Por: Victoria Sandino Simanca
Cuando llegamos a La Habana, una de las cosas más evidentes fue la distancia que había entre el gobierno y la insurgencia sobre los alcances de un posible Acuerdo de Paz. El gobierno consideraba que debíamos pactar elementos mínimos, apenas lo necesario para lograr una desmovilización de la guerrilla. Por nuestra parte, teníamos aspiraciones de lograr un pacto que permitiera dar una salida al conflicto con base en la solución de sus causas estructurales. Además, contábamos con el acumulado de anteriores procesos de paz, las apuestas de nuestras bases sociales y aspiraciones del pueblo colombiano.
En el punto de participación política también se notaba esta diferencia. Por nuestra parte queríamos alcanzar una reforma democrática del Estado como lo planteamos en las 100 Propuestas Mínimas para la Apertura Democrática que presentamos en su momento. El gobierno proyectaba otros mínimos: el Estatuto de la Oposición (que para ese entonces era una deuda de casi tres décadas con el artículo 112 de la Constitución) y las garantías para la reincorporación política de la insurgencia. Pero la dinámica de la negociación y la realidad del cierre político fueron claves para que se ampliara este marco limitado propuesto por el gobierno.
Dentro de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la negociación se contempló la realización de Foros temáticos por cada punto de la agenda organizados por la ONU y la Universidad Nacional. El Foro del Punto 2 se llevó a cabo en abril de 2013 y con base en sus conclusiones pudimos ver en la Mesa que las demandas sociales eran muy amplias y democratizadoras.
El resultado del Punto 2 de Apertura Democrática es un acuerdo de reforma integral al sistema político colombiano que plantea la protección y garantías al ejercicio de la oposición política, el fortalecimiento de la participación ciudadana y garantías para la movilización y la protesta, y una reforma estructural del sistema político y electoral. Todas ellas son cruciales para lograr la apertura democrática que se necesita para lograr una transición hacia una paz estable y duradera en el país.
Más de cuatro años han pasado desde la firma del Acuerdo Final de paz. Cuatro años de incumplimientos, simulación y perfidia por parte del gobierno, pero también cuatro años de persistencia en la voluntad de paz de los y las reincorporadas así como de anhelos de paz del pueblo colombiano. Los puntos 1 y 2 del Acuerdo se refieren a las dos causas nodales del conflicto: la cuestión agraria y el cierre político. No de forma gratuita son los puntos más rezagados en el proceso de implementación.
Lamentablemente dentro de los incumplimientos contamos las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Una medida de reparación integral con los territorios más azotados por la guerra. Pretende dar representación política a quienes habitan aquellas regiones que más han sufrido la confrontación armada, comprendiendo que la victimización alcanzó una dimensión territorial. Por ello son complementarias con los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los PDET están incompletos sin las Circunscripciones de Paz.
El Congreso de la República es responsable de su hundimiento durante el trámite especial de fast-track, sobre el cual la Corte tiene la última palabra. Sin embargo, la semana pasada, la Procuraduría solicitó a la Corte no dar vida a este proyecto, prolongando así este incumplimiento al Acuerdo y a las comunidades victimizadas.
El pasado viernes 9 de abril tuvimos la oportunidad de escuchar a las víctimas en la plenaria del Senado. ¡Cuánta falta hacen en el Congreso más voces de campesinos y campesinas, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes que han vivido la realidad de nuestro campo y el dolor de la guerra! ¡Implementación de las Circunscripciones de Paz YA!
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