La pobreza y la reforma de la inequidad

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz

Mi Guajira es una dama reclinada
Bañada por las aguas del caribe inmenso
(…) Claro tiene el gas que es una ganga
La sal de manaure y su carbón piedra
Pa los gringos su carbón de piedra”

Hernando Marín.

La semana pasada un nuevo escándalo sobre el Programa de Alimentación Escolar – PAE se dio a conocer en el Departamento de La Guajira. Al retorno presencial a las clases en las instituciones educativas Isabel María Cuesta González, sede Mauricio Lopesierra y San Juan Bautista de Cotoprix a las niñas y niños se les suministró una fruta, un buñuelo y una colada. En plena crisis del COVID y tras de la larga exigencia de maestros/as y de las familias para que se crearan las condiciones de retorno presencial seguro a las clases, los programas asistencialistas siguen acusando los mismos problemas de corrupción y de ausencia de control de los gobiernos locales y nacional.

El enfoque asistencial y focalizado de las políticas sociales de los gobiernos en Colombia y que se han exacerbado en el último año en medio de la pandemia, se prestan para este tipo de situaciones. En el fondo, la política social en Colombia tiene este doble carácter: de plata de bolsillo y bolsa electoral para el político de turno y de programas que no producen activación económica, sino que por su carácter de dádivas para quienes viven en la miseria, terminan precisamente perpetuando el círculo de la pobreza.

Mientras sigamos bajo gobiernos tradicionales no se vislumbran cambios, pues todo apunta a que se reforzará este modelo focalizado, miserable y clientelar. Así queda evidenciado cuando ante la expectativa de recuperación económica de la sociedad colombiana, la propuesta del gobierno es insistir en una reforma tributaria que no busca la redistribución. El proyecto de reforma tributaria titulado eufemísticamente “Ley de Inversión Social” se reduce a mal llamar “renta básica temporal” a una ampliación de un subsidio de ingreso solidario, una medida absolutamente insuficiente para las familias en pobreza y pobreza extrema que cada día son más.

Con estos actos del gobierno no tenemos otra expectativa diferente que la continuidad de la misma política plagada de limosnas y no de inversión, plagada de generosidad y dádivas con ciertos sectores de la economía, no con las gentes del común, con los pequeños productores, las y los campesinos o las y los desempleados.

Si este gobierno cree que los jóvenes que han visto a sus compañeros morir a manos del ESMAD considerarán subsanadas con ello las demandas del paro y de las movilizaciones sociales por renta básica y justicia social, está muy equivocado. Para salir de la crisis, es indispensable garantizar un mínimo ingreso monetario para la vida digna al que las personas tienen derecho por ser ciudadanos y ciudadanas.

Pensando en ello, presenté una propuesta de Sistema de Ingreso Vital para crear este mínimo ingreso monetario a las personas sin empleo, a las mujeres a cargo de labores de cuidado no remunerado, a personas en condición de discapacidad y a adultas/os mayores sin trabajo ni derecho a la pensión. Se trata de una política estructural que tendría profundos efectos en una verdadera activación económica del país. Como buena parte de las iniciativas que favorecen a las amplias mayorías excluidas del país, el Sistema de Ingreso Vital no tuvo la oportunidad de discutirse en la Comisión Tercera del Senado la legislatura pasada, pero insistiré en presentarla de nuevo.

No más propuestas populistas como los tres días sin IVA, cuyo fin no es aliviar el bolsillo de las y los colombianos sino activar el comercio y el uso de formas bancarizadas de crédito de consumo.

No más desangre del erario con subsidios para cubrir el déficit de los operadores de los sistemas integrados de transporte sin que se tomen medidas efectivas para que la gente pueda realmente acceder a un medio de transporte de calidad. No más el mandato sacrosanto de la regla fiscal que resulta en un muro infranqueable y en una excusa para que exista realmente inversión social en el país y el Estado no cumpla con su papel de garantizar los derechos de la gente.

No más de esto mientras en el Congreso vemos hundirse todo el tiempo proyectos de ley que buscan ampliar los derechos de la gente con el veto del Ministerio de Hacienda y la negativa de las bancadas tradicionales.

Mientras todo esto pasa en Bogotá, La Guajira y las regiones más pobres y olvidadas del país seguirán condenadas a presenciar el grosero espectáculo de corrupción con las limosnas del Estado. Políticas estructurales, pensadas por y para las amplias capas empobrecidas y precarizadas de la sociedad es lo que necesitamos.

 

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