¿Cruce de favores en el Ministerio de Vivienda? Polémica por posible nombramiento de funcionario que habría entregado una licencia ambiental a la familia del ministro Jonathan Malagón.

Jorge Enrique Cardoso habría entregado una licencia ambiental a la familia política del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

Se encienden las alarmas por quien se convertirá en el nuevo comisionado de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

Tras la salida del actual comisionado, Fernando Vargas, uno de los nombres que más suena para su reemplazo es el de Jorge Enrique Cardoso, quien desde julio del 2020 se convirtió en el jefe jurídico de la CRA. Sin embargo, su posible designación ha sido blanco de cuestionamientos por presuntamente hacerle favores al ministro Malagón.

Según varias denuncias publicadas por el portal periodístico tolimense El Olfato, en octubre de 2019, cuando Cardoso se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), le habría aprobado una licencia ambiental al proyecto ‘Hidrototare’, cuyos directivos son Daniel Iván Benítez Mallarino y Nataly Benítez, suegro y esposa del minVivienda.

Tomado de El Olfato

 

Tomado de El Olfato

Frente a un supuesto caso de clientelismo, el medio citado consultó a Cardoso si su designación como jefe jurídico en el CRA estaba relacionada con la aprobación de dicha licencia. Sin embargo, el funcionario negó que su vinculación tuviera algo que ver con la aprobación que le entregó al proyecto hidroeléctrico de la familia de Malagón.

Además, su posible ascenso ha recibido una serie de cuestionamientos debido a que para ocupar el cargo se debe tener amplio conocimiento, experiencia y experticia, no general, sino específica en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Aunque la hoja de vida de Cardoso indica que tiene experiencia en temas ambientales y para ocuparse como jefe jurídico, no posee los conocimientos en la regulación de los servicios públicos.

Adicionalmente, su candidatura como comisionado estaría desconociendo Ley de Cuotas, la cual aboga por la equidad en la distribución de los géneros en los cargos directivos en el Gobierno. Con la salida de Vargas, en la entidad quedarían tres comisionados hombres, además, de que la última vez que una mujer fue nombrada para ese cargo fue en el año 2011.

 

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