Consejos Locales de Vendedores: más que un voto en juego

Por: Heidy Sánchez Barreto

Bogotá se alista para desarrollar las elecciones a los Consejos Locales de Vendedores y Vendedoras Informales, siendo este el espacio democrático más importante para el sector y que por primera vez en la historia será paritario, pues de 7 consejeros y consejeras a elegir por cada localidad, mínimo 4 serán mujeres. Este escenario debe ser fundamental para uno de los sectores poblacionales más afectados por la pandemia, la crisis económica y las políticas policivas y restrictivas del uso económico del espacio público, que se ha acompañado de un desinterés histórico por parte del Estado para fortalecer la Economía Popular.

No obstante, desde nuestra perspectiva el ejercicio de la democracia no se resume al voto, por consiguiente, expondremos algunos elementos que restringen, limitan y asfixian el ejercicio participativo y la construcción desde y para el gremio de vendedores y vendedoras.

En primer lugar, vale la pena señalar que el decreto 092 de 2021 emitido por la Alcaldía Mayor, que da origen a estas elecciones, no fue un ejercicio construido y concertado desde las diferentes visiones que presenta el sector. Si bien se publicó en los medios digitales institucionales, más del 70% de los aportes que se realizaron no fueron tenidos en cuenta por parte de la institucionalidad, lo que ha generado inconformidad y pérdida de credibilidad en el proceso.

Del mismo modo, se ha evidenciado una asfixia en la participación contenida en dicho decreto (art. 12), ya que delimita el ejercicio democrático para el sector a estar contenidos en al menos uno de los dos registros que se tienen para ser identificado y caracterizado como vendedor, que son la Herramienta Misional (HEMI) o el Registro Individual de vendedores informales (RIVI). El inconveniente se presenta aquí dada la inoperatividad institucional para inscribir vendedores y vendedoras a estas herramientas.

Un claro ejemplo de esto es que, para ser inscrito por en el RIVI, las personas deben ser certificadas primero por la Alcaldía Local como vendedores o vendedoras informales, para que una vez realizado este reconocimiento se le notifique al IPES y que este pueda realizar la caracterización en el respectivo puesto de trabajo. Dicho proceso suele tardar más de un año en realizarse. Asimismo, la ficha HEMI es realizada directamente por el IPES, pero “depende” de la planeación de recorridos institucionales, que en muchos casos se reducen únicamente a los registros enviados desde las Alcaldías Locales, convirtiéndose en un “viacrucis” el llegar a ser reconocido por la institucionalidad.

Esta asfixia es preocupante, ya que la relación entre la base de datos de RIVI o HEMI que posee el IPES con relación a los cerca de 9.400 inscritos a corte de 9 de agosto de 2021, denotan que menos del 15% de las personas reconocidas como vendedores y vendedoras podrán participar en el proceso democrático, lo que generaría un manto de duda frente a la amplitud del proceso.

Igualmente, otra de las limitaciones que tiene el sector es la brecha digital. La pandemia demostró la crisis en materia de acceso y conectividad del país, situación que no es menor en la ciudad de Bogotá y que se acrecienta cuando hablamos de la población vendedora informal. Este grupo poblacional usualmente no cuenta con acceso a internet y dispositivos como computadores, tabletas o celulares inteligentes.

Por lo tanto, bajo estos elementos, realizar las elecciones de manera virtual cohíbe la participación, no solo porque puede inducir a situaciones como fraudes electorales (que una persona se inscriba y vote a varios vendedores), sino también porque aísla el ejercicio de la participación a quien la ejerce producto de la brecha existente. Sumado a estos inconvenientes, también existe la duda sobre los tiempos de votación, pues desde el IPES se ha anunciado que las urnas virtuales estarán abiertas durante 8 días; tiempo que es considerado excesivo desde el sector informal y que genera sospecha frente al tema de vicios y fraudes electorales.

Si bien reconocemos el esfuerzo que desde entidades como el IPES, la Secretaría de la Mujer y el IDPAC se ha realizado para la socialización y divulgación del proceso, este sector se caracteriza por ser heterogéneo, disperso y con particularidades de tiempo, modo y lugar. Por tal motivo, se hace necesario un mayor esfuerzo institucional, con vinculación directa desde las Alcaldías Locales (que a la fecha ha sido nula), permitiendo superar la visión comunicativa de las redes sociales y la virtualidad.

Estos elementos anteriormente mencionados nos llevan a concluir que la administración distrital ha desperdiciado una oportunidad única de acercarse nuevamente al sector, de reparar la ausencia histórica y de recuperar la confianza en instituciones como el IPES que han sido funcionales a las políticas de restricción y persecución contra el sector en el espacio público.

Por esto, y escuchando múltiples voces desde los territorios, consideramos que para garantizar el buen desarrollo de la democracia se deben ampliar las fechas de inscripciones para poder votar y para quienes quieran ser candidatos o candidatas. La institucionalidad debe volcarse a las calles para crear espacios de inscripción, los cuales pueden ser aprovechados para fortalecer la caracterización del sector y ampliar el HEMI y RIVI e instalar puntos físicos en las localidades donde la comunidad pueda acercarse a ejercer su derecho a la participación.

Estamos convencidas que la democracia es el camino, y que esta no termina en el ejercicio del voto, sino en la capacidad de autodeterminarse e incidir de manera eficaz en las acciones del sector. “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

 

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