Corte Constitucional revisa tutela que podría frenar la aspersión con Glifosato

Corte Constitucional revisa tutela que podría frenar la aspersión con Glifosato

La Corte Constitucional está revisando una tutela que demostraría cómo se violaron los derechos a la participación, a la consulta previa y al debido proceso en el Plan de manejo ambiental que presentaron las autoridades.

En concreto, el tutelante afirma que la ANLA no socializó debidamente con las comunidades el contenido de este Plan ambiental porque no garantizó la participación de la gente.

El expediente está en el despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz, quien deberá fallar a favor o en contra del tutelante, es decir, le corresponde comprobar si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales garantizó la participación de las comunidades en el plan ambiental.

Los hechos al parecer ocurrieron el 16 de abril de 2020, allí la ANLA citó a una audiencia pública ambiental para socializar una modificación al plan ambiental. La autoridad indicó por la pandemia del Covid-19 las reuniones se realizarían de manera virtual más no presencial, siempre que la Policía contara con las herramientas tecnológicas para garantizar la participación de las comunidades convocadas.

Varios ciudadanos no estuvieron de acuerdo con ese medio de participación y decidieron interponer cuatro tutelas contra la decisión en la que la ANLA dispuso la celebración de una audiencia pública ambiental virtual.

Afirman que se les violaron los derechos a la participación, a la consulta previa y al debido proceso, porque para los demandantes realizar una audiencia pública de forma virtual y tres reuniones informativas «impedía que la participación fuera amplia, deliberada, efectiva y eficaz».

La Magistrada Ortiz envió unos cuestionarios a las partes involucradas, y espera que la ANLA, la Policía antinarcóticos, la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, al Consejo Nacional de Estupefacientes, a la Procuraduría, Defensoría y a los que presentaron la tutela respondan para poder emitir una decisión final.

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