Informe revela alarmante retroceso de libertades básicas en América Latina

El informe Mundial 2022, de más de 700 páginas, realizado por Human Right Watch señala que América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, estos incluyen ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil.

 

De acuerdo a la organización, a nivel general, en varios países de América Latina los líderes democráticos actuales no están a la altura de los desafíos que  se enfrentan actualmente en materia de cambio climático, pobreza y desigualdad. 

 

“las democracias de hoy en día están fallando de maneras que trascienden las limitaciones inherentes de los frenos y contrapesos democráticos.” lo que se refiere a la contraparte que representan los medios de comunicación libres, las sociedades civiles activas,  las legislaturas y los tribunales independientes, quienes no logran ejercer presión suficiente sobre los gobiernos para que atiendan los problemas graves.

La organización puntualizó las condiciones más críticas en cada país latinoamericano, por ejemplo, en el caso de Cuba, el gobierno llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.

 

A su vez, HRW aseguró que las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses.

Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, se evidenciaron diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos, los cuales han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.

Con respecto a Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el informe señala que  las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años. Sin embargo, los gobiernos no han adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos. 

 

Entre tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral y en el 2020 la policía mató a 6.400 la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras. 

 

El informe también señala la situación de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.

 

En esta misma línea, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.

Para finalizar, en cuanto a la situación de Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes. La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones.