La tiranía del capital y la democracia representativa a través de la imposición de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

El San Juan de Dios es nuestro

Solo falta un paso para que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca sea una realidad, este es la aprobación de la Ley Orgánica que será debatida próximamente en el Congreso de la República y que fue radicada el pasado mes de agosto ante la Cámara de Representantes por una alianza entre Cambio Radical y el Partido Verde, en compañía de la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el gobernador de Cundinamarca Nicolás García. En dicha Ley se precisarán los lineamientos para el funcionamiento de esta nueva figura de asociatividad territorial.

Haciendo el análisis de dicho Proyecto de Ley, es evidente que continúa la línea antidemocrática y burocrática mediante la que se reformó el Artículo 325 de la Constitución a través del Acto Legislativo 02 de 2020, con vicios de procedimiento y vulnerando mecanismos de participación ciudadana y la consulta previa. Aquí terminan de materializarse los intereses del gran capital, representado por grandes empresarios asociados con el transporte, la construcción y, por supuesto, la especulación con el suelo.

En primer lugar, hay que señalar que en el Proyecto de Ley Orgánica se estipula la creación de un Consejo Regional a la cabeza de la Región Metropolitana, el cual será su máximo órgano de definición, convirtiéndose en un nuevo ente administrativo, más que de gobierno, pues no será electo por vía popular. Asimismo, se señala que la Región Metropolitana entrará en funcionamiento solamente con el visto bueno de la Asamblea de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá. Mientras tanto, la asociación de un municipio de Cundinamarca a través de su alcalde dependerá de la voluntad de los gobernantes, siendo aprobada por su respectivo concejo, bajo el formalismo de celebrar un cabildo abierto para aparentar que existe participación ciudadana, pero sin ningún tipo de incidencia, en la medida en que las conclusiones de este mecanismo no son vinculantes.

También vale la pena destacar que a través de este nuevo ente administrativo se fragua una profunda concentración del poder de decisión, lo que consolida una especie de tiranía de las formas de democracia representativa. En consecuencia, todas las definiciones que tome el Consejo, incluido el director de la Región Metropolitana, los gastos y las inversiones, en últimas, si no hay consenso, tendrán que contar con el visto bueno de la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca; sumado a que se incluye un delegado de la Nación con voz y voto. Esto, además de configurarse como profundamente antidemocrático, rompe con los principios de descentralización y autonomía territorial (para lo que además fueron proyectados por ley los Esquemas Asociativos Territoriales) centralizando nuevamente el desenvolvimiento regional.

Igualmente, el Consejo Regional tendrá la capacidad de definir Hechos o Áreas Temáticas, que hacen referencia a las necesidades que va a abordar la Región Metropolitana, como por ejemplo la movilidad o la vivienda, al igual que los Ámbitos Geográficos que delimitan los municipios que conforman determinado Hecho. Del mismo modo, tendrá la capacidad de crear entes administrativos y de autoridad regional como es el caso de las agencias, por lo que el Proyecto de Ley de entrada prevé la conformación de dos: la Agencia Regional de Movilidad y la Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización.

Asimismo, será el Consejo Regional el encargado de convocar al órgano de participación ciudadana denominado “Ágora Metropolitana”, que es un espacio de simple carácter consultivo e informativo, del cual además definirá su reglamento, convocados y la metodología de sus encuentros. Sumado, el Consejo tendrá la potestad de aprobar el “Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional”, el cual se convierte en una norma de superior jerarquía, sin procedimientos claros de participación ciudadana incidente.

Como se ve, este máximo órgano de definición se proyecta en esencia desde la antidemocracia, pues la participación de las comunidades es simplificada, quedando en socialización sin incidencia real. Por la misma vía, soslayando aún más el principio democrático, se establece que para presentar iniciativas ciudadanas al Consejo Regional es necesario que cumplan con reunir por lo menos el 5% del censo electoral, el cual fue considerado inconveniente y por eso se impulsó la reforma al Artículo 325 de la Constitución. Sin embargo, al momento de reglamentar la participación ciudadana dentro de este Proyecto de Ley Orgánica sí es un requisito el censo electoral.

Como si fuera poco, el Consejo tendrá un control político limitado, pues se reduce simplemente a una comisión conformada por tres diputados, cinco concejales de Bogotá y un delegado de cada concejo municipal, quitándole alcance a la asamblea y los concejos municipales y distrital. Además, es fundamental precisar que se desconoce el método y criterio en que serán elegidos los representantes de dicha comisión, la cual solo podrá realizarle control al director de la Región Metropolitana y a los directores y gerentes de las agencias.

Por otro lado, y con relación a los Principios, no hay en la propuesta de Ley un enfoque de garantía de derechos, superación de pobreza y segregación socioespacial. La Pluralidad (lo étnico, que además no incluye al campesinado) no se vuelve a tocar en el Proyecto y además no se tuvo en cuenta en la aprobación del Acto Legislativo que reformó la Constitución y permitió la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Igualmente, queda el interrogante en torno al papel central que debe tener la Estructura Ecológica Regional (EER), pues no aparece en los Hechos a los que hace mención el Proyecto de Ley. Como también queda en evidencia que no hay valor agregado a las posibilidades de actuación asociativa territorial en función del tema ambiental, en la medida en que lo que se proyecta se puede hacer perfectamente sin la conformación de la Región Metropolitana. Consecuentemente, prohíbe a la Región Metropolitana crear autoridades ambientales en su jurisdicción, dando continuidad a la posible corrupción y la inoperancia de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para hacer vigilancia y control (demostrado esto en las auditorías hechas por la Contraloría en los últimos años), lo que a todas luces avizora total impunidad (con mayor legitimidad) en el fenómeno de volteo de tierras que finalmente dará al traste con la Sabana.

A contrapeso, el ordenamiento territorial que proyecta hacer se pone casi que en función exclusiva de la producción de vivienda, pero en temas de riesgo se proyecta la simple realización de estudios. Del mismo modo, siguiendo con los beneficios al capital, se refleja la pretensión de escalar el modelo deficitario financieramente de operación privada de la movilidad de Bogotá, dándole una dimensión regional que proyecta implícitamente un correspondiente Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para mantenerlo. Ligado a esto, se establece una mayor carga tributaria para los pobladores de la Región Metropolitana, así como la captación de plusvalías y valorización por obras, con tal de pagar los futuros déficits tarifarios del sistema de transporte público masivo en beneficio de los negociantes privados del sector, así como el desenvolvimiento de la entidad asociativa regional en general.

Finalmente, y como si fuera poco, el Proyecto de Ley Orgánica trae consigo un “Mico” y es que se propone una modificación al consejo directivo de la CAR reduciendo la participación de la sociedad civil, cuando este tiene otro objetivo, que es establecer la Región Metropolitana.

Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, bienvenidas las formas de asociatividad y una entidad cuyas decisiones sean de mayor jerarquía en Bogotá – Cundinamarca, pero contando con la voluntad popular y donde el interés ambiental del conjunto de la ciudadanía quede por encima de los intereses privados de los grandes negociantes. Al igual que con la reforma al Artículo 325 de la Constitución, este Proyecto de Ley va en contravía de la democracia plena que debe sustentarse en la participación incidente, en la autonomía territorial y en la garantía de derechos al conjunto de habitantes por encima del lucro de unos pocos. Ante la ausencia de estos elementos, nuestra posición seguirá siendo de rechazo y oposición al Acto Legislativo y a la Ley Orgánica que dan creación y desarrollo a la Región Metropolitana.

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.