La tragedia en medio del mar de siete colores

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz.

Tras el devastador paso del huracán Iota el 16 de noviembre de 2020 que pasó por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina causando efectos devastadores, el reclamo del pueblo raizal por la reconstrucción inmediata de sus viviendas y demás infraestructura en las que se soporta el bienestar social,  se ha ahogado en los oídos sordos del gobierno nacional y en el racismo estructural que sustenta las relaciones del Estado colombiano con sus territorios.

Ha pasado un año desde aquel trágico día en que todo el país sintió como propio el dolor de nuestros hermanos y hermanas raizales, viendo las imágenes de la gran destrucción causada por el huracán. El archipiélago no cuenta con una infraestructura resistente a las condiciones medioambientales propias de una región insular y por las que no se habían visto mayormente afectado, pero con el cambio climático seguramente será más frecuente, además de haber quedado demostrado que tampoco se cuenta con una gestión de riesgo adecuada y coordinada desde el gobierno nacional.

A pesar de que en ese entonces el presidente Duque dijo que en 100 días o menos, reconstruiría Providencia, que sufrió daños hasta en un 98%, haciendo imposible que la vida continúe de forma normal, hoy muchos raizales siguen viviendo en carpas. Pero esta no es la primera vez que el Estado colombiano le falla al archipiélago: a lo largo de su historia los diferentes gobiernos de este país no han hecho otra cosa que incumplir sus obligaciones constitucionales con las islas, perpetuando un olvido selectivo contra un territorio cuyos ingresos dependen principalmente de las transferencias de la nación y del turismo.

Los problemas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son anteriores al huracán, es por esto justamente que sus afectaciones fueron mayores: un sistema de salud deficiente, un hospital sin infraestructura, sin suficiente planta médica y con salarios precarios, ni centros médicos adecuados, falta de agua potable, ausencia de  servicio de alcantarillado y un transporte fluvial deficiente, provocaron que con el paso del huracán no tuvieran como responder a la emergencia, lo que desembocó en la crisis humanitaria que persiste hasta hoy y que ha traído también amenazas y persecución contra líderes territoriales.

Según la encuesta nacional de hábitat población y vivienda de 2018 del DANE solo el 21.9% de la población en la cabecera del archipiélago cuenta con servicio de alcantarillado, mientras que en los centros poblados alcanza solo al 2.3% y en zonas rurales al 1.6%. Estos mismos índices que confirman la precariedad en la que vive la población del archipiélago se ven con relación al agua potable; este servicio solo cubre al 25.1% de la población de la cabecera, mientras que en zonas rurales es del 14.9%.

La pobreza y la desigualdad social en las islas se hace evidente entre aquellos que son dueños de empresas, -la mayoría de ellos no nativos-, aquellos que tienen emprendimientos autóctonos y aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo para vender; basta hablar un rato con un raizal, para que te den un panorama general sobre la profunda desigualdad y la crisis humanitaria que durante décadas ha vivido el archipiélago y la percepción de abandono que tienen del Estado central.

Lo cierto es que los meses han pasado y la reconstrucción se va convirtiendo en más promesas incumplidas, que temo terminarán convirtiéndose en un eslogan de campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2022. Las explicaciones del gobierno sobre los retrasos en la reconstrucción se contradicen con sus visitas a la isla que parecen un mal chiste cargado de cinismo con el pueblo isleño.

Como agravante, recientemente líderes raizales denunciaron que han recibido amenazas debido a la veeduría que realizan sobre la reconstrucción de las islas, ya que han evidenciado irregularidades en el proceso, además de oponerse a la construcción de una base de guardacostas, cuando esta no es la prioridad del archipiélago que busca recuperarse de los daños causados por el huracán.

Como es el caso de los territorios apartados de Colombia, en lo que ahora llaman la «Colombia profunda», la presencia del Estado sólo es verificable a través de las instituciones castrenses que diligentemente custodian los mares y el comportamiento ciudadano en las calles de San Andrés. Esto también coincide con algo en lo que he sido y seré reiterativa: la Colombia rural, la de la periferia, es también la de los negros, los indígenas, los pobres, una Colombia racializada, que las clases dominantes ven como un paraíso tropical ausente de sus comunidades, donde la cara social del Estado no ha llegado.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es más que playas y mares hermosos, es su gente negra y raizal, su lengua creole nativa, su música autóctona que va desde el jalisco hasta el reggae de influencia jamaiquina, sus dreadlocks  y su rica gastronomía; también es su sistema de pensamiento, la riqueza en investigación oceánica que pueden generar para este país, el desarrollo económico propio a partir de un turismo autosustentable y sostenible, que se puede potenciar con el  correcto acompañamiento del Estado.

Colombia tiene una deuda histórica con el archipiélago, que tiene raíces profundas en el racismo estructural que pervive en lo más profundo de la formación del Estado Colombiano. Es urgente que el Estado cumpla con las funciones que le han sido mandatadas constitucionalmente, y garantice el bienestar económico, social y cultural al pueblo raizal, sino, será el principal causante de que un día se canse de Colombia y termine dándole la espalda a un país que nunca lo ha mirado a los ojos.