ganancias, están subsidiados por el Estado.

De esta forma, a pesar de que la ciudad contaba con cerca del 50% de sus habitantes en condiciones de pobreza (alrededor de 4.4 millones de personas), y del estallido social que se extendió por más de dos meses, la Alcaldía prefirió subsidiar el negocio privado del transporte masivo a aumentar la inversión social, en medio de la más dura crisis que ha golpeado la ciudad producto de los impactos generados por la pandemia del COVID-19. Esto lo pudo hacer gracias a que lo pasó mediáticamente, primero, como un ejercicio de reflexión de la alcaldesa y, segundo, como un proyecto de “gran inversión social” para la ciudad, aspectos que fueron cuestionados en el Concejo y motivo por el cual fue cambiado el nombre del Acuerdo para especificar que el presupuesto que aprobaba iría dirigido a garantizar la operación del sistema de transporte público.

Igualmente, para asegurar la votación en el Concejo, la Alcaldía incluyó dentro del Acuerdo el Parágrafo del Artículo 1, el cual indica que en el caso de que se suscribiese un convenio de cofinanciación con el gobierno nacional para cubrir el déficit del SITP generado en el marco de la pandemia, estos recursos que habían sido dirigidos al FET serían “reasignados a programas y proyectos relacionados con el rescate social, la generación de empleo y el desarrollo de obras de infraestructura local en el marco de la reactivación económica”. Ligado a este compromiso, el proyecto consiguió los votos suficientes en el Concejo para salir como Acuerdo de ciudad. Sin embargo, esto no se cumplió.

En el desarrollo de nuestra labor de control político, cuando preguntamos a la Alcaldía por la cofinanciación del déficit y la comprometida reasignación de estos recursos, pudimos constatar lo siguiente:

  1. Acorde con el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021, el 12 de noviembre se estableció convenio de cofinanciación por medio del cual la Nación le giró a TRANSMILENIO S.A. $733.976.929.015 el 17 de diciembre de 2021.

 

  1. Estos recursos no fueron reasignados para el rescate social, la generación de empleo y el desarrollo de obras de infraestructura local, sino que fueron incluidos en el presupuesto de 2022 para ser utilizados de acuerdo con las necesidades del FET.

De esta forma se puede comprobar que nuevamente la administración de Claudia López le ha mentido a la ciudad. Por un lado, mintió al decir que el Acuerdo 816 de 2021 era un proyecto de gran inversión social, pues el 64% del presupuesto que aprobó estuvo dirigido a salvar el negocio de los operadores privados del transporte público en Bogotá. Por otro lado, mintió al Concejo cuando ganó las mayorías afirmando que, si se conseguía una cofinanciación del déficit con la Nación, estos recursos que iban en un principio para el FET se reasignarían a programas y proyectos sociales y de reactivación económica.

De conformidad con el gobierno neoliberal de Claudia López, las y los bogotanos nuevamente han perdido valiosos recursos públicos, invertidos en la vena rota del SITP que favorece el negocio de unos pocos. Por tal motivo, insistimos en un cambio de paradigma que conduzca a la renegociación de los contratos con los operadores privados para que resulten favorables para el Distrito, así como en la implementación del operador estatal que consiga racionalizar los costos de operación del Sistema en favor del presupuesto público y del pasaje pagado por los usuarios.