Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz
Esta semana sostuvimos en el Congreso el debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano, por las actuaciones de estigmatización del paro y el abuso de la fuerza pública. Lamentablemente, no se hará efectiva debido a las mayorías políticas tradicionales que cimientan con mermelada un bloque en contra de los intereses de las mayorías, haciéndose cómplices del genocidio y el terrorismo de Estado.
Son miles de casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública que cuentan con homicidios, violencia sexual, detenciones arbitrarias y desapariciones, entre muchos otros horrores. Asistimos a un teatro macabro, al mejor estilo de las dictaduras del Cono Sur. Está claro el carácter autoritario del régimen colombiano. Este holocausto contra el pueblo debe detenerse ¡ya!
La desigualdad y la pobreza que afectan a las grandes mayorías explican por qué el descontento se manifiesta principalmente en los sectores y barrios populares. Pese a que firmamos un Acuerdo de Paz en 2016, se siguen sumando víctimas a los 8 millones que se contaban desde 1985. Las víctimas sobrevivientes, podrían conformar la segunda ciudad más grande del país. Este gobierno, en su propósito de hacer trizas el Acuerdo de Paz, viene cerrando una oportunidad histórica para superar la violencia y el despojo.
El Acuerdo también representa una oportunidad para desmontar el tratamiento de orden público que históricamente se le ha dado a la movilización de la protesta mediante una Ley Estatutaria de Participación Ciudadana y Garantías de la Protesta. Lamentablemente nunca se pudo implementar, aunque se avanzó en un borrador, debido a la reticencia de los sectores más recalcitrantes del país que hoy nos gobiernan. Sabían ya que la bomba social colombiana no iba a aguantar más, 200 años son demasiado.
El gobierno ha aprovechado la pandemia para imponer un régimen de corte fascista y dar licencia a los militares y la policía para matar y atentar contra la población en un momento de ascenso de las luchas populares. El abuso de la represión también se ha amparado en las restricciones del estado de excepción que quieren llevar al extremo con la amenaza de la declaratoria de una Conmoción Interior. Al clamor por mínimos de bienestar social para resistir la pandemia, el gobierno respondió con coerción, restricciones y control social. A este pueblo no le dan ni pan ni circo, sólo garrote.
El gobierno, en cabeza de Iván Duque y el ministro Molano, no sólo protege, sino que fortalece la represión y la violencia de la fuerza pública, pese al amplio rechazo social que tienen el ESMAD, la policía y el ejército. Hoy la movilización es en contra de la pobreza, pero también por el fin de la doctrina del enemigo, la desmilitarización de la vida y el desmonte del ESMAD, cuerpo de policía que masacra a nuestros jóvenes.
En Colombia se está ejecutando una masacre de la mano del nuevo paramilitarismo. Asistimos a un laboratorio de guerra urbana de los aparatos coercitivos estatales y paraestatales en contra de la sociedad.
Esta es la razón real para no aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Temen a que la comunidad internacional registre de primera mano la aparición de jóvenes manifestantes en los ríos o en fosas comunes?
Volver trizas el Acuerdo de Paz es volver trizas el futuro del país. Significa alimentar la cadena de violencia e inequidad, aumentar el conflicto y la pobreza tanto en el campo como en la ciudad. Nuestras demandas son claras: destitución inmediata del Ministro de Defensa, Diego Molano, no más trato de orden público a la protesta y cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz.
Por cadena de mando el ministro Molano, el presidente Duque, y los generales Zapateiro y Vargas son los responsables de las masacres contra los manifestantes, de las mutilaciones, lesiones y de abusos sexuales. No dejamos nuestros fusiles para que nos matara el ESMAD indefensos por exigir nuestros derechos pacíficamente. Exijo su renuncia y se abra el debate de reestructuración de la fuerza pública inmediatamente.
