El negociazo del POT

Por: Heidy Sánchez Barreto

Se discute en el Concejo de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual regirá a la ciudad durante los próximos 14 años y que debe entenderse como parte de un paquete que incluye también la reforma constitucional que crea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la modificación al Estatuto de Bogotá, las cuales fueron impulsadas a través de una alianza en el Congreso entre el Partido Alianza Verde y Cambio Radical.

Así, este POT completa todo un modelo de ciudad diseñado en función del lucro privado en toda Bogotá y la Sabana, y frente al cual se chantajea a las concejalas y concejales para aprobarlo con temas como la protección a la Estructura Ecológica Principal (EEP), el Sistema Distrital del Cuidado o que, de no aprobarse, se estarían perpetuando las disposiciones del POT vigente, impulsado en últimas por el exalcalde Enrique Peñalosa. No obstante, lo cierto es que este proyecto de POT niega el derecho a la ciudad y opera en clave del negocio.

A propósito, la administración define el “derecho a la ciudad” en el POT (artículo 4) supuestamente como uno de los principios rectores del Plan, entendiéndolo como un “derecho individual y colectivo para el disfrute de una vida urbana y rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos”. Esto no solo es una definición notoriamente vaga, sino que además deja escapar un elemento crucial de la discusión: para nuestro partido, el derecho a la ciudad tiene una conexión sustancialmente directa con la democracia.

Entendemos este derecho, siguiendo la construcción teórica de Henri Lefebvre y David Harvey, como la posibilidad de que todas las personas -la ciudadanía en su conjunto- tengan un poder configurador decisorio en el proceso de urbanización. Es decir, que sea el pueblo quien decida cómo, dónde, en qué lugar, de qué manera y en función de qué intereses se construye la ciudad; posibilidad que, como hemos denunciado, ha sido negada para la formulación de este POT, que no trascendió de ejercicios de socialización, pues la verdadera concertación fue con los poderosos gremios económicos de la ciudad. En otras palabras, actualmente el derecho a la ciudad está reservado para un pequeño grupo de tecnócratas aliados con los dueños de los más importantes negocios de la ciudad, que gravitan alrededor de la especulación inmobiliaria con el sector de la construcción, el sector financiero y los negociantes del transporte público que son el verdadero poder detrás del poder.

El problema de la vivienda: un POT que expulsa a las personas más pobres

Acá es donde empezamos a tener profundas diferencias con la propuesta de la administración. En la parte de los principios y las aspiraciones podemos estar de acuerdo o consensuar más fácil, pero en cómo la norma urbana concreta esas aspiraciones que deben beneficiar al común de la población, es donde está el debate pues no encontramos coherencia.

Según el DANE, la ciudad demandará 1.067.525 unidades de vivienda a 2035. El Distrito dice que con la norma que se apruebe se habilita para cubrir dicha demanda con suficiencia: 1.594.389 viviendas potenciales. Sin embargo, cuando se cruza lo que la norma habilita con el comportamiento del mercado, la administración dice que se van a realizar 589.182 viviendas en la vigencia del POT. Sin embargo, es menester señalar que el 75% de los hogares en la ciudad ganan igual o menos de 4 SMMLV, los cuales demandan Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), lo que es un problema pues el mercado solo va a cubrir la demanda solvente; nadie en el mercado formal construye vivienda por caridad.

En promedio, anualmente se inician 32.805 viviendas, este es el comportamiento del mercado, en consecuencia, a 2035 se tendrá un total de 459.270 viviendas. Lo anterior da como resultado a 2035, según el comportamiento promedio del mercado, un total de 280.155 No VIS (61%), 110.225 VIS (24%) y 68.890 VIP (15%). Sumadas VIS y VIP (incluyendo el déficit actual) dan una demanda total de 777.024 (72.8% de la necesidad total), pero bajo la producción real se contará con 179.115 (39%), que lo más probable es que se produzcan en las áreas periféricas en tratamientos de Desarrollo y Mejoramiento Integral.

¿Qué pasará entonces con ese faltante de 597.909 unidades de vivienda social? Lo más probable es que este contexto incentive la migración de la demanda a la región expulsando a los habitantes pobres de la ciudad, estimule la ocupación ilegal de la EEP y del suelo de protección, o impulse la densificación de la ciudad de origen informal bajo sus formas y posibilidades, lo que seguramente profundizará la desigualdad y segregación socioespacial bajo la cual se ha configurado Bogotá.

De esta forma, se puede ver cómo desde el POT se sigue pensando la ciudad a través de la oferta de vivienda que recoge a la demanda solvente, pues una persona pobre en Bogotá no va a conseguir con suficiencia en el mercado formal la posibilidad de acceder a vivienda. La ciudad se piensa para los estratos 4, 5 y 6, que son los que se pueden endeudar con un banco para eso. Mientras tanto, la informalidad que se produce redunda en afectación a la EEP, pues es allí donde probablemente el mercado informal y la misma gente va a buscar solucionar su derecho al hábitat. En ese sentido, es igual de perjudicial proponer un modelo de ciudad expansivo como lo hizo Peñalosa, a un modelo que opte por densificar de manera elitista la ciudad; al final, ambos actúan en contravía del patrimonio natural y de la EEP.

Un POT para demoler la ciudad en beneficio del sector inmobiliario

En este POT hay una apuesta por la densificación de la ciudad, es decir, no se va a expandir, sino que va a crecer hacia arriba y para ello prioriza tratamientos en la ciudad construida como el de Renovación Urbana que obligatoriamente demuele lo existente para parar lo nuevo más alto, amenazando con el desplazamiento del habitante histórico. Aquí hay que decir que, a pesar de que se haya definido una política de “protección a moradores”, cuando la iniciativa y el control lo hacen el privado y el mercado, los derechos de los habitantes pasan a segundo plano, primando el lucro y el negocio.

Consecuente con esto, este POT estimula la compra de predios para demoler y parar altos edificios, pues entre más grande sea el área del lote, mayor es el Índice de Construcción (IC) por el que se puede multiplicar para conseguir como resultado un mayor área total a construir, eso sí, restando las obligaciones correspondientes.

Por ejemplo, si se tiene un predio de 9.000 m² que englobe una esquina de manzana, restando las cargas correspondientes, se permite un IC de 6.0. En este caso, el constructor puede llegar a edificar 1.080 apartamentos de 36 m² a través de varias torres altísimas. Todo esto, aprobado por curaduría urbana por medio de licencia urbanística, pues este tipo de proyectos según el POT no demandan Plan Parcial. Es decir, los privados desarrollan la ciudad bajo la vigilancia de otro privado que aprueba la licencia urbanística, y el Estado y la participación ciudadana pasan a segundo plano en la construcción de la ciudad.

Resulta altamente rentable para las constructoras pues las obligaciones son lo mínimo que tienen que cumplir para que su negocio funcione. Nadie compra una vivienda sin vías de acceso o servicios públicos. Sin embargo, otro de los mecanismos a través de los que se materializa el reparto equitativo de cargas y beneficios es la participación en plusvalía, que es el derecho de las entidades públicas a participar de los beneficios generados por las actuaciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento. Derecho que, por supuesto no aparece en esta propuesta de POT, negando al Estado la posibilidad de recuperar estas otras rentas para fortalecer su inversión pública, en absoluto beneficio de las constructoras y su negocio.

El ejemplo más crítico se da cuando, bajo ciertas condiciones, se permite el paso de tratamiento urbanístico de Consolidación a Renovación Urbana. Dicho cambio de tratamiento evidentemente permite un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, sin embargo, no se incluye la participación en plusvalía. En general, esto se ha argumentado bajo la excusa de que el POT ya incluye “cargas muy altas”, lo cual es falso. En las modelaciones que hace la misma Alcaldía, por lo menos en Renovación Urbana, las cargas ocupan en promedio el 4% de lo que recoge en ventas los proyectos, obteniéndose como utilidad resultante hasta el doble de la utilidad estimada en promedio en el 10%. Es decir, sin dejar de ser el negocio altamente rentable, aún se puede obtener un mejor reparto de cargas y beneficios a través de la participación en plusvalía, pero este tema se desechó por completo, lo que vuelve antidemocrática la edificación de la ciudad y favorece a unos pocos.

Actuaciones estratégicas en función de un Metro sin Futuro

El POT prevé 25 actuaciones estratégicas las cuales son definidas por este como “intervenciones urbanas integrales en ámbitos espaciales determinados donde confluyen proyectos o estrategias de intervención, para concretar el modelo de ocupación territorial”, pero si rastreamos cada una de estas en la cartografía oficial y en la “Guía para la formulación de actuaciones estratégicas” lo que encontramos es que, en realidad, son apuestas de renovación urbana junto a lo que se denominan áreas de integración modal, es decir, alrededor de los puntos de interconexión de los sistemas de transporte masivo y los denominados clusters de economía naranja. Esto último, por demás, nos deja ver hacia dónde se pretende seguir orientando la economía de la ciudad, habiendo desplazado la industria (que genera empleos estables) a los municipios aledaños, no queda más que la industria de la construcción y el sector servicios como los grandes jalonadores de la productividad capitalina.

Pero lo que es más alarmante es lo que no está, tal como se ha argumentado, y se puede verificar en la cartografía, las actuaciones estratégicas están fundamentalmente estructuradas alrededor de las líneas de metro y las áreas de integración modal, sin embargo, ninguna norma en este POT condiciona la ejecución de estas intervenciones a la existencia o al menos certeza de inicio de obras de estos sistemas de transporte. Las líneas de metro son imaginarias, pero la renovación urbana, y por la tanto, la especulación inmobiliaria que le acompaña, sí se hace realidad al día siguiente de la expedición del POT, o por lo menos es así para las 6 actuaciones estratégicas priorizadas.

En definitiva, son alarmantes las consecuencias que tendrá este POT. Por nuestra parte, nos hemos venido reuniendo con varias de las comunidades afectadas, entre ellas la del sector de la rumba en torno a sus angustias por la implacable aplicación de requisitos de funcionamiento sin mayores apoyos económicos y concertación del Distrito, de ellos también llevamos su voz porque son el empleo del barrio, del pequeño comercio tan asediado en este POT. Asimismo, escuchamos a comunidades como las de Barrios Unidos, preocupadas porque el 50% de su localidad será de Renovación Urbana sin que haya los soportes necesarios, pues la 3ª, 4ª y 5 ª líneas del metro no serán construidas en el periodo de este Plan. Igualmente, nos reunimos con personas dedicadas al trabajo sexual preocupadas por una norma diseñada para expulsarlas de los lugares en donde pueden ejercer su trabajo con condiciones de seguridad.

En fin, no solo las comunidades están muy preocupadas por la falta de concertación de este Plan, sino que tienen toda la razón, en la medida en que este es un POT pensado en función del lucro privado, lo que es todo lo opuesto al derecho a la ciudad. Aquí no hay una creación y definición colectiva de la construcción de Bogotá, sino una definición privada a la que tendrán que adaptarse millones de personas a las que no se les consultó pero que sí se verán afectadas por el modelo de ciudad que se está aprobando.

 

 

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