Bloqueos: una forma legítima de protesta

Por: Heidy Sánchez Barreto

El lunes 17 de mayo, en una alocución presidencial, Iván Duque dejó clara su intención de aniquilar el paro por la fuerza bruta, negándose nuevamente a escuchar el reclamo de toda la sociedad movilizada que exige a una sola voz el respeto por los derechos humanos, garantías para el derecho a la protesta, cese de la brutalidad policial y castigo efectivo para los agentes estatales y paraestatales que han masacrado a decenas de colombianos en medio de la protesta. La presidencia dio la orden “a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional”, y así desbloquear las vías del país. A esto se suma la expedición del Decreto 575 del 28 de mayo que hace énfasis en los puntos más arduos local-regionales con tal de cumplir la voluntad del gobierno de ahogar el paro por medio de represión.

Salta a la vista que, en el clima de tensión que se vive en los territorios ocasionado por la desmedida barbarie de la fuerza pública y su complacencia con acciones paramilitares, esta orden es poco menos que una patente de corso para masacrar a las y los manifestantes, pero más aún, creemos que la orden del presidente de responderle a la movilización con la más enconada agresividad estatal es, no solo un gravísimo error, sino también inconstitucional.

El primer punto para resaltar es que toda la institucionalidad, desde el gobierno “cuidador” de Claudia López hasta el gobierno nacional, pasando por los autodenominados políticos de centro agrupados en la “Coalición de la esperanza”, parecen confundir constantemente -dudo mucho que inocentemente- el derecho de reunión y movilización consagrado en el artículo 37 de la Constitución con el derecho de libertad de expresión, consagrado en el artículo 20. Al punto en que una de las propuestas del gobierno de Bogotá para desactivar el paro en sus primeros días era habilitar Canal Capital para que las y los manifestantes dijeran lo que quisieran, e insistieron durante días en protestas virtuales y otro tipo de manifestaciones que no incomoden, que no bloqueen. Que la gente proteste mientras la producción y todo el resto de la vida sigue como si nada, a eso aspiran todos los representantes de la tradicional política colombiana, desde el uribismo hasta el “centro”.

Sin embargo, esto es un nada inocente exabrupto que pretende vaciar de contenido el derecho a la protesta: protestar no es decir a viva voz que se está en desacuerdo con algo, por supuesto, pasa por ahí, pero es mucho más: el derecho a protestar es el derecho a alterar el orden, a afectar la cotidianidad de la vida para generar presión sobre un gobierno que se ha negado a atender las necesidades ciudadanas por medio de los canales institucionales. Esto no solo es una consideración política, es el desarrollo natural del pacto jurídico inquebrantable que debería ser la Constitución de 1991 y así ha sido desarrollado en la jurisprudencia nacional.

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se presentaron por lo menos 2 propuestas para la regulación de este derecho, en ambas (tanto en la presentada por el gobierno de César Gaviria como en la presentada por Antonio Navarro Wolf[1]) se contemplan la ocupación de bienes y vías públicas como parte de este derecho.

Pero, además, este entendimiento de que la protesta incomoda, ocupa la vía, bloquea y que esto hace parte del derecho constitucionalmente protegido de reunión y manifestación, es una interpretación que la Corte Constitucional, el intérprete autorizado de la carta magna, ha venido sosteniendo desde 2012 (Sentencias C-742 de 2012, C-223 de 2017, C-281 de 2017 y C-009 de 2018).

En particular, la sentencia C-223 de 2017 fue muy clara en delimitar el ámbito irreductible de protección de este derecho, de la siguiente manera:

“Puede decirse que el ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, es la conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de expresión- frente al funcionamiento del gobierno –control político-, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. En otras palabras, el Legislador no podrá, por vía de legislación estatutaria, establecer medidas que cercenen la facultad ciudadana de ejercer control al poder político, de manifestarse u opinar libremente y de intentar establecer un diálogo con el Estado sobre asuntos esenciales. Por ejemplo, el Estado no podrá tomar medidas que anulen el ejercicio del derecho –restricción plena de vías, medidas de excepción que suspendan indefinidamente el derecho de protesta, entre otros-, o que criminalice el derecho –creación de tipos penales, ejercicio directo o indirecto de censura, entre otros-.” (subrayas y negrillas fuera del texto original)

Hemos resaltado estos apartes de la sentencia porque fundamentan, así como se hace en otros pronunciamientos judiciales, las características esenciales del derecho a la protesta:

  1. Protestar no se reduce a expresarse, a decir lo que uno quiera, sino que protestar es decir lo que uno quiera, en palabras de la Corte, “a través de la presión en la calle”. Por eso son absolutamente ridículas las soluciones que la administración de Bogotá, en la vocería principal de Luis Ernesto Gómez, les propone a los manifestantes: “no bloqueen, les prestamos Canal Capital para decir lo que quieran”.
  2. Ese ejercicio, necesariamente se da en las vías, y por lo tanto esos pedidos a protestar sin bloquear, por el andén o virtualmente, no solamente son risibles y malintencionadamente tendientes a la anulación del derecho, sino que además son inconstitucionales. Por lo tanto, toda acción del Estado tendiente a “despejar las vías de manifestantes”, como la orden emitida por el presidente Duque el 17 de mayo, el Decreto 575 de 2021, o las órdenes de la administración distrital de Bogotá en el sentido de impedir la ocupación de las vías son manifiestamente contrarias a la Constitución.

Se argumenta en contra que el bloqueo de vías es un delito tipificado en el Código Penal, y que ya tiene un aval de constitucionalidad emitido por la misma Corte Constitucional. Lo que se omite, es que la Corte (sentencia C-742 de 2012) pone unos criterios para que tal conducta pueda ser considerada como típica:

“…para la tipicidad de la conducta es imprescindible que se demuestre en concreto que el acto se realizó “de tal manera” que atentó en realidad “contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. En esa orientación, y en función del bien jurídico protegido por la norma accionada, para que un acto pueda considerarse típico del delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, debe demostrarse que se alteró el funcionamiento regular de las vías o infraestructuras de transporte, en cuanto de ese modo se atente en concreto contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Y debe haber un daño al menos potencial para la seguridad pública”.

Así pues, este presupuesto se desvirtúa en las ciudades por la simple existencia de rutas alternas, que hacen inviable un bloqueo total y, por lo tanto, la posibilidad de atentar contra la vida, la salud, la seguridad alimentaria o el derecho al trabajo. Por otro lado, en las vías en donde no existe alternativa de movilidad se han habilitado corredores humanitarios para permitir el ejercicio de esos derechos.

En conclusión, en Colombia existe toda la habilitación constitucional y legal para protestar y para hacerlo en una vía pública. El Estado colombiano, burlando el pacto fundamental de 1991, intenta usar versiones tergiversadas de la Ley y de la Constitución para reprimir un estallido social sin precedentes, en vez de sentarse a solucionar sus causas y, en ese empeño, también fracasarán.

  1. Gacetas constitucionales No. 5 y 22, respectivamente

 

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