Víctimas denuncian supuesto intento de robo de curules de paz en el Congreso

Candidatos a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Cesar, Guajira y Magdalena denunciaron un presunto intento de robo de una de las 16 circunscripciones de paz.

La denuncia oficializada por  víctimas del conflicto armado que buscan una curul de paz del Cesar, Guajira y Magdalena, fue interpuesta ante la Corte Constitucional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consejo Electoral, Registraduría y Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos y busca garantías electorales y protección en la seguridad para las víctimas del conflicto armado.

Los candidatos Melba Mieles Ramírez, Luis Fernando Lara, Maryori de Jesús Pérez, candidatos a la Cámara por la circunscripción número 12, expresaron que han “desdibujado las Elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.

Por ello en el documento dirigido a las altas cortes expresan: “Denunciamos la financiación con dineros particulares o propios en campañas (…) denunciamos la candidatura de William Romero por ser ésta la persona que representa los intereses particulares del Clan Gnecco, que pretende con esta candidatura expandir su poder corrupto y económico para quedarse con una de las 16 curules para las víctimas”.

En ese sentido, también nombraron las candidaturas de “Sebastián Ochoa, Jorge Rodrigo Tovar, Pedro Norberto Castro, Marleny Kammerer”, quienes de acuerdo con la denuncia, no harían parte del grupo de víctimas que tiene derecho a esa curul en el Congreso. “Además, le pedimos también a esta corte la revisión del proceso por el cual los victimarios que hoy son candidatos fueron vinculados a la Unidad para las Víctimas”, indica el documento.

En este sentido, le piden a la Corte Constitucional emitir un concepto sobre el espíritu real o razón por la cual fueron creadas las 16 curules para las víctimas y dar claridad sobre las características que deberían cumplir las víctimas que aspiren a ocupar estas curules.

A su vez, pide a las autoridades garantías electorales y protección en la seguridad para las víctimas del conflicto armado, que estarían ‘vetados’ en sus propios territorios para participar del escenario electoral, «por amenazas y amedrentamientos de las fuerzas oscuras que apoyan las candidaturas de los victimarios».

 

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