Mientras Claudia pide perdón en Twitter, oculta las violaciones a DDHH

Por: Heidy Sánchez Barreto

El pasado 26 de mayo la Alcaldía Mayor de Bogotá entregó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU un “riguroso informe” sobre la violación a derechos humanos en Bogotá en el marco del paro nacional, informe que contrasta mucho con las públicas peticiones de excusas y llamados a la empatía de la alcaldesa, pues en él, no solo no se reconocen sino que se maquillan las vulneraciones a los derechos humanos que han acontecido en Bogotá y cuyo principal responsable es el Estado colombiano, en este caso, la Alcaldía. Revisemos rápidamente el maquillaje:

  1. A nuestro parecer lo más grave, se afirma en el comunicado de prensa que son más los policías lesionados (389) que los “particulares” (339). Sin embargo, lo que no se detalla ante las cámaras pero sí en el informe es el tipo de lesiones: mientras que sobre los particulares se detallan varias lesiones graves (traumas oculares, lesiones en la cabeza, etc.), de las lesiones de los uniformados no se da detalle alguno, salta a la vista que difícilmente serán de la misma gravedad que las heridas causadas con armas de fuego, gases disparados directamente o a quemarropa, uso abusivo de marcadoras, granadas aturdidoras y de gas, la inhumana Venom, o incluso elementos irregulares como piedras, tal como ha quedado ampliamente documentado en estas jornadas de paro nacional.
  2. Este intento de equiparar la violencia estatal con la de los “particulares” no solo está pobremente sustentado, sino que es un maquillaje descarado frente a una verdad jurídica incontestable: no tiene la misma gravedad una violación a derechos humanos cometida por un particular que por un agente del Estado, no son lo mismo ni se pueden juzgar igual, en la medida en que este último tiene una obligación especial de salvaguarda y garantía de derechos, por lo cual su nivel de responsabilidad es mucho mayor.
  3. Aún acudiendo a las cifras que se presentan en este informe, resulta que hubo 201 capturas de las cuales solo 39 fueron imputadas. Eso demuestra un uso sistemático y abusivo de la captura y retención como mecanismo de amedrentamiento y ataque a la movilización social.
  4. En cuanto al asesinato de Daniel Zapata, únicamente se reporta que permaneció 10 días en la clínica, omitiendo descaradamente el hecho de que lo que lo llevó ahí fue el impacto de un proyectil disparado por el ESMAD hacia su cabeza, tal como lo reportan varias denuncias de organizaciones defensoras de DDHH.
  5. Se denuncian ataques contra las misiones médicas por parte de manifestantes, pero se omiten las ocasiones -documentadas- en las que la Policía ha atacado misiones médicas, equipos de primeros auxilios en terreno[1] y al mismo espacio humanitario, en donde hay puntos de atención en salud, que han sido permanentemente agredidos por la Policía.
  6. Se menciona el aterrizaje de un helicóptero de la Policía en el colegio Claretiano en Bosa, pero se omite que lo mismo sucedió en el Portal de las Américas[2]. Pareciera haber cierta comodidad de la Alcaldía con que esta infraestructura de transporte funja como centro de operaciones de la fuerza pública, aún nos preguntamos por la base legal para ello.
  7. No hay ninguna recomendación que apunte a impedir la impunidad en los múltiples casos de violación a los DDHH por cuenta de la Policía, básicamente es un “no lo vuelvan a hacer”, pero no hay medidas de impulso a los procesos disciplinarios y judiciales que deben abrirse en estos casos.
  8. Llega a tal punto este encubrimiento a las violaciones a derechos humanos, que presentan las denuncias por detenciones arbitrarias como “inconformidad con el servicio”.
  9. Todas las fuentes de este informe son oficiales (Secretarías de Salud, Seguridad y Gobierno, Policía Nacional y Fiscalía), no hay el más mínimo esfuerzo de contrastar estas cifras con las que presentan las organizaciones de DDHH -un nuevo ejercicio de desconocimiento por parte de la alcaldesa-, ni con las que actualmente sistematiza la comisión de DDHH del Concejo de Bogotá y, ni siquiera, con las que reporta el ministerio público.
  10. A este último respecto, hay que resaltar que en el Informe de actuaciones del 28 de abril al 31 de mayo, entregado por la Personería de Bogotá al Concejo de la ciudad, se denuncia -otro elemento convenientemente omitido por la Alcaldía- la sistemática práctica de la Policía de llevar personas a las estaciones de la institución para traslados por protección, cuando esto había quedado expresamente prohibido: son 373 casos en el periodo analizado por el ente de control.

Así, este “riguroso informe” no fue más que otro de los característicos shows mediáticos de esta administración, ya muy acostumbrada a mostrar una cara amable en prensa, redes y ahora a la comunidad internacional, mientras que en la práctica reproduce el mismo modelo autoritario de su predecesor y del gobierno nacional. En este caso, no solo omite información, sino que descaradamente intenta ocultar con un informe parcializado las graves violaciones a derechos humanos que la institucionalidad ha perpetrado en contra de la ciudadanía de la capital. Claudia López es la alcaldesa, jefa de la Policía en Bogotá y, por lo tanto, responsable de las agresiones que permite, ordena y ahora oculta.

  1. https://twitter.com/heidy_up/status/1395237578316648452
  2. https://www.las2orillas.co/helicoptero-blackhawk-de-guerra-aterriza-en-el-corazon-de-bogota/

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