No cesa la violación de los derechos fundamentales a los indígenas Wayuu en La Guajira

Hace unos días, el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, compartió una investigación publicada este año, la cual revela que pese a la decisión de  la Corte Constitucional en 2017 de declarar el estado de violación de derechos fundamentales en la comunidad wayuú de la Guajira, cuatro años después, las comunidades en la región, en especial los niños y niñas, siguen muriendo por falta de acceso a agua potable, salud y alimentación.

En materia de acceso a agua potable, hay comunidades para quienes el suministro es completamente nulo, y para otras a quienes se otorgó el proyecto ‘Guajira Azul’, no satisface necesariamente los estándares de disponibilidad y calidad del líquido».

El informe también señala que “esta comunidad no cuenta con batería sanitaria alguna, por lo cual niños y niñas se ven obligados a utilizar arbustos para hacer sus necesidades fisiológicas de eliminación de desechos corporales”.

Con respecto a la alimentación y la salud las cosas no son distintas. El informe dice que: “Las comunidades indígenas de la Alta Guajira enfrentan problemas de disponibilidad y accesibilidad física a los alimentos que están asociados con la pérdida y desincentivo de las prácticas productivas, culinarias y alimenticias wayuu”. 

Además, advierte que los problemas alimentarios también están condicionados por el consumo de productos ultraprocesados, de alto contenido calórico y bajo aporte nutricional, que han empezado a adoptar los habitantes de la Guajira. Lo que refleja que la niñez no solo muere por hambre, sino también por enfermedades relacionadas con la diabetes y el cáncer

Este panorama contrasta con la realidad expuesta por Indepaz sobre la llegada en el 2021 de multinacionales a La Guajira, especialmente de energía eólica con las que se generaron alrededor de 162 conflictos entre comunidades, especialmente con la etnia wayuu.

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Recordemos, que a mediados de noviembre, algunos indígenas wayuu hicieron una huelga de hambre por la afectación ambiental, social y cultural que implica la implementación de estos proyectos eólicos.

En ese momento la investigadora de Indepaz Johana Barney, manifestó que cerca de 2000 aerogeneradores serían instalados en la misma zona, de donde ya se extrae gas, carbón y petróleo y que esto no es precisamente una transición positiva para el planeta

“No estamos hablando de transición, de lo que estamos hablando aquí es de un negocio privado con el Estado, hablamos de extractivismo, desplazamiento de comunidades indígenas, justificado por el velo de las energías verdes” Puntualizó la investigadora

Además añadió: “La carbono neutralidad de la que habla este gobierno tiene que ver con un ejercicio de sumas y restas dónde contamino y empato, vendiendo bonos verdes. Es un negocio, un juego macabro que se pacta en bolsa, Un ejercicio que beneficia las cifras de lo que Colombia quiere mostrar   en la  COP26 Glasgow pero que no beneficia mucho el planeta” 

 

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