La Alcaldía debe detener el ecocidio

Por: Heidy Sánchez

Desde la llegada de Claudia López a la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien ganó las elecciones bajo un discurso de cambio de rumbo frente al modelo de Peñalosa y prometiendo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, se han evidenciado serias inconsistencias entre lo prometido y sus acciones.

La suscripción del pacto ambiental por parte de alcaldesa se presentó como una esperanza dentro de los movimientos ambientalistas de la ciudad, en la medida en que contenía aspectos muy importantes como implementar modelos alternativos de movilidad para la ciudad, el detener las obras de endurecimiento de humedales, fortalecer la estructura ecológica principal, aumentar el arbolado urbano y los espacios verdes, entre otras medidas que contribuirían a configurar una ciudad ambientalmente sostenible. No obstante, con el paso del tiempo, en el modelo de ciudad que impulsa esta administración ha venido tomando fuerza el cemento, la ampliación de Transmilenio y la especulación financiera del suelo.

Así, se han venido profundizando y multiplicando las acciones del gobierno en detrimento de la Estructura Ecológica Principal, este es el caso de dos proyectos denominados “Diseños de obra de los proyectos Transmilenio Avenida 68” y “Ampliación de las estaciones Av. Suba”. Dichas obras de intervención tienen por objetivo continuar con el proceso de endurecimiento de la ciudad y son únicamente funcionales al modelo de movilidad de Transmilenio, concebido casi exclusivamente para el enriquecimiento de sus dueños.

Es por esto por lo que desde diferentes organizaciones se han generado acciones de protesta y rechazo, no solo por la tala indiscriminada de cerca de 350 individuos arbóreos (sumando los dos proyectos), sino por los incumplimientos por parte de entidades como el IDU, la Secretaría de Ambiente, entre otras, a los acuerdos alcanzados con la comunidad. Por ejemplo, se había llegado al compromiso de estudiar los diseños y presentar a la comunidad las medidas de compensación ambiental, que según la alcaldesa será una relación de 1:5 (por cada árbol talado, se sembrarán 5 nuevos).

A pesar de estos compromisos, en los territorios continúan las talas desconociendo el papel incidente y de control ciudadano de las y los habitantes. Adicionalmente, se desconocen los permisos y tratamientos silviculturales emitidos por la Secretaría de Ambiente e implementados por los ejecutores del proyecto y el seguimiento de los protocolos de participación ciudadana en etapa de diseño e implementación de las obras, esto, vale señalar, no solo compromete la siembra de especies, sino la garantía de su crecimiento y contribución ambiental a la ciudad.

Este ecocidio afecta la calidad de vida en el marco de una “Bogotá Cuidadora” que debido a los problemas ambientales se ha declarado en Emergencia Climática, ha promulgado al agua como columna vertebral del ordenamiento mediante Bacatá Hidrópolis y que en su Plan de Desarrollo Distrital se comprometió con el “reverdecimiento de Bogotá” y, en su programa 33, con aumentar los árboles de la ciudad a través de la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana. Todas estas acciones, ambientalmente necesarias, no se ven reflejadas con la ejecución de dichas obras.

El compromiso con el nuevo contrato social y ambiental para Bogotá debe implicar el rompimiento con la vieja estructura que concibe la naturaleza como adorno de la ciudad, y para ello, priorizar la vida en todas sus formas, las relaciones ecosistémicas y la protección de la Estructura Ecológica Principal como eje central del ordenamiento y la construcción de ciudad. Detener las obras que afecten la naturaleza, debe ser el verdadero compromiso de una administración que se ufana de ser verde, pero que con su accionar, pareciera que el color que más la identifica es el gris del cemento.

 

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