Por: Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido “Iniciativa Feminista” de Suecia.
¡Y las fuerzas armadas colombianas lo volvieron a hacer!
Bombardearon un campamento guerrillero en donde se encontraban menores de edad. En noviembre de 2019, fueron asesinados siete menores de edad a causa de un bombardeo militar en el departamento de Caquetá. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero luego de una sesión en el Congreso, presentó su renuncia.
En junio de 2020 siete soldados del Ejército Nacional abusaron sexualmente de una niña Emberá Chamí. Como respuesta, el Ejército retiró al sargento que denunció a los soldados que violaron la niña.
A comienzos de marzo de presente año, las Fuerzas Armadas bombardearon un campamento en donde se encontraban niños en el departamento de Guaviare. Cifras extraoficiales hablan de 12 menores de edad. Lo que llama poderosamente la atención, es que el ministro de Defensa Diego Molano, llamó a los niños “máquinas de guerra” y por si fuera poco afirmó en una entrevista con RCN que les menores de edad “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”. En otras palabras, estos niñes y otros niñes en circunstancias similares, no son víctimas del delito de reclutamiento forzado, son delincuentes y merecen ser bombardeados. ¡La pena de muerte en acción! ¡Ni más ni menos!
La obligación del estado colombiano en este tipo de situaciones, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DHI), es brindar la protección necesaria para proteger los derechos de les menores objeto de reclutamiento forzado, por la sencilla razón que elles son víctimas de un delito y el Estado tiene la obligación irrenunciable de protegerles. Las normas del DIH son de obligatoria aplicación y no dependen de manera alguna de que la contraparte las respete. Es lo que se llama principio de la no reciprocidad.
Mucho menos puede un representante del Estado, en este caso un ministro, deshumanizar a esos menores, llamándolos, como lo hizo Diego Molano, “máquinas de guerra”, pretendiendo de esta manera crear el imaginario de que les menores asesinades en el bombardeo eran delincuentes, que merecían ser también objetivos militares legítimos. Si son máquinas de guerra, no son menores de edad, son blancos legítimos. Ese es su razonamiento.
Esta estrategia maléfica, es la misma que usaron en infinidad de ocasiones los nazistas en Alemania y los fascistas en Italia o el franquismo en España, así como también sus alumnos de diferentes dictaduras en Abya Yala como la argentina, la chilena o la brasilera. Era la estrategia de “deshumanizar” al enemigo. Lxs torturadxs, asesinadxs, desaparecidxs, masacradxs no eran seres humanxs, eran “cosas terribles” que merecían morir. Y, además, la “patria” está en una deuda de agradecimiento eterna con esos asesinos vestidos de uniforme. Estos si, los verdaderos hampones, para parafrasear una conocida activista uribista, apoyada en toda la infraestructura de un medio de comunicación a su disposición.
En medio de este panorama, resurge la noticia de la disposición del gobierno del presidente Duque de renovar la flota de aviones de guerra de Colombia. Para ello han dispuesto la suma de 4.000 millones de dólares para comprar 24 aviones de guerra. ¡Repito, 4.000 millones de dólares! Entre tanto, los sectores más explotados de la sociedad, las capas medias y las pequeñas empresas no tuvieron el apoyo que necesitaban y que el Estado hubiera podido brindar en medio de la pandemia.
Los países participantes en esta licitación son Suecia, Francia, España y Estados Unidos. Me pregunto, cómo, países que conocen de la situación de derechos humanos en Colombia y de las acciones claramente violatorias del DIH que ha desarrollado las Fuerzas Armadas colombianas, pueden llevar a cabo negociaciones para vender, esas si, máquinas de guerra, para volver a asesinar niñes que se encuentran reclutades de manera forzada. Claramente, la brújula ética de estos países del norte global está muy refundida. Llama especial atención, la actitud del gobierno de Suecia que se autodenomina como un “gobierno feminista”, que está presente de manera activa en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP apoyando, por ejemplo, las tareas de identificación de les desaparecides en el conflicto colombiano y simultáneamente negocia la venta de estas máquinas de la muerte. ¡La hipocresía expresada en la política internacional!
Se hace imperante una campaña internacional, para que los países productores de armas cesen sus acuerdos de colaboración militar con el gobierno colombiano, mientras sus fuerzas armadas sigan violando los derechos humanos y el DHI. ¿Quién dijo Yo?
Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido “Iniciativa Feminista” de Suecia.
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