Reforma a la Justicia

Por: Gustavo Bolívar Moreno

Se sabía que la invitación de Gustavo Petro a conformar un Pacto Histórico, hecha desde este mismo espacio en julio de 2020, llegaría a tener eco entre los colombianos pero no imaginé que llegaría a tener tanta y tan rápida acogida y a despertar tanta pasión como para ilusionar a todo un país con un verdadero cambio.

En todos los rincones de la patria, en todos los territorios olvidados, en la academia, en el seno de todos los partidos progresistas, al interior de los movimientos sociales, no se habla de otra cosa que del Pacto Histórico. Pero el Pacto Histórico tiene que mutar, muy pronto, de un sentimiento y un anhelo colectivo a un vigoroso pacto social y político capaz de cambiar a Colombia para siempre. Tiene que convertirse en un faro moral y programático que ilumine el camino de quienes desean, desde lo profundo de sus corazones, una trasformación de Colombia en lo que nunca ha sido: Un país libre, justo y en paz.

Para darle vida al Pacto histórico hemos tomado en innumerables reuniones, dos decisiones que encierran su visión, su misión y su filosofía: La primera, lanzar listas al Congreso de la República en la que estén representados todos los sectores sociales, sindicales, étnicos, intelectuales, culturales y políticos del progresismo, la izquierda democrática y el liberalismo colombiano. Unas listas capaces de conquistar el voto de medio país hasta convertirse en las mayorías absolutas del Congreso, es decir, un mínimo de 55 senadores y 86 representantes a la Cámara.

Y la segunda, que entre todas estas fuerzas elaboremos, democráticamente, con participación de todos los sectores políticos, culturales, étnicos y sociales, un programa que sirva para gobernar y sacar a Colombia de su crisis económica, social y moral.

Como soldados que somos todos del Pacto Histórico, debemos contribuir con ideas y propuestas a la elaboración de ese programa. Aquí van mis primeros aportes concretos. En mi corto paso por el Congreso he identificado cinco fallas importantes en la Justicia, consignadas en la Constitución de 1991, que paso a detallar, sucintamente, y a proponer soluciones, mientras se llega a las discusiones de fondo.

REFORMA DE LA JUSTICIA.

Por la independencia de los poderes.

Todos lo sabemos. La justicia en Colombia no funciona. La nuestra es una justicia selectiva, politizada, arrodillada a los poderosos, laxa, inestable, corrompible y corrompida, que no asusta a los delincuentes de cuello blanco y que, por el contrario, los incita a delinquir pues, les garantiza un máximo de impunidad y un mínimo de castigo en el caso remoto en que sea juzgado. Los pocos que han tenido la mala fortuna de caer, purgan sus irrisorias penas en sus mansiones, la mayoría adquiridas con el dinero robado o en casinos militares, dotados de todas las comodidades o en casas fiscales donde pueden tener chef, celulares, televisión, internet para hacer reuniones virtuales y una que otra licencia para sus parrandas con alcohol y mujeres.

La justicia aquí funciona, la mayoría de las veces, para el ladrón de celulares y bicicletas, el hincha de algún equipo de fútbol que apuñala a otro, el hombre con hambre que se roba un caldo de gallina en un hipermercado, el padre de familia que no pasa la cuota alimentaria a sus hijos o para el opositor al gobierno de turno puesto que la Fiscalía terminó convertida en una fuerza de persecución a quien, desde la libertad de expresión, o desde su posición política, ataca al gobierno que nombra al Fiscal.

Y aquí está la primera falla y la primera propuesta. El Fiscal no debe ser elegido de una terna nombrada por el presidente de la República. Eso es un exabrupto. El Fiscal nombrado, siempre alguien del resorte íntimo del Presidente, llega a tapar los delitos de los amigos del gobierno y a destapar los delitos de sus enemigos. Llega a perseguir a los opositores al presidente y a sepultar los procesos de sus copartidarios. Lo acabamos de vivir con la decisión del Fiscal Jaimes en relación con las acusaciones contra Álvaro Uribe. Sin sonrojarse, se convirtió en el abogado de oficio del acusado, cuando es la Fiscalía, en un sistema acusatorio, la que debe acusar al sindicado. Por eso, en solo 4 meses pidió al juez la preclusión de un caso que la Corte Suprema de Justicia llevaba cuatro años investigando y por el que se causó un expediente de más de 1.500 folios y una medida de aseguramiento contra un expresidente de Colombia, por primera vez en nuestra historia.

PROPUESTA 1.
Elección de Fiscal General de la Nación.

Mi propuesta es que el Fiscal General de la Nación sea elegido por la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de una terna enviada por las salas plenas de el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. De este modo se privilegia la independencia de la Justicia y no se permite la injerencia de la política en la decisión. Una elección así dejaría establecida la frontera entre la rama judicial frente a la ejecutiva y la legislativa. Muy difícil que las salas plenas de tres Cortes dejen colar, por ejemplo, a un Fiscal tan oscuro como Néstor Humberto Martínez o a uno tan mediocre y servil del establecimiento como Francisco Barbosa.

PROPUESTA 2.
Elección del Procurador General de la Nación.

Con la procuraduría sucede algo peor. Es el Senado de la República quien elige al Procurador General de la Nación. Es decir, parte de la clase política causante de la corrupción de Colombia elige a quien los va a disciplinar. Ya hemos visto como en el pasado Congresistas que votaron por el procurador de turno resultaron favorecidos con sus fallos. Para no ir tan lejos, Alejandro Ordóñez le pagó su voto al hoy sindicado y presidiario Eduardo Pulgar, con la preclusión de varios casos que se llevaban en esa entidad. También ha sido común encontrar fallos con sentido ideológico. No en pocas ocasiones, la Procuraduría pidió a la Fiscalía archivar casos de parapolíticos y paramilitares. Para nombrar un solo caso, son innumerables, los fallos de Ordóñez en favor de sus electores y viceversa.

Mi propuesta es que el Procurador General de la Nación sea elegido por concurso de méritos. Que tres universidades, de nivel superior, analicen las hojas de vida y el pasado de los candidatos y, de acuerdo con una puntuación que se establezca con criterios objetivos, entregue una terna de los mejores candidatos a la Corte Suprema para que allí en sala plena sea elegido el procurador o procuradora general de la Nación. La idea es que el o la elegida no le deba favores a los Congresistas a la hora de investigarlos a ellos y a sus protegidos en las regiones, casi siempre alcaldes y gobernadores de su mafia política.

PROPUESTA 3.
Elección del Contralor General de la República

El de la Contraloría es un caso idéntico. El Congreso pleno, es decir, el Senado y La Cámara de representantes en una misma sesión conjunta eligen el Contralor de la República. Es igual de aberrante. Los políticos comprometidos con el desfalco del erario nombrando a quien va a cuidar la torta, es decir, los ratones eligiendo a quien va a cuidar el queso. Eso no puede seguir así.

Mi propuesta es que el Contralor General de la República también sea elegido por concurso de méritos. Que otras tres universidades de nivel superior, diferentes a las que estudian las hojas de vida de los aspirantes a Procurador, estudien sus hojas de vida y sus antecedentes penales y disciplinarios y que, con base en un puntaje que se establezca con criterios de valoración objetiva, envíen las tres mejores hojas de vida al Consejo de Estado, para que sea esta Corte la que lo elija en sala plena. Nuevamente, esto se llama separación de poderes. De esta manera el Contralor no le deberá nada a quienes va a investigar.

PROPUESTA 4
Eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Otro órgano que funciona mal, o mejor, que no funciona en lo absoluto, es la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Es un adefesio. Es la negación absoluta de la separación de poderes. Allí mueren y se almacenan como hojas en otoño, cientos de denuncias contra expresidentes, fiscales y magistrados de las cortes. En casi 50 años solo ha proferido una acusación. Para citar un solo caso, a Álvaro Uribe le han engavetado allí cerca de 200 casos. Y es muy fácil. Cuando se tienen mayorías, se copa esa comisión con integrantes de los partidos de Gobierno y casos cerrados. No avanzan. Se quedan durmiendo en espera de que un arqueólogo de siglos posteriores los encuentre y los lleve a un museo.

Es imperativo eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por su alta politización y su extrema incompetencia. Por ejemplo, a sus integrantes no se les exige el título de abogado. En muchos casos ni siquiera tienen un título universitario de ningún área del saber.

En su lugar, propongo que se cree un “Super Tribunal para Aforados” con dos instancias. La primera conformada por un “tribunal de acusación de aforados” conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional y el presidente del Consejo de Estado y un “tribunal de casación para aforados” integrado por magistrados independientes, elegidos por las salas plenas de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de disciplina judicial, de ternas enviadas a estas Cortes por las facultades de derecho mejor calificadas en las pruebas saber Pro del año inmediatamente anterior a la elección . La etapa de instrucción estaría a cargo de Fiscales especializados ante ese tribunal.

PROPUESTA 5.
Medicina Legal ente autónomo

Para terminar con esta tanda de propuestas que a mi modo podrían mejorar la justicia o por lo menos independizarla, propongo que el Instituto de Medicina Legal deje de ser un apéndice de la Fiscalía General de la Nación y empiece a funcionar como un ente autónomo. Que su director no sea nombrado por el Fiscal General. Eso se presta para suspicacias y complicidades como lo vimos recientemente en el caso del supuesto suicidio con cianuro de Jorge Enrique Pizano, y la posterior muerte de su hijo al consumir cianuro por equivocación. Sobre este caso quedaron muchas dudas que aún no han sido resueltas. Sería muy sano y tranquilizador que el Instituto de Medicina Legal no dependa en lo absoluto de decisiones políticas. Para ello, es necesario que su director pertenezca a la carrera administrativa que se impulse dentro de la institución. De hecho el año pasado presenté un proyecto de ley al respecto, pero no fue aprobado por el Congreso de la República.

Quedan muchas cosas por mejorar en la Justicia como su autonomía presupuestal, la descongestión de juzgados, la estabilización de las penas, la abolición de privilegios en casos de corrupción, el endurecimiento de las penas para el caso de servidores públicos inmersos en delitos contra el patrimonio público, la muerte jurídica a entidades y personas naturales sentenciadas por corrupción, el fortalecimiento de la JEP, etc, que seguramente serán debatidas ampliamente en las mesas de trabajo temáticas del Pacto Histórico. Queda abierta la discusión.

Nos urge tener una justicia libre, una justicia independiente, una justicia respetable. Una justicia que le brinde garantías de transparencia y objetividad a todos los acusados. Y esto solo se logra si la despolitizamos, si impedimos que los políticos metan la nariz en ella. Ver un abogado prestigioso como el doctor Cancino, aleccionando a su defendido, el también abogado Diego Cadena, en presencia de su Fiscal, no deja de causar escozor y tristeza. Pero ver al Fiscal dirigiendo al procesado en lo que tiene que responder y recomendando al acusado que consulte con su abogado las respuesta antes de responderle a él, es una vergüenza judicial. No más envilecimiento de la justicia que significa, ni más ni menos que el envilecimiento del estado de derecho.

Dejo en discusión estos temas. Es hora de abrir los debates para enriquecer el pacto histórico. El próximo domingo haré mis propuestas sobre una reforma Política, tan urgente como la anterior.

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