Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz
Como la mayoría de lo pactado en La Habana, las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz padecen el incumplimiento por parte del Estado colombiano. No me cansaré de decirlo: la perfidia es el camino por el cual el gobierno ha buscado encauzar al Acuerdo Final de Paz desde su firma el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón.
Durante cuatro años discutimos los puntos mínimos que podrían configurar una nueva realidad para encontrar el camino de la paz. Entre ellos, la apertura democrática, condición más que necesaria para lograr que cese la violencia en nuestro país y que se ha hecho más sentida con lo ocurrido durante las últimas semanas de movilización.
La apuesta política que defendíamos como delegación de paz de la insurgencia, era un proyecto comprometido con los territorios y las comunidades olvidadas por el centralismo, el racismo y la exclusión. Por ello, al iniciar las discusiones sobre apertura democrática presentamos una serie de propuestas incluida la creación de la Cámara Territorial en el Congreso de la República que diera representación y fortaleciera a las regiones y los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Como toda negociación lo pactado fue el resultado del debate y el esfuerzo por llegar a acuerdos. Acuerdos que, después de tanto trabajo, se firman y ratifican para cumplirlos. Fue así como nuestra idea de la Cámara Territorial se constituyó en un aporte que ayudó a construir, junto con la delegación del gobierno, las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (en adelante CTEP) que incorporan el carácter reparador e integral del Acuerdo.
Las CTEP son una medida de reparación territorial contemplada en el punto 2.3.6. del Acuerdo Final. Su objetivo es “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos”. En tal sentido, el Acuerdo dispone que las CTEP deben coincidir con los territorios PDET.
Coinciden con los territorios PDET bajo la comprensión de que la victimización en el conflicto tuvo una dimensión colectiva, comunitaria y territorial. Un sentido más complejo y transformador que la habitual individualización. No debemos caer en la trampa de que eran curules para las víctimas para compensar las curules de FARC. Ese es el discurso de la derecha. Son curules para el amplio universo de víctimas, para las comunidades empobrecidas, para los campesinos y campesinas, para los pueblos étnicos, para aquellos y aquellas que no han tenido voz.
El Congreso encargado de implementar el Acuerdo con el fast-track no vio con buenos ojos a las CTEP. Hicieron mil maniobras para dilatar el trámite, reformaron el texto inicial, trataron de recortarlas, hasta que lograron por obra y gracia de las cuentas, hundir el proyecto y sepultarlo por casi cinco años. Hasta el sol de hoy el gobierno Duque no ha hecho ningún esfuerzo por implementarlas.
¿A caso las voces de nuestros campesinos, mujeres, indígenas, afros, jóvenes o víctimas no merecen ser escuchadas en las mismas condiciones y con las mismas garantías que otros representes de la ciudadanía? O más bien, gran parte de los congresistas temían a que estos liderazgos resultaran más representativos y movilizadores que los emanados de la vieja tradición de hacer política con la gente pero sólo cuando llegan las elecciones.
Hace unas semanas, la Corte Constitucional corrigió el hundimiento amañado de as CTEP de 2016 y revivió la posibilidad de que se abran 16 curules para el pueblo colombiano. Sin embargo, el gobierno de Duque no demoró en atacar las CTEP ratificando su propósito de hacer trizas la paz y su desprecio por los territorios más olvidados de nuestro país. Era de esperarse. Desde su inicio, el presente gobierno ha mostrado su talante de incumplir los acuerdos y compromisos pactados, su desprecio por la paz y por el pueblo, su carácter autoritario y antidemocrático.
Por fortuna, la presión de la ciudadanía movilizada y de las comunidades y líderes/as territoriales que soportan la violencia a diario logró que el gobierno desistiera de su propósito. No obstante, continúan en curso otros recursos en contra de las CTEP interpuestos por alfiles del uribismo. Tampoco podemos descartar que el gobierno intente una nueva maniobra para torpedear las CTEP. Debemos mantenernos alerta. La Corte debe ser firme en su análisis y en su veredicto.
Las CTEP, el Acuerdo y los cambios sociales que necesita Colombia se ganarán en la calle, en una gran convergencia del pueblo colombiano. Espero que las CTEP sean una realidad en 2022 y sirvan para que llegue al Congreso al menos una partecita del inmenso, diverso y maravilloso movimiento de nuestra sociedad que hemos visto desde el 28 de abril de este año.
