¿Acuerdo de “rescate social y económico” para Bogotá?

¿Acuerdo de “rescate social y económico” para Bogotá?

Por: Gabriel Becerra Yañes, magister en estudios políticos e internacionales, columnista de Semanario Voz y Cuarto de Hora. 

Como lo vienen denunciando la bancada de concejalas de la CH UP MAIS, la Administración Distrital miente cuando afirma que el objetivo de este plan de rescate es social y busca mejorar las condiciones de las familias bogotanas más afectadas por la pandemia. En realidad, la mayor parte de este re-direccionamiento presupuestal (57%) irá para el Fondo de Estabilización Tarifaria de Transmilenio (FET).

En los debates que avanzan en el Concejo de Bogotá, la Alcaldía ha presionado para que se aprueben estos nuevos recursos (la mayor parte provenientes del cupo de deuda) señalando que, de no aprobarse, el sistema de Transmilenio tendrá que parar su operación en agosto. Si bien el problema del desfase tarifario es real, preocupa que la Alcaldesa Mayor Claudia López maquille este Proyecto de Acuerdo con unos objetivos que no corresponden a la realidad de la destinación de los recursos que se estipulan en el documento presentado ante esta corporación.

En el diagnóstico que se encuentra en la exposición de motivos de este Proyecto de Acuerdo, la Alcaldía Mayor identifica que la crisis económica, causada por las restricciones producto de la pandemia, generaron un profundo daño en la población bogotana, principalmente en la población más pobre y vulnerable. En consecuencia, la Administración Distrital dice, sin sonrojarse, que el objetivo principal de la modificación presupuestal del “plan de rescate social y económico” es enfatizar en educación; empleo de emergencia para jóvenes y mujeres; renta básica para las familias en pobreza extrema; atención humanitaria; nutrición y educación preescolar; educación superior, e inversión en sectores intensivos en mano de obra como la construcción de vivienda, construcción de vías, entre otros. El tema de la destinación de recursos para cumplir con la obligación decompensación de la diferencia tarifaria de Transmilenio a través delFET aparece mencionado como un asunto sin mayor importancia.

No obstante, cuando se pasa al tema de adición presupuestal por entidades, la farsa de la Alcaldía Mayor queda expuesta.

Un total de 1.150.848 millones, es decir, un 62.8% de la adición presupuestal total va para Transmilenio. Donde además, el 90.09% de esta cifra (o el 57% del total de los recursos) va destinado al Fondo de Estabilización Tarifaria. Es preciso decir que este dinero no generará empleos ni mejorará la situación económica de ningún ciudadano vulnerable o en estado de pobreza; estos dineros van destinados a la operación del sistema y no se materializan en, por ejemplo, bajar la tarifa de usuario que sí ayudaría a alivianar los gastos diarios de la ciudadanía.

Por el contrario, en áreas y programas claves para mitigar estos efectos negativos, la inversión es irrisoria. Tan solo un porcentaje del 38% aproximadamente se destinará a programas socialesestratégicos para la superación de la crisis social y económica que enfrenta la ciudad. A continuación, analizaremos algunos de estos programas y expondremos la incapacidad real que tienen para resolver los problemas que se proponen.

Iniciemos con el segundo programa, después del FET, que recibirá mayor presupuesto. Con el 16.5% del presupuesto total de este Plan de rescate, Bogotá Solidaria tendrá $302.713 millones destinados para Ingreso Mínimo Garantizado, con esto se espera beneficiar un total de 509.664 hogares que recibirán en promedio $130.000 pesos mensuales (con montos que varían entre los $37.000 y los $625.000 pesos). Si bien la administración de Claudia López piensa atender (con Ingreso Mínimo Garantizado) a la totalidad de hogares en condición de pobreza identificados en la Base Maestra del Sisbén y a un buen número de hogares vulnerables en lo que resta de 2021, hay que hacer una lectura entre líneas de esta meta.

Por un lado, los hogares identificados en la Base Maestra no corresponden a la totalidad real, pues muchos hogares se encuentran por fuera del registro y el distrito no pretende hacer mayor esfuerzo en la actualización de estos datos (por lo menos para lo que resta del 2021); esto es lamentable en la medida en que la crisis social continúa y las cifras de hogares en pobreza y vulnerabilidad aumentan día tras día. Por otro lado, el monto de ayuda es bastante precario y de poco beneficio cuando se trata de cubrir las necesidades concretas de las familias bogotanas. En una ciudad cuyos costos no bajaron significativamente en pandemia es muy difícil garantizar la vida digna de una familia (por más pequeña que sea) con $130.000 pesos mensuales.

En relación con la educación superior, uno de los reclamos de las movilizaciones y uno de los asuntos cruciales para mejorar la situación de miles de jóvenes en la capital que hoy no pueden acceder y/o mantenerse ella, el Distrito solo invertirá $17.071.066.440 millones, es decir, el 0.93% del total de los recursos que contempla el Plan de Rescate Social y Económico. Además, al igual que la estrategia del Gobierno Nacional, estos recursos estarán destinados a financiar la demanda; en otra palabras, no hay inversión para mejorar la oferta pública de educación superior (infraestructura, cupos, etc.), simplemente se deja a las IES públicas en la competencia por recursos frente a las IES privadas. Por otro lado, se invertirán $12.014.227.677 millones para certificar jóvenes en competencias para el trabajo en sectores prioritarios como las industrias de la cuarta revolución, salud y otros sectores. Con esto se pretende vincular a cerca de 5.000 jóvenes a esta estrategia, cifra que sigue siendo muy inferior a la necesaria y que además, no garantiza trabajos estables y empleos dignos para los jóvenes.

Otro sector importante es el de las MiPymes, empresas y actividades económicas que sufrieron con mayor intensidad la crisis en comparación con los grandes grupos empresariales. A través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se pretenden re-direccionar $10.450.678.000 millones para el desarrollo de habilidades financieras y herramientas digitales para este sector. Con esto se pretende alcanzar un máximo de 3.300 beneficiarios, de los cuales un 20% será destinado para jóvenes. Otros $4.234.322.000 millones serán destinados para el desarrollo económico de los emprendimientos y las MiPymes mediante la realización de eventos.

También se destinarán $16.635.000.000 millones para mejorar el empleo con énfasis en mujeres cabezas de hogar, jóvenes en primer empleo y jóvenes “NINI”. El total de estos recursos es de $31.320.000.000 millones y no soluciona los problemas inmediatos de los trabajadores informales, emprendimientos, micros, pequeñas y medianas empresas. No hay ningún recurso destinado a superar la imposibilidad de pago de arriendos, deudas financieras y nómina que son los verdaderos causantes de la bancarrota de este sector. Por el contrario, estas medidas, a excepción del mejoramiento de empleo focalizado, están diseñadas para fortalecimiento de prácticas y desarrollo de actividades en tiempos de normalidad económica, sus consecuencias prácticas son relativas a otros factores y no tienen en cuenta las dificultades estructurales que hoy enfrentan las MiPymes.

En materia de vivienda, de los $108.982.000.000 millones destinados para la Secretaría de Hábitat, $107.382.000.000 se destinarán de la siguiente manera: $91.982.000.000 millones para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá. Con este dinero se pretende beneficiar a 6.000 hogares con subsidios para adquisición de vivienda VIS y VIP, de igual forma se fortalecerá el programa de subsidio de arriendo Mi Ahorro Mi Hogar para reducir el gasto mensual en las familias vulnerables. No obstante, habrá que mirar en detalle la cuantía del subsidio y los mecanismos de crédito destinados a completar el precio total de la vivienda, de igual forma, será importante estudiar las estrategias para impedir que los créditos para vivienda VIS y VIP se conviertan en cargas insuperables para los hogares bogotanos que los adquieran.

Efectivamente, muchas veces estas cargas crediticias terminan por empobrecer más a las familias que los emplean para completar el pago de sus obligaciones. Los recursos faltantes se invertirán en la financiación de estudios y diseños para el mejoramiento integral de barrios; desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación; implementación de acciones de acupuntura urbana, entre otros, cuyo impacto en generación de empleo es mínimo y poco o nada contribuyen con la mitigación de la crisis socioeconómica generada por la pandemia.

En cultura, recreación y deporte, áreas profundamente afectadas por las medidas para contener la pandemia durante el 2020 y lo que va de 2021, el re-direccionamiento de recursos es mínimo, tan solo $3.627.000.000 millones fueron destinados para estos sectores. Aportes destinados únicamente para creadores y gestores culturales, dejando por fuera todo el conglomerado de actores que intervienen en el desarrollo de las actividades culturales, recreativas y deportivas. Aquí es importante señalar que las actividades artísticas en 2020 fueron de las más afectadas con un decrecimiento del -10.4% anual y, en 2021, la recuperación de este sector va muy lenta.

Otra entidad que canalizará importantes recursos será la Secretaria de Integración Social (SDIS). Con una cifra de $164.254.000.000 millones se pretende desde esta entidad: 1-pasar de 5.900 jóvenes a 10.000 que recibirán transferencias monetarias condicionadas; 2-pasar de atender a 71.000 niñas y niños en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral (a través de jardines infantiles diurnos, nocturnos, casas de pensamiento intercultural, espacios rurales, creciendo juntos y crecemos en la ruralidad) a 100.000 niñas y niños; 3-entrega de mercado, tarjeta monedera o bono canjeable por $160.000 pesos mensuales X 5 meses a 50.000 hogares identificados en pobreza e inseguridad alimentaria; 4-pasar de 29.723 personas atendidas en 2021 por emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente, a 64.260. Estas metas habrá que revisarlas con las planteadas en el Plan de Desarrollo Distrital, mirar que tan significativos son sus incrementos. Frente al nuevo beneficio propuesto, es decir, el relacionado con el mercado, tarjeta monedera o bono canjeable, es evidente que la suma estipulada para un mercado por hogar es muy baja y no garantizaría el objetivo de seguridad alimentaria que justifica este beneficio. Una vez más, los recursos se usan con el fin de mostrar impactos cuantitativos que no tienen respaldo real con respecto al cumplimiento de los objetivos, en este caso el de la seguridad alimentaria por hogar.

Finalmente, según anuncia la Alcaldía Mayor, para recuperar este re-direccionamiento y lograr el “rescate social” y económico que se requiere en la coyuntura actual se aumentará el “recaudo de los ingresos corrientes, a partir del año 2022, a través de un incremento de la tarifa del impuesto de industria y comercio para el sector financiero”, pasando de 11.04 por mil al 15 por mil. Esta decisión se toma teniendo en cuenta que el sector financiero fue el que mejor desempeño presentó durante la pandemia. Es importante tener en cuenta que el sector financiero buscará mecanismos para recuperarse del alza tributaria para la vigencia fiscal de 2022 y en adelante. En este sentido, cabe preguntarse por las herramientas que empleará el distrito para que estas cargas no terminen siendo asumidas por los usuarios de las entidades financieras, en especial las clases medias y bajas (clase trabajadora) que han sido fuertemente golpeadas en esta crisis.

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