¿Qué está pasando en el sur de Córdoba?

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz

Durante los últimos meses la comunidad de la Mina El Alacrán ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, ha señalado las múltiples problemáticas que ha ocasionado para su vida y su territorio la presencia de la empresa Minerales de Córdoba, filial de la minera canadiense High Power Exploration Inc., que desarrolla actividades de extracción de cobre, oro, plata y platino en esta región desde el año 2015. Los privilegios que el Estado colombiano le ha otorgado a esta empresa para la explotación de recursos están acabando con la vida de la comunidad. A la fecha, hay 41 títulos mineros aprobados y 240 en trámite, lo que se traduce que cerca del 70% del área total del municipio está comprometido a la extracción mineral.

Puerto Libertador ha padecido el conflicto armado con alta presencia de diferentes actores en la disputa por el control del territorio, imponiéndose a las familias economías ilegales como única alternativa para su sustento. La presencia de cultivos de uso ilícito es expresión de esta dinámica y ha sido por mucho tiempo la única alternativa económica. Según el último censo nacional de población del DANE, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Puerto Libertador es del 55.5%. Para el caso de la zona rural el NBI alcanza el 70.4%.

La gigantesca concesión minera no ha sido concertada con las comunidades. Proceso necesario que debería incluir alternativas de empleo, actividad económica sustitutiva, entre otros; y en la que se respete a las comunidades campesinas e indígenas que llevan más de 45 años ejerciendo la minería artesanal como principal actividad económica.

El extractivismo consolida el modelo neoliberal que se ha impuesto en Colombia desde hace décadas. Las condiciones de este modelo hacen que el Estado privilegie contratos para la explotación de recursos naturales con empresas nacionales e internacionales, cediendo a presiones y negociaciones políticas llevadas a cabo por estas empresas. Esto se expresa en la región con la expedición de licencias de extracción sin concertación con la comunidad.

El gobierno justifica el modelo de extracción diciendo que los proyectos minero-energéticos activan la economía del país, y que es necesario potenciar la producción y aumentar la exploración sobre la base de una “Actividad responsable ambientalmente, incluyente, competitiva y generadora de recursos”; pero los beneficios que señalan, no corresponden con los costos sociales y ambientales que absorben estos territorios, a lo que se suma que no existen las capacidades de gestión y mitigación por parte de los entes territoriales de todos estos costos, como lo sostiene el mismo DNP.

Las afectaciones ambientales y sociales que la situación causa sobre el territorio es la precarización de la vida de las comunidades, violando de manera masiva y sistemática derechos fundamentales. Hay señalamientos y estigmatización por parte de la fuerza pública a los líderes y lideresas de esta comunidad, quienes exigen sus derechos fundamentales y su derecho a la protesta social que ha sido severamente reprimida.

La situación se agrava con la precaria implementación del Acuerdo de Paz. Los retrasos en la implementación del PDET y el PNIS contribuye a mantener un estado de pobreza y precarización creciente y aguda. El Acuerdo propone la construcción de una paz territorial con garantía de derechos para las poblaciones rurales vulnerables y en ese sentido, el hecho de que haya sido un compromiso del Estado le obliga a su cumplimiento. Hacer trizas el Acuerdo, como lo ha hecho este Gobierno, significa profundizar en todas las problemáticas descritas.

Cumplir el Acuerdo implica la solución colectiva de los conflictos sociales en estos territorios, entre los que se encuentra la desigualdad en el acceso a la tierra, el precario ordenamiento social y ambiental del territorio, la ausencia de alternativas económicas para las regiones apartadas, entre muchos otros asuntos, que, además, al ser revisados sacarían a la luz los clarísimos vínculos entre políticos e intereses económicos, tanto en el ámbito nacional como en el local.

El Sur de Córdoba y en especial, el territorio circundante a la mina El Alacrán es estratégica para el país. No es comprensible entonces por qué sus habitantes padecen el descuido y la violencia del Estado colombiano. Es urgente atender las problemáticas de esta región porque la escalada de violencia, la precarización y la pobreza de estas comunidades cada vez es peor, a pesar de la importancia de este territorio para la economía y la construcción de paz en el país.

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