El gobierno colombiano no puede ocultar la barbarie

Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz

La barbarie, el fascismo y el paramilitarismo en complicidad con la fuerza pública, ha sido parte de la historia reciente de este país. Sin embargo, a partir de las movilizaciones del 28A, estas prácticas de guerra contra el pueblo se han agravado aún más y están tiñendo las calles con la sangre de nuestros jóvenes y de las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta.

En el debate de moción de censura del pasado 24 de mayo, el Ministro de Defensa, Diego Molano justificó la brutalidad de la fuerza pública de la manera más impune y cínica. Señores ministros y altos funcionarios, ustedes no pueden seguir tapando la realidad de la crisis humanitaria que atraviesa Colombia, contradiciendo su mandato de proteger la vida, garantizar la justicia y el goce efectivo de los derechos fundamentales: proteger a las y los colombianos, no es retórica, es una obligación.

Varias iniciativas ciudadanas han solicitado la intervención de los organismos internacionales donde ponen a disposición todo tipo de evidencia en fotos, videos y testimonios de ejecuciones a manos de la fuerza pública, brutalidad policial que incluye desde lesiones oculares hasta torturas y detenciones ilegales, abuso sexual, desaparición forzada sobre personas que protestan, e incluso, sobre personas que no se encontraban en las manifestaciones.

Uno de los hechos más escabrosos lo registra un video en Ciudad Jardín en Cali grabado el 28 de mayo de este año, donde civiles armados que se encontraban entre la policía, dispararon e intimidaron a manifestantes y a personas de la prensa. Se les ha llamado civiles armados, para mí es paramilitarismo puro, y no solo en Cali, sino también en Popayán, Bogotá, Pereira, Medellín, Bucaramanga, entre otras ciudades.

Varios medios de comunicación entrevistaron a uno de estos “civiles armados”, como si no pasara nada y tuviera justificación amenazar y disparar contra personas inermes. Solo en ese episodio se registra el asesinato de 13 personas. Exhortamos a los medios de comunicación a que sean imparciales y veraces en las noticias que presentan al país; no sean cómplices de defender lo indefendible.

El pasado domingo 30 de mayo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dejó constancia oficial de su preocupación por la masacre de civiles ocurrida el viernes en Cali, en la que 14 civiles fallecieron por heridas de bala, elevando el saldo total a 70 asesinatos de manifestantes, un conteo macabro para el país que se vende como la “democracia más larga de América”.

Cientos de videos y testimonios se convirtieron en la constancia pública de los abusos de autoridad y los crímenes que se han cometido en las manifestaciones por la fuerza pública aliada con civiles armados. ¿Cuál es la explicación que el Gobierno Nacional le va a dar al mundo entero? ¿Qué esas personas “de bien” sólo se estaban defendiendo de los “vándalos” con armas de fuego? Lo único que queda en evidencia cuando recurren a esas explicaciones falaces, es que disparar y mentir se convirtieron en una práctica sistemática de este gobierno.

Confían en que pueden engañar a la gente justificando los asesinatos y acolitando el paramilitarismo. Pero estas “explicaciones” no van a convencer a los investigadores internacionales que ya tienen sus ojos puestos sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Colombia.

Parlamentarios europeos, ingleses y norteamericanos ya empezaron a impulsar medidas sancionatorias contra el gobierno colombiano; los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas ya empezaron a advertir que lo que está pasando acá con el patrocinio de la bancada oficialista. Ante la creciente preocupación de la comunidad internacional, la nueva Canciller se vio obligada a aceptar la visita de la CIDH, pero sugiriendo una agenda desconectada de la realidad que ignora por completo los abusos de la fuerza pública.

La Fiscalía General de la Nación debe actuar con celeridad en la imputación a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Le exigimos al gobierno nacional garantizar la vida de la gente, no facilitar las vías para la retoma del proyecto paramilitar en nuestro país, y a intervenir mediante el diálogo para parar esta masacre. Uno de los puntos pactados en el Acuerdo de Paz fue el desmantelamiento de las estructuras del paramilitarismo, y lo que hemos visto los últimos días es que las decisiones del gobierno Duque solo nos están impulsando a la consolidación de este proyecto de guerra nuevamente.

Ahora que el Gobierno ha decretado una Conmoción Interior disfrazada para siete departamentos y ante la complicidad evidente de los organismos de control, nos urge el acompañamiento de la comunidad internacional para que cesen los hechos de violencia y se garantice un proceso serio de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

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