Ley antivándalos: formalizando la dictadura

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz

Causa horror el anuncio que hizo el presidente Iván Duque el pasado lunes sobre la propuesta de “Ley antivandalismo y antidisturbios” que dice radicar el 20 de julio ante el Congreso.  En medio del descontento popular y de la crisis mayúscula de la pandemia, el presidente pretende legalizar de una vez por todas la criminalización de la protesta. Una respuesta de “mano dura” ante la inocultable brutalidad de la fuerza pública en contra de los y las manifestantes que deja un saldo horroroso de muertos, desaparecidos y violentados que debiera provocar la abdicación del gobierno ante la incapacidad de respetar y garantizar los Derechos Humanos del pueblo al que se debe.

El gobierno fascista se inventa una ley de barra libre para que la fuerza pública cometa todo tipo de desmanes (cosa que ya hace) al amparo de la legalidad. Otro seguro para la impunidad de los crímenes y el terrorismo de Estado que ya cuentan con la protección de la corrupción institucional.  De ser aprobado este proyecto de ley se convertiría en la formalización de la actuación del Estado colombiano en contravía del espíritu de los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito.

Nada resultaría más antagónico al compromiso asumido por el Estado colombiano en el Acuerdo Final de Paz que la pretendida “Ley antivándalos”. Esta norma sería un retroceso que consumaría la traición a la Apertura Democrática pactada en el Punto 2, avanzando en el camino de la perfidia a la paz.

Es indispensable recordar que en el Acuerdo Final de Paz se dispone la construcción y aprobación de una Ley de Participación Ciudadana y Garantías para la Movilización y la Protesta Pacífica bajo 15 principios entre los cuales son centrales el desmonte del tratamiento de orden público a la movilización y la protesta y el reconocimiento del carácter participativo, democrático e incidente de la misma. El articulado de esta ley debía discutirse, según mandata el Acuerdo, con una Comisión de Diálogo representativa de los movimientos y organizaciones sociales. Esta Comisión de Diálogo se conformó y sesionó durante el año 2017 en el marco del fast-track.

La Comisión de Diálogo surgió de un gran proceso participativo nacional y elaboró un proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Garantías para la Movilización y la Protesta Pacífica con base en las discusiones del proceso participativo. Lamentablemente no fue posible lograr un consenso entre la Comisión de Diálogo y el gobierno sobre un articulado definitivo. En este proceso se atravesaron la oposición rotunda del empresariado, la ultraderecha y la fuerza pública, contra las posibilidad de poner controles al abuso de la fuerza y de darle peso a las demandas de la gente en las calles.

¡Qué gran oportunidad perdida fue este proceso! A lo largo de estos cuatro años y en especial en los últimos dos meses de Paro Nacional, ha quedado demostrada la necesidad de esta Ley y la pertinencia de las reformas contenidas en el Acuerdo Final de Paz. El torrente democrático que hemos visto en las calles evidencia que la Apertura Democrática no sólo es deseable sino que es indispensable. Ante la sordera de las instituciones, el pasado 13 de mayo convocamos una Gran Audiencia Popular que mostró el desbordante caudal social, propositivo y transformador que ha emergido en nuestro país.

El proceso adelantado para la implementación del Punto 2.2.2. del Acuerdo Final es un acumulado del movimiento del pueblo colombiano. Vale la pena retomarlo. Propongo que convoquemos ya la Comisión de Diálogo, retomemos la propuesta de Ley de Participación Ciudadana y Garantías para la Movilización y la Protesta Pacífica elaborada en 2017 y radiquemos un proyecto verdaderamente garantista el próximo 20 de julio.

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