¿Quién dio la orden en salud?

Por: Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora de la República por el Acuerdo de Paz

En medio de una gigantesca movilización que converge en el Gran Paro Nacional reprimida con terrorismo de Estado y de la discusión de una Reforma Tributaria retirada a última hora, la Reforma a la Salud ha continuado su tránsito pese a la oposición que ha tenido por parte de agremiaciones, trabajadores, usuarios y movimientos sociales y la bancada alternativa del Congreso de la República. Es tal la urgencia que poderosos intereses económicos tienen en que se apruebe este proyecto de ley que,  pese a su evidente impopularidad, su aprobación sigue a toda marcha.

La orden la dieron los grandes conglomerados económicos

De prosperar esta iniciativa busca entregar la salud a grupos económicos nacionales e internacionales como el grupo Keralty (antiguo Sánitas Internacional); a Luis Carlos Sarmiento Angulo y su negocio para la atención de pacientes oncológicos; los negocios del Grupo Empresarial Antioqueño, dueños de Sura; entre otros conglomerados que se encuentran o entrarían al país.

A través de la figura de alianzas público-privadas (APP) se entregaría la administración de la red pública hospitalaria, esa que han construido las y los colombianos con los recursos, a empresas privadas que venderían servicios de salud usando la infraestructura, el personal y los insumos para la salud.

No es poco el dinero que hay detrás de la Reforma a la Salud. En esta iniciativa las EPS no serían empresas administradoras de recursos públicos y la Unidad de Pago por Capitación – UPC (el dinero que se le asigna a cada usuario para su atención) funcionaría como una prima. Esto quiere decir que estas empresas no serían agentes del sistema obligados constitucionalmente, tanto a proteger la destinación específica de ese recurso sagrado que debe ser únicamente para la salud, ni de garantizar el derecho a la salud, sino que el Estado colombiano contrataría unas pólizas de aseguramiento con unas aseguradoras privadas por cada afiliado, es decir, sería un contrato del derecho privado.

La orden también la dio la clase política vinculada al negocio de la salud

Como si fuera poco, resulta llamativa la sarta de regaños de Germán Vargas Lleras al Ministro de Salud Fernando Ruiz, en su columna publicada el pasado fin de semana, porque la aprobación de este proyecto de ley no va a la velocidad que él desea. Junto con los grandes poderes económicos existe un músculo político tradicional y clientelar, igualmente afanado por la aprobación de esta reforma.

No es de extrañarnos, ya que la presencia del excandidato presidencial en el sector salud no es nueva. En el 2016 salió a la luz que el hermano de Germán, Enrique Vargas Lleras, habría supuestamente celebrado contratos por $3.400 millones de pesos con el Grupo Saludcoop en la era Palacino y habría sido asesor de este gigante de la salud. Curiosamente el proyecto de ley busca legalizar la estrategia de integración y concentración del negocio de la salud en pocas manos que fue el modelo de Saludcoop, llegando esta empresa en su momento a tener la mitad de los afiliados al régimen contributivo de todo el país y más de 60 empresas integradas.

No es cierto que aprobar esta reforma sea una necesidad urgente para las y los colombianos. Es una necesidad urgente para el mercado de los seguros privados y de los grandes conglomerados de IPS que le vienen echando el ojo a la red pública hospitalaria.

¿Qué es lo que el país realmente necesita?

Al contrario de esta iniciativa de ley, lo que necesita el país en términos de salud es diametralmente diferente. El actual sistema ha mantenido la misma lógica del negocio durante 28 años y ha sido puesto a prueba en esta pandemia con terribles resultados: el domingo 2 de mayo el país contaba con 73.992 personas fallecidas por COVID y aproximadamente 2.8 millones de contagios. Las vacunas están agotadas, se anuncia la fase 3 cuando muchas personas de la fase 2 no han recibido su segunda dosis.

Por eso necesitamos un sistema de salud diferente. Hemos presentado un proyecto de ley derivado del punto 1 del Acuerdo de Paz, bajo el título de Plan Nacional de Salud Rural (434 de 2021) para el Buen Vivir, en el que proponemos un sistema para el campo colombiano y que esperamos se extienda a las ciudades también. Se trata de un plan sin EPS, con fortalecimiento de los hospitales públicos; diseñando e implementando con participación social tanto en las determinaciones políticas como sobre los recursos; integrando los territorios a través de Agentes Comunitarios de Salud y Equipos Territoriales en Salud quienes promoverán el derecho a la salud, resolverán en el nivel básico de atención, detectarán todas las determinantes sociales de la salud que van más allá de la atención: vivienda, soberanía alimentaria, saneamiento básico, acceso a agua potable, derecho a un ambiente saludable, seguridad en el trabajo, entre muchos otros aspectos. Un plan que garantice la estabilidad laboral y arraigo de las y los trabajadores de la salud. Un plan para las mujeres, las identidades diversas, los pueblos étnicos y las y los trabajadores rurales.

Llamo a toda la  sociedad colombiana a oponerse a la reforma a la salud de Vargas Lleras. Pueden archivar la reforma tributaria pero no cesaremos hasta que archiven la reforma a la salud. EL PARO DEBE CONTINUAR. También convoco a todas las fuerzas de la sociedad a conocer el Plan Nacional de Salud Rural para el Buen Vivir, y a aportar y construir un sistema para el goce efectivo del derecho a la salud de todas y todos los colombianos.