En segunda instancia, la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado ordenó que se conserve la investidura del senador Gustavo Petro, la cual había sido demandada por los abogados José Manuel Abuchaibe y José David Navarro.
Según los demandantes, el congresista de la Colombia Humana habría incurrido en causal de indignidad al no reconocer las autoridades cuando a través de una columna de opinión señaló que la elección del presidente Duque estaba relacionada con el narcotráfico e invitó a la desobediencia civil “que se abstengan de pagar los servicios públicos durante la emergencia sanitaria presentada por el covid-19.”
Lo anterior, motivó a la apelación por parte de los abogados, invocando una sanción jurídica que implicaba la muerte política del congresista.
Sin embargo, el Ministerio Público determinó que las acciones de Petro “no se enmarcan dentro de la causal de pérdida de investidura señalada por el demandante”.
“Para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que Gustavo Francisco Petro Urrego se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura”, argumentó
Por otro lado, la Procuraduría advirtió que las conductas del congresista “pueden constituir conductas reprochables por el Código de Ética o Disciplinario”
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