Montes de María: entre el olvido, la violencia y el anhelo de paz

 

Por: Victoria Sandino

La subregión de Montes de María como muchas en nuestro país, ha tenido una historia marcada por la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza, el despojo de tierras y la apropiación de las riquezas. Recientemente asistimos a una nueva escalada de violencia en esta región. En 2019 se registraron 96 homicidios y en 2020 a pesar de haber sido un año de confinamientos y poco tránsito, se registraron 87.

El recrudecimiento de la violencia en Montes de María requiere una respuesta inmediata por parte del Estado, pero hoy vemos todo lo contrario. Complicidad con poderosos actores económicos (legales e ilegales), políticos y armados que operan en connivencia y bajo el amparo del Estado.

Para nadie es un secreto que el potencial ganadero y agroindustrial de esta zona, así como la ubicación geográfica estratégica, han hecho de Montes de María un escenario de intensos conflictos por la tierra donde la presencia estatal ha sido fundamentalmente militar convirtiendo esta zona en un laboratorio de la guerra contrainsurgente.

El Estado colombiano es responsable por acción y por omisión de la acción paramilitar en esta zona, como en el caso de El Salado, donde se perpetró una masacre que duró más de cinco días y contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales sólo fueron capturados 15 una semana después de que acabó este crimen. Las víctimas exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y para esto es fundamental que el Estado colombiano asuma su compromiso con la verdad y la responsabilidad de la violencia estructural en este territorio, así como con las garantías de no repetición.

 

Sin embargo, este compromiso no se hizo evidente el pasado 2 de marzo en la audiencia pública de la Comisión de Paz del Senado, donde no asistió ningún funcionario del gobierno para escuchar las preocupaciones de la comunidad de Montes de María.

El clamor es claro: la comunidad de Montes de María cree en la paz. Los líderes y lideresas exigen la implementación y son muestra de la gran esperanza que representa la paz y el Acuerdo de La Habana para el pueblo colombiano.

Lamentablemente hechos como el desplazamiento de 27 familias en la vereda Caño Negro en El Carmen de Bolívar y las amenazas que ha recibido la comunidad de El Salado, son reflejo del creciente accionar del paramilitarismo en el territorio. La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es alarmante y está a la vista del gobierno sin que se haga nada al respecto.

Las y los líderes sociales vienen denunciando la presencia de este grupo paramilitar y por esto han recibido amenazas las organizaciones campesinas, sociales y sindicales, población en reincorporación, reclamantes de tierra y víctimas, estigmatizando y persiguiendo al valiente y resistente pueblo de los Montes de María. Es lo mismo que hoy, los y las firmantes de paz, vivimos: la cruenta estigmatización que nos ubica en el foco de un proyecto de exterminio sin fin con 259 compañeros/as asesinados/as.

La violencia en el territorio de Montes de María se alimenta del abandono sistemático por parte del Estado que ha sido incapaz de saldar la deuda social acumulada con las regiones más apartadas de nuestro país y ofrecer oportunidades de vida digna para las comunidades.

Ante esta situación de pobreza, los PDET consignados en la Reforma Rural Integral tienen el potencial transformador para construir desarrollo desde y para las comunidades. Por primera vez, tanto planes como inversión, estarían sujetos de manera participativa a lo que el pueblo determinara como su prioridad. Esto también lo esperaba la gente de Montes de María, pero a cuatro años de la firma del Acuerdo Final, no vemos esa realidad. Los PDET son una oportunidad de descentralización del poder político y económico, en el poder social.

Sin embargo, como lo afirma el Centro de Pensamiento y Diálogo Político el gobierno nacional se dedicó a simular la implementación a través de los PDET, ya que en la construcción de estos planes quedaron por fuera la participación efectiva y vinculante de las comunidades, y los PDET quedaron restringidos solamente a los Planes de Acción para la Transformación Regional, que a su vez tampoco son lo que estipuló el Acuerdo, pues muchas veces obedecen a responsabilidades cotidianas y básicas del Estado, con o sin Acuerdo de Paz. La política de simulación del gobierno impide que se cumplan los objetivos de transformación territorial necesarios para conseguir la paz.

Las y los líderes de Montes de María informan que estan aislados: a los grupos motor (grupos de impulso del PDET) no se les da información sobre qué se está haciendo, y si quieren esta información deben cumplir un trámite muy complejo a través de las secretarías de planeación. Pese a las falencias y la simulación los PDET no se están implementando cabalmente. Ojalá no se conviertan en otra bolsa de corrupción para alimentar el aparato clientelar de gamonales y políticos.

Siempre he puesto mi trabajo al servicio de las comunidades, de su protección y del logro de la paz. Estoy convencida de que es posible corregir el rumbo, implementar efectivamente el Acuerdo, ganar un gobierno alternativo y construir un país justo, para que poblaciones históricmente excluidas como la de Montes de María puedan ver crecer sus hijos e hijas y cultivar su tierra sin miedo a ser asesinados.

 

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