Iván Cepeda interpondrá queja disciplinaria contra el embajador, Juan Carlos Pinzón, por presunta participación política y estigmatizar a víctimas

CEPEDA

Este miércoles, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, contra el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, por participación en política y estigmatizar a víctimas que participarán en la elección de las 16 curules en el Congreso. 

La reacción del congresista del Polo Democrático se debe a un trino en que el embajador de Colombia ante Estados Unidos afirmó que “si las 16 curules no son para víctimas, ex secuestrados, deudos del terrorismo, militares y policías heridos etc, sino terminan en cabeza de personas afines al narcotráfico o a grupos criminales o a sectores que justifican el terrorismo sería negativo para nuestra democracia”

El documento de la queja señala que la declaración del embajador Juan Carlos Pinzón da un trato privilegiado e injustificado a un grupo de víctimas en un escenario electoral que, de antemano excluye a las víctimas de otras infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos, como ocurre con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otras.

Además, con su mensaje, Pinzón Bueno favorecería las causas políticas de unos aspirantes a cargos de elección popular y discriminaría otras expresiones ciudadanas. 

Frente a esto, Cepeda solicitará a la Procuraduría General, que investigue si las expresiones realizadas por el embajador Pinzón Bueno constituirían estigmatizaciones y difamaciones respecto de la labor de las víctimas en la defensa de los derechos humanos a nivel regional, lo que pondría en riesgo la vida de estas personas.

Cabe mencionar, que cuatro años después, y tras una batalla jurídica, la Corte Constitucional  revivió las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, cuyo propósito es darle representación política a 16 zonas del país afectadas por el conflicto armado y a las que solo podrían aspirar las víctimas de la guerra.

En la decisión de la Corte se establece que estas curules serán habilitadas por dos periodos  (2022-2026 y 2026-2030) para personas acreditas en el registro de víctimas, aclarando que los partidos tradicionales no podrán acceder a ellas.

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