‘Amenaza a la libertad de prensa’ se aprueba en el Congreso artículo que censura a periodistas que denuncien actos de corrupción

El pasado 6 de diciembre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 73 votos y en cuarto debate, el polémico artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción que dispone la posibilidad de sancionar a quienes injurien o calumnien a funcionarios, e incluso, ex funcionarios públicos.

El artículo señala lo siguiente: «Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”

Ante la aprobación, diferentes sectores han manifestado su inconformidad y oposición, haciendo un énfasis importante de la amenaza al ejercicio contra poder que debe hacer la prensa en Colombia, pues el principal efecto que puede tener esta norma es que los periodistas o personas que hacen constantemente denuncias contra los funcionarios públicos se autocensuren para evitar estas represalias, así lo advirtieron organizaciones como la Fundación para la libertad de prensa.

Esta misma organización expresó, a partir de un comunicado, que se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos.

Además indicó: “En el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística como la presunción de buena fe y la rectificación.”

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, manifestó : “Llama la atención que este artículo haya sido incluido en el marco de una ley Anticorrupción, que debería estar orientada al establecimiento de medidas que incrementen el control ciudadano sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios. Por lo contrario, lo que se aprueba es una medida que se convierte en un desincentivo a la participación ciudadana y el control efectivo del poder político”

El artículo, que ya pasó todos los debates en el congreso, debe pasar un filtro adicional en un último pasado llamado conciliación entre la cámara y el senado, en caso de pasar dicho filtro, debe ser sancionado o no por el presidente Ivan Duque