Retorno definitivo a clases presenciales, la petición del defensor del pueblo

A través de un comunicado el defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió el retorno a la presencialidad escolar y extendió un llamado al sector educativo en el país para que se cumplan los protocolos de bioseguridad

Es inconcebible que casi dos años después de la pandemia cerca de 2,2 millones de estudiantes no hayan regresado a las aulas de clase. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación y debe convertirse en una prioridad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y asegurar el regreso a clases presenciales”, indicó el defensor del Pueblo.

Además hizo énfasis en el seguimiento a la Resolución Defensorial 477 de 2021, por medio de la cual el Defensor del Pueblo realizó recomendaciones frente a la garantía de los derechos a la educación y la salud, mediante la implementación del ‘Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano’.

De acuerdo con el comunicado, se dio a conocer que hasta el 29 de octubre de 2021 existía un registro de 31 secretarías de educación con un avance entre el 40% y el 70% de estudiantes en la presencialidad y dos (Santa Marta y Barrancabermeja) que registraron un avance inferior al 40%.

Es fundamental, señala, “que el Ministerio de Educación trabaje en medir y evaluar los niveles de aprendizaje y recuperar las falencias causadas por la virtualidad. También es necesario que se capte la realidad actual para trabajar en el diseño de políticas de recuperación o de aceleración adecuadas en todo el país”.

Por otro lado, explicó que la inasistencia escolar ha exacerbado la violencia contra la niñez y adolescencia. A octubre de 2021, se reportaron 4.685 casos de violencia intrafamiliar, 3.847 casos de violencia interpersonal, 227 suicidios y 14.690 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes.

Puntualizó que la presencia de grupos armados al margen de la ley en zonas rurales y urbanas expone a los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados, usados y utilizados en el conflicto armado. Entre 2020 y 2021, la Defensoría emitió 70 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, especialmente en Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca.

 

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