La propuesta de POT no sólo no interpreta la realidad de la ciudad, sino que reproduce sus problemas estructurales

Por Ati Quigua, concejal de Bogotá.

Para la actual discusión en la Comisión Primera del Plan, podemos remontarnos a tiempos de la colonia y analizar cómo hoy el instrumento de Ordenamiento Territorial persiste como una herramienta intrusa e impuesta a la ciudad, que promueve la segregación, estimula la densificación, desconoce el potencial de la Hidrópolis y nos aleja del Buen Vivir.

El sistema colonizador adoptado por los españoles en América fue imponer la ciudad esencialmente como un dispositivo de control territorial y social, para ejercer vigilancia militar, control social y castigo (incluyendo ejecuciones públicas), facilitar la concentración y explotación de mano de obra, y el almacenaje de recursos naturales. Todo ello a favor de los intereses de dominación y enriquecimiento de España.

Así, se modificó la pauta original de los asentamientos americanos (dispersos y circulares) por asentamientos densamente poblados estructurados en el Damero (patrón universal de suma de manzanas) que facilitó un máximo control visual desde las esquinas para el adoctrinamiento y sometimiento de la población indígena.

Estas ciudades, ubicadas en la periferia o pueblos-satélites, concentraban la población local en “Repúblicas de Indios” y estaban separadas de las “Repúblicas de Españoles”, en una concepción dual de mundo social. Los habitantes, por lo tanto, se relacionaban en el marco de una detallada normatividad que restringía el relacionamiento y las mezclas sociales.

El Ordenamiento Territorial (Ley 388 / 1997), cuyo referente es la legislación española, hoy continúa reproduciendo en Bogotá una fuerte segregación centro – periferia que se marca con la distribución social por estratos y resalta la diferencia entre norte – sur, y con ella la injusticia espacial en perjuicio del sur y la periferia con respecto al paisaje urbano, la calidad de vida y la densidad (aspecto clave que puede mitigar o exacerbar la pandemia por Covid-19).

Esta discriminación endémica se reproduce en modelos como el “Conjunto Cerrado” y el “Centro Comercial” que, diseñados para la exclusividad y para negar la interacción con el entorno paisajístico y social, generan una ocupación territorial tendiente a privatizar los espacios públicos, más aun cuando el capital privado del mercado inmobiliario cada día tiene menos compromisos para dejar en la ciudad espacios propicios para el encuentro social de Todos, de la diversidad urbana.

Los Planes Parciales, las Actuaciones Estratégicas y el resto de figuras de planeación que orientan la ocupación del territorio, promueven la renovación de la ciudad a favor de la construcción de conjuntos cerrados y centros comerciales como el paquete urbanístico más rentable de ocupación territorial en el Distrito.

La propuesta de POT de Claudia López prioriza al mercado inmobiliario y a la infraestructura, destinándole el 87% del presupuesto. El 13% restante de los recursos deberán repartirse en las otras tres estructuras: Integradora de Patrimonios, Ecológica Principal y Socioeconómica, Creativa y de Innovación.

Una estrategia de la requerida regionalización, verdaderamente integral al sistema de movilidad propuesto (Regiotram, la red regional de metros, los centros de intercambio modal, los corredores de integración regional, la perimetral del sur) debería incluir una desconcentración de Bogotá, que actualmente ofrece el 88% del empleo de la región.

Es previsible que estas inversiones, sin modelo urbano, que propone el POT, aumenten exponencialmente los conflictos territoriales en la ciudad y la región; además, impulsarán la especulación en precios del suelo y generarán cambios de uso y transformación del paisaje que no están planeados en el POT.

Haciendo una analogía entre los sistemas de la ciudad y los sistemas del cuerpo humano, como sistemas orgánicos y complementarios (según lo proponía Le Corbusier, referente mundial del urbanismo), entendemos cómo este POT da prioridad al sistema circulatorio (sistema de movilidad) sobre los otros sistemas (respiratorio, óseo o digestivo) y produce un organismo incompleto, orgánicamente inviable, que se ve impulsado al suicidio.

Otra problemática importante de este POT es que contempla el agua como una infraestructura más (sistemas generales de servicios públicos) y como una apropiación paisajística e inmobiliaria heredada de Peñalosa, que la reduce a cuerpos de agua de superficie. Esto no sólo se opone a la apropiación ecológica, de base comunitaria y cultural, sino que resulta más costosa para la ciudad, en términos de recursos e impactos sobre el cambio climático.

Entretanto, el problema del Río Bogotá no se resuelve con una clasificación del suelo de ronda, ni con la creación de las PTAR, sino con un modelo de gobernanza a escala regional, dimensión que debería ser estructural del Saneamiento del Río Bogotá (Art. 183). No hay un patrimonio más importante en la ciudad y su región que las huellas de la hidráulica ancestral (en progresiva desaparición por la presión inmobiliaria).

El sistema de camellones Muiscas debería ser la marca de la ciudad, el patrimonio y la identidad que determine las ventajas comparativas de Bogotá en el mundo global. En ese sentido, el Río Bogotá no sólo debe ser el eje del ordenamiento territorial, sino el principal eje patrimonial de la ciudad y su región. Nuestra propuesta es inaugurar en el POT la categoría “Patrimonio Biocultural” para asignarle justamente ese valor y dignidad a nuestro Río.

La ciudad propuesta por la Alcaldesa es una ciudad distante del Buen Vivir y lejana al reverdecer que promete su propio eslogan, no vislumbra un modelo de ciudad concertado con la ciudadanía, disuelve el sentido de lo público y desatiende la necesidad de descolonizar nuestra realidad. Entonces ¿Para qué ciudad está diseñado este POT? ¿Para qué un POT?

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