REFORMA POLÍTICA

Por: Gustavo Bolívar Moreno

La política en Colombia asquea. El Pacto Histórico tiene la obligación de limpiarla y de imponerle parámetros éticos que le devuelvan su majestuosidad e importancia. Que ejercer la política sea motivo de orgullo para un individuo y para su familia y no un acto vergonzante como lo es hoy. Por eso, este ejercicio de pensar un país democrático donde quepamos todos, un país justo donde progresemos todos, se antoja urgente de cara a las elecciones de 2022.

En lo electoral, hoy la política se construye bajo parámetros de indecencia total: compra de votos, aportes sucios a campañas, fraude electoral, financiación ilegal, promesas casi siempre incumplidas y en el último lustro, campañas de desprestigio, calumnias y fake news contra los contrincantes. Dos preguntas lo aclaran todo.

¿Por qué hay candidatos que invierten hasta 10 mil millones de pesos para acceder a un cargo que en salarios solo les devuelve 1.200 millones?

¿Son tan altruistas, aman tanto a Colombia estos personajes como para sacrificar esas enormes cantidades de dinero por amor a la patria?

La respuesta es no, rotundo. Si gastan esas formidables cantidades en campañas es porque saben que el dinero les retornará multiplicado por varias veces. ¿Cómo? Vendiendo sus votos en los recintos legislativos, obteniendo mermelada, léase entidades y puestos con presupuesto para saquear o, para el caso de alcaldías y gobernaciones, entregando contratos a dedo o bajo la modalidad de licitaciones amañadas y nombrando cuotas burocráticas en las secretarías para que el financiador “recupere” y multiplique su inversión vía desfalcos al erario o esclavizando contratistas con el fin de vender sus votos al mejor postor en las siguientes elecciones. Nada más denigrante que un empleado público buscando con angustia, 20 o 30 cédulas para poder mantener su empleo. Esclavismo puro.

Cuando un legislador vende su voto para favorecer a su financiador está deslegitimando la democracia representativa puesto que pasa a representar, no los intereses de las comunidades ni de los electores que depositaron en él su representación, sino el interés de su financiador, casi siempre un cacao interesado en ganar beneficios tributarios, exenciones o rebaja de impuestos; un contratista interesado en voltear tierras, usar presupuesto del Estado para mejorar sus obras particulares o saltarse el POT de su localidad; un narco en busca de impunidad o interesado en lavar sus fortunas. Y de esta reflexión nace la primera propuesta para la Reforma Política que debe discutir el pacto histórico:

PROPUESTA NÚMERO UNO
Financiación estatal de las campañas.

Todas las campañas deben ser financiadas por el Estado. Todas. Toda financiación privada debe prohibirse para que los elegidos puedan gobernar o legislar con independencia. Para que el elegido no tenga que llegar a pagar favores. Para que el elegido no tenga que llegar a trabajar por sus donantes o financiadores, no. De esta manera el elegido solo se debe al elector que lo financió con sus impuestos y debe trabajar exclusivamente para él.

La MOE ha elaborado estudios al respecto. En 2015, los alcaldes elegidos entregaron contratos a dedo por 168 mil millones a aportantes de sus campañas. Agro Ingreso Seguro es otro caso emblemático. El ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, entregó subsidios multimillonarios a 34 aportantes de las campañas presidenciales de su Jefe y la suya propia. En el Congreso lo vemos a diario. Más de la mitad del Congreso está cooptado. Más de la mitad de los Congresistas le debe su elección a un financiador privado. Prácticamente, estos tristes legisladores son propiedad del financiador. Los vemos en las votaciones. Siempre votan arrodillados, siempre, incluso a veces contra sus principios. Y si no los compran a la entrada los compran a la salida. Los compra el gobierno con mermelada. Y da tristeza verlos obedeciendo a un libreto claro. El libreto de la corporatocracia, el libreto de la bandidocracia. Por eso no dejan huella, por eso terminan sus períodos desprestigiados y sin ningún lugar en la historia.

Financiando las campañas desde el Estado, le devolvemos el poder a los elegidos, les devolvemos su independencia y respeto. Pero esta medida debe ir acompañada de otra no menos importante que permitiría a los mejores colombianos llegar a las corporaciones públicas:

PROPUESTA NÚMERO DOS
Listas cerradas a corporaciones públicas.

La filosofía de esta medida es que cese la competencia descarnada por las curules. Ya no tendríamos que asistir a la subasta ruin de saber que a los concejos municipales, las asambleas departamentales y al Congreso de la República lleguen los que más tengan plata para comprar votos o hacer propaganda. Si la financiación es estatal y la gente no tiene que votar por candidatos sino por el logo de un partido, colombianas y colombianas de enormes cualidades morales e intelectuales, que hoy no tienen cómo ganar una curul, podrán acceder a ellas para bien del debate con argumentos y del enriquecimiento y calidad de las ordenanzas, Acuerdos y leyes que se promulgan en las instancias legislativas.

Estas listas cerradas deben conformarse mediante la modalidad cremallera. No de otra forma todas las corporaciones públicas podrán recibir en sus curules un 50% de mujeres.

Y aquí sigue la cadena. Esta medida debería ir acompañada por otra que la complementa:

PROPUESTA NÚMERO TRES
Elecciones Primarias para corporaciones públicas.

¿Cómo establecer el orden de las listas cerradas para las distintas corporaciones públicas? La respuesta es la democracia interna de los partidos políticos. Unas elecciones primarias organizadas por la Registraduría, en la misma fecha de las consultas internas para las elecciones presidenciales.

Con unas elecciones primarias, los mismos partidos y movimientos políticos mantienen su unidad. Elaborar listas a dedo atenta contra el derecho de ser elegido y genera disputas internas. Queda por resolver la financiación de esas elecciones primarias puesto que si no es estatal, podrían los caciques políticos influir en las votaciones con su dinero de dudosa procedencia.

PROPUESTA NÚMERO CUATRO
El voto obligatorio.

Colombia tiene hoy uno de los mayores índices de abstención en el continente. No es democrático ni representativo, ni legítimo que solo el 30 o 40% de los colombianos acuda a las urnas. Es por eso que se hace necesario que exista un instrumento que disuada a los abstencionistas de quedarse en casa en una cita tan importante que marcará su destino por los cuatro próximos años. Ya sea vía incentivos o vía sanciones, todo colombiano debe ejercer su derecho al voto.

Pero si de depurar las costumbres políticas se trata. Si de anular la importancia del voto comprado se trata, el voto obligatorio cumple con esa función. Las cuentas son sencillas, en promedio, para las elecciones a Congreso votan 15 de los 37 millones de colombianos inscritos en el censo electoral. Esto hace que asegurar una curul mediante la compra del voto sea más fácil porque los votos a comprar son relativamente pocos. Por citar un caso, hoy un senador en promedio se elige con 40 mil votos. Si implementamos el voto obligatorio un Congresista necesitaría mínimo 100 mil votos para resultar elegido. Les sería imposible comprar esa cantidad.

No faltará quién diga que el voto es opcional y se enmarca dentro del libre albedrío de cada ciudadano. Válido. Pero también hay quienes pensamos que el voto es un deber y que se debe cumplir. Y si el debate es la libertad que debe tener el individuo para ejercer la abstención por su inconformismo frente al sistema o a los partidos mismos, puede votar en blanco.

PROPUESTA NÚMERO CINCO
Curules en blanco.

EL voto en blanco es una expresión democrática muy poderosa. Significa que el ciudadano no se siente representado por ninguno de los candidatos o ninguno de los partidos políticos en contienda. En elecciones para alcaldes, gobernadores y Presidente de la República, el voto en blanco tienen una poderosa consecuencia en caso de alcanzar el 50% más uno de una votación: Se repiten esas elecciones con nuevos candidatos. Pero el voto en blanco no tiene efectos legales en el legislativo.

Para darle la importancia que merece, el voto en blanco debería ganar curules. ¿Cómo?
Fácil. El total de votos en blanco de una elección se deben someter al sistema de cifra repartidora. Por citar un ejemplo, si el voto en blanco obtiene 500 mil votos y con ellos pasa el umbral, cuatro curules del Congreso deberán quedar en blanco. Esas curules serán vestidas de blanco y permanecerán sin dueño durante los cuatro años. Es lo más justo con los electores que decidieron que ninguno de los candidatos representaba sus ideales y sus intereses. Lo mismo debería ocurrir en las asambleas departamentales y concejos municipales.

PROPUESTA NÚMERO SEIS
Todo el país en el senado

Hoy no toda Colombia está representada en el Senado de la República como debería ser. Once departamentos no tienen senadores y nueve, desde la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, los han tenido. Esta concentración geográfica del poder es una tremenda injusticia y una exclusión inaceptable para con los compatriotas que viven en esos departamentos. Coincide esta exclusión con sus niveles de pobreza. Y no es para menos. Siempre están ausentes de las “repartijas” y lo digo en el buen sentido de la palabra. He visto cómo en la comisión tercera a la que pertenezco, las mayores tajadas de la regionalización del presupuesto de cada año se lo llevan la bancada costeña, la antioqueña y la valluna. Y la razón es simple. Un departamento como el Atlántico, uno de los más pequeños de Colombia, tiene la medio bobadita de 14 senadores mientras que Chocó, San Andrés Islas o La Guajira no tienen senadores.

Cómo subsanar esta injusticia. Apelando a un sistema de circunscripciones mixtas. Es decir, que de los 108 senadores que hay en la actualidad, 75 se sigan eligiendo por circunscripción nacional y los restantes 33 se elijan de la siguiente manera: uno por cada departamento de Colombia y uno más por los colombianos en el exterior. Nada más justo. Incluso, si acudimos a la legislación comparada nos quedamos cortos. En México, conforme al artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma DOF del 06 de junio de 2019, la Cámara de Senadores se integra por 128 senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría, así conformados cada Estado federal cuenta en el Senado con tres senadores en su representación. Y las 32 senadurías restantes son elegidas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad (50/50), encabezadas alternativamente entre mujeres y hombres cada periodo.

Otro caso muy diciente, por tratarse de una de las democracias más antiguas del continente es la composición del Senado de los Estados Unidos. Allí confluyen 100 senadores provenientes de los 50 estados de la Unión. Es decir, dos senadores por cada uno de los 50 estados. Allí no importa que California tenga hoy 40 millones de habitantes mientras Alaska apenas cuente con cerca de 750 mil habitantes. Tanto California como Alaska eligen cada uno dos senadores. Es justo que todos los departamentos de Colombia tengan representación en el Senado. Esperamos que esos departamentos excluidos por siempre de la representatividad en el Senado, se unan en una sola voz para apoyar este proyecto que acabo de radicar en el Senado de la República. Como es muy probable que no sea aceptado, lo dejo como constancia histórica para que, cuando seamos mayoría en el Congreso , 55/86, lo podamos retomar con éxito si el Pacto Histórico a bien lo tiene.
PROPUESTA NÚMERO SIETE
Pago por sesión.

Lo vengo repitiendo como lora. Es una injusticia que los congresistas trabajemos 8 meses y nos paguen 13. No es decente para con millones de compatriotas desempleados. Es un privilegio que debemos eliminar. Mi propuesta es que nos paguen por sesión, como les pagan hoy a los concejales de Bogotá y del resto del país. Si queremos devengar doce meses, que trabajemos doce meses. Punto. Lo demás es corrupción.

Tampoco es legal ni decente que nos paguen gastos de representación mientras legislemos desde nuestras casas. Es un robo a ustedes y al erario.

Ya presenté dos proyectos de ley al respecto.

OTRAS PROPUESTAS

Se me quedan en el tintero y por espacio, muchas propuestas de reforma política que llevaré a las mesas temáticas del Pacto histórico. Voto a los 16 años, reforma de la ley 5ª. Para que los proyectos sean adjudicados para sus ponencias por reparto y por sorteo, es decir, no a dedo como sucede hoy. Un sistema para que los proyectos sean estudiados en el orden en que son radicados y no como sucede hoy, por capricho o interés de la mesa directiva respectiva.

Hay que implementar el punto dos del Acuerdo para que cese la restricción democrática, para que las minorías tengan garantías de participación. Para que la oposición pueda ejercer con garantías, para que todos y todas puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos.

El próximo domingo les propondré una reforma electoral. Los invito a alistar sus propuestas para cuando se abran las mesas de trabajo del Pacto Histórico. Es tarea de todos, transformar a Colombia. Pero no olviden que nada de esto será posible si no elegimos un congreso con unas mayorías conectadas y comprometidas con estas reformas.

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