Mayorías en el congreso aprobaron el controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana

Tramitado en dos semanas, y con sesiones extraordinarias, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que pretende fortalecer la seguridad ciudadana en el país. 

 

El proyecto, radicado por los ministerios del Interior, Justicia y Defensa el 17 de noviembre, y apoyado por congresistas del  Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, está compuesto de 68 artículos entre los cuales se busca reformar el Código Penal para endurecer las penas en unos delitos y al Código de Policía para facilitar los procedimientos judiciales.

 

Es una ley que ha sido muy cuestionada, especialmente por la bancada de la oposición, pues han afirmado que está pensada para limitar el derecho a la protesta, no ataca de fondo los problemas de inseguridad y carece de fundamentos técnicos y académicos. 

 

En medio de la sesión, se dio una proposición de archivo, que fue negada por las mayorías del Congreso, dicha proposición planteaba la eliminación de 16 artículos, que según expuso María José Pizarro en su página web, son: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros. 

 

Para la misma congresista “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, que pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes

 

De la misma manera, el senador Gustavo Bolívar, manifestó que el PL, legítima el asesinato de jóvenes protestantes, pone por encima de los derechos de los ciudadanos, los derechos de la Fuerza Publica, judicializa de maneras desproporcionadas (de hasta 32 años de prisión a quien realice daño de un bien público) pretende introducir el aumento de penas para delitos contra los miembros de la fuerza pública, además de penalizar la obstrucción de vías públicas y considerar como agravante que se usen mascaras para ocultar la identidad.

 

En la misma línea, y con los mismos argumentos, David Racero y Juanita Goebertus, consideran al proyecto inconstitucional y anunciaron que van a demandar, y adelantar las acciones jurídicas necesarias para que se caiga en la revisión constitucional.

 

En cambio, para el ministro de Defensa, Diego Molano, la intencionalidad de la ley es proteger a los ciudadanos, víctimas, de los hurtos y el vandalismo.

 

El funcionario aseveró que uno de los beneficios de la ley es la protección de los CAI (Centro de Atención Inmediata), objeto de ataques y vandalismo durante las anteriores revueltas: “se permite que no se pueda volver a atacar o destruir un CAI”.

 

Asimismo, el representante a la Cámara y coordinador ponente, Juan Manuel Daza, aseguró que no se está buscando un populismo punitivo sino un mecanismo de defensa legítima para los ciudadanos.

 

”Quedan notificados los bandidos: el que se meta a una casa o a un negocio a robar, aquí ya tenemos las facultades y las herramientas para defendernos. Yo no pienso tanto en el bandido, yo pienso en el que está en la calle y el otro llega a asesinar o a robar”, dijo.

 

Sin embargo, al proyecto de ley aún le resta un debate en plenaria del Senado antes de pasar a sanción presidencial.