El 14 de enero de 2021, en el marco del debate de control político que hicimos para demostrar el pésimo manejo dado en salud a la pandemia por parte de la alcaldía de Claudia López, radicamos una solicitud a la Contraloría de Bogotá para que investigara el caso del centro hospitalario transitorio instalado en Corferias por presunto detrimento patrimonial en favor de un privado.
Cabe recordar que este centro hospitalario transitorio de Corferias fue uno de los componentes proyectados dentro del Plan Distrital de Expansión diseñado por la Alcaldía, el cual tenía como objetivo principal el aumento de disposición de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá. Así, partiendo de una tasa de contagio inicial de 2.68 cuando estábamos en normalidad e iniciaron en marzo de 2020 los primeros contagios, la Alcaldía proyectó la necesidad de adecuar progresivamente más de 5 mil UCI-COVID-19 con las cuales debía contar la ciudad al finalizar mayo de 2020 para dar una atención adecuada a la emergencia. La dinámica que se planteó para cumplir con este objetivo fue la de trasladar 2.000 pacientes hospitalizados por enfermedad de baja complejidad a Corferias, con tal de adecuar estas camas desocupadas en los hospitales como UCI para la atención de personas con COVID-19 que lo requirieran.
Con el confinamiento obligatorio, obviamente la razón de trasmisión del virus disminuyó quedando en alrededor de 1.1 en mayo de 2020, motivo por el que la Alcaldía ajustó cómodamente los cálculos, no basándose en una situación de normalidad sino bajo el encierro obligatorio pretendiendo que esta situación fuera permanente, y de esta manera proyectó que se necesitaban 3.000 camas: 2.000 UCI y 1.000 hospitalarias para aislamiento, por lo que se siguió demandando 2.000 camas en Corferias para el traslado de pacientes con enfermedad general, con tal de cumplir con la adecuación de las 3.000 requeridas en las IPS públicas y privadas. Lo cierto fue que, a pesar de que supuestamente al finalizar mayo de 2020 ya debíamos contar con más de 5 mil UCI-COVID-19 disponibles en la ciudad, al culminar el 2020 no contábamos con 2 mil UCI en Bogotá, ni nunca se cumplieron las disposiciones proyectadas ese año para dar una respuesta adecuada a la pandemia. En consecuencia, con este cupo epidemiológico limitado producto de la incapacidad de gestión de la administración de la alcaldesa Claudia López, la medida prioritaria para hacer frente a la emergencia fueron las cuarentenas con sus desastrosas consecuencias económicas y en salud mental para la población.
Así, como nunca se cumplieron los objetivos de aprovisionamiento de UCI para la ciudad, tampoco se requirió la capacidad instalada en el centro hospitalario transitorio de Corferias. No obstante, como lo señalamos en su momento, la Alcaldía en conjunto con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente firmaron un contrato con Corferias, que es una sociedad de carácter privado filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se comprometieron a cancelar $200 mil millones para materializar el plan diseñado, de los cuales en junio de 2020 ya se habían pagado $20 mil millones. Igualmente, como lo denunciamos, Corferias inició con la disposición de 50 camas de hospitalización de mediana complejidad para el servicio de medicina interna en mayo de 2020, y así permaneció hasta finalizar junio de ese año, es decir, al 2.5% de la capacidad prevista.
A pesar de esta realidad, para seguir con el despilfarro, la Alcaldía argumentó en julio de 2020 que las 2.000 camas de Corferias se seguían necesitando no solo para el traslado, sino que ahora además para recibir directamente pacientes candidatos a requerir hospitalización por enfermedad general y pacientes con COVID–19 asintomáticos y/o a aislar. Sin embargo, a principios de agosto de 2020, Corferias solo tenía capacidad instalada para 372 pacientes, es decir, 18% de la capacidad prevista. De este modo, la Alcaldía prefirió invertir el presupuesto público para favorecer a un privado, en lugar de adecuar el Hospital San Juan de Dios, como insistimos, dando eficiencia al gasto y fortaleciendo la capacidad de respuesta permanente pública y estatal. Este posible detrimento patrimonial en beneficio de un privado se desmontó sin sonrojarse por parte de la Alcaldía en octubre de 2020.
Teniendo en cuenta las denuncias que hicimos y atendiendo a nuestra solicitud, la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá nos dio la razón, aclarando y profundizando los argumentos expuestos en su momento, presentando como principales hallazgos los siguientes:
- Durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13.7% de la capacidad instalada.
- En la época en que estuvo en funcionamiento el hospital transitorio se atendieron 515 pacientes, con una apropiación final de $20 mil millones, eso significa que cada paciente atendido en Corferias le costó al Distrito casi $39 millones de pesos.
- Con base en lo anterior, según la Contraloría de Bogotá se configuró una “observación administrativa con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizar 1.726 cubículos/cama en la ejecución del contrato 02-BS-057-2020”.
En conclusión, ante la improvisación y la insistencia en un error que malversó cuantiosos recursos públicos cuyo único beneficiario fue un agente privado (Corferias) en vez de mejorar la infraestructura pública en correspondencia con el principio de gasto eficiente,solicitamos que:
- La Personería de Bogotá y/o la Procuraduría General de la Nación investiguen la presunta comisión de faltas disciplinarias en el marco de este contrato.
- Como consecuencia de este informe de auditoría, se abra el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal para determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.
En todo caso, la responsabilidad política de semejante despilfarro en favor de un privado recae en el secretario de salud, Alejandro Gómez, y en la alcaldesa Claudia López y su modelo neoliberal con el que ha gestionado la pandemia y ha ejercido su gobierno en general.
