¡Que pare el genocidio contra firmantes de la paz!

Por: Victoria Sandino Simanca Herrera

Senadora de la República, firmante del Acuerdo de Paz.

La guerrilla de las FARC EP surgió de las luchas campesinas y populares en el país a mediados del siglo XX respuesta a la agresión militar del Estado, producto un agudo conflicto social armado que tiene raíces en el problema de la tierra, la exclusión política y la violencia del Estado en contra del pueblo colombiano. El régimen político y el Estado colombiano se han caracterizado por el autoritarismo, el anticomunismo y la aplicación de la doctrina contrainsurgente. Este carácter antidemocrático se muestra en un país con profundas desigualdades políticas, sociales y económicas.

En las FARC EP luchó siempre por la reforma agraria y la vida digna para el campo, la apertura democrática, el cese de la doctrina anticomunista y de la guerra contra el pueblo, y la edificación de un país en paz con justicia social.

Las FARC-EP siempre buscó una salida dialogada al conflicto. Así lo demuestran los distintos escenarios de negociación que se realizaron con el gobierno. Vale resaltar que en el marco de esos intentos surgió la Unión Patriótica, organización que fue víctima de genocidio político.

En noviembre de 2016, tras la firma del Acuerdo Final, 13.589 hombres y mujeres comenzamos un proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil para continuar la lucha política por las transformaciones que requiere Colombia.

Sin embargo, en la etapa de implementación se ha agudizado la violencia, incrementado las violaciones a Derechos Humanos de líderes y lideresas sociales y población en proceso de reincorporación. Cada semana se registran entre uno y dos asesinatos a excombatientes sin que el Estado reaccione de manera eficaz en la garantía de la vida y la integridad de quienes dieron el paso hacia la legalidad. Hoy se suman 263 personas en proceso de reincorporación asesinadas. El último caso sucedió la semana pasada en el departamento del Putumayo.

El gran arco de violencias que sufren los exguerrilleros y exguerrilleras tiene varias aristas y componentes. En las violencias que refieren a la materialidad hay una serie de patrones que presentan asesinatos, amenazas, desplazamiento, tentativa de homicidio y desapariciones forzadas.

Al final de este arco se encuentra la incapacidad de las instituciones para investigar, judicializar y desmantelar las estructuras que generan los asesinatos. El Estado y sus agentes se encuentran en todas las etapas descritas por acción o por omisión. Incluso, son perpetradores directos como en el caso de Dimar Torres, exguerrillero asesinado por el Ejército Nacional de forma planificada en Norte de Santander. Por esta razón, alertamos sobre el genocidio en curso en el país.

Pese a que el Acuerdo de Paz creó un plan de desactivación de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, un sistema integral de protección, un plan para la reconciliación y la no estigmatización, no hay avances al respecto.

El país aún carga con el discurso del enemigo interno, noción que se sigue difundiendo ampliamente y que sigue diseminando la idea de un agente que debe ser rechazado por constituirse como un factor de atraso, inseguridad e impunidad.

Encontramos que la estigmatización y el señalamiento inician, azuzan y justifican las violaciones a los Derechos Humanos de los y las firmantes de paz. Desde el gobierno y sectores afines no existe una voluntad clara y real de dar el salto hacia una construcción discursiva y material que permita avanzar en la consecución de la paz completa.

Los pronunciamientos de los funcionarios del gobierno y su partido van en vía de lo anteriormente mencionado. Sostienen que los y las excombatientes de FARC no están cumpliendo con lo acordado, poniéndonos en grave riesgo y desestimando la voluntad de paz que hemos demostrado. El discurso oficial también ha negado el genocidio que ocurre contra firmantes de la paz, desconociendo la sistematicidad de los hechos, minimizando los móviles y desestimando los posibles responsables.

Las mujeres excombatientes sufren esta situación de una manera particular, la estigmatización y la macartización han generado procesos de “reclandestización” y por ende de invisibilización y violencia política. Los señalamientos que se les hacen a las mujeres están estrechamente ligados con el género, sobre las mujeres exguerrilleras se ha intentado instalar la narrativa de que todas fueron “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, lo que ha provocado una anulación de sus propias voces y de su actoría política al interior de las FARC-EP.

Por todo ello, Colombia debe adoptar las siguientes medidas urgentes para frenar el derramamiento de sangre:

  • El Estado colombiano y sus agentes deben asumir su responsabilidad en los hechos del conflicto y el genocidio en curso ante la Justicia Especial para la Paz.
  • El Estado colombiano debe adelantar acciones certeras para que cese el genocidio contra firmantes de la paz acogiendo las Propuestas Mínimas construidas en 2020 por exguerrilleros/as que marcharon desde los diversos territorios nacionales clamando el fin de la violencia contra quienes se mantienen firmes en su compromiso con la paz.
  • El Estado colombiano debe cumplir e implementar integralmente lo pactado en el Acuerdo de Paz, y no cesar en los esfuerzos por dar una salida dialogada al conflicto para alcanzar una paz completa, estable, duradera y definitiva en Colombia.

 

 

 

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.