6402 asesinatos ¿Y qué papel jugó el Plan Colombia?

Por: Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido “Iniciativa Feminista” de Suecia. 

La Justicia especial para la Paz (JEP) presentó recientemente un informe sobre los 6.402 asesinatos fueron cometidos durante el periodo 2002 al 2008 por la Fuerzas Armadas colombianas, que como representantes del Estado colombiano tienen el monopolio del uso de la fuerza y por ello, pueden ser catalogados como crímenes de estado. Esto coloca los titulares de prensa en otra perspectiva. “Fuerzas Armadas colombianas asesinan a 6402 colombianos” o si se quiere “Estado colombiano asesina a 6402 colombianos”. El informe muestra que, durante este periodo, se registró el 78% del total de los asesinatos catalogada trágicamente como histórica.

El mito de los “héroes de la patria” se deshace de una vez por todas y coloca los reflectores en cuatro actores fundamentales durante este periodo. El primero, los ministros de defensa durante el periodo que el informe reporta. La actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, lo fue entre 2002 y 2003 periodo en el que, según la JEP, los casos estuvieron entre los 500 y 600 al año. Luego vino Jorge Alberto Uribe, quien estuvo de 2003 al 2005 y en donde los asesinatos siguieron en ascenso. En ese año 2005 llegó al ministerio Camilo Ospina, quien, a los pocos meses de estar en ese cargo, firmó la directiva ministerial 029 de 2005 que ofrecía una recompensa a los militares por cada guerrillero muerto. Entre los años 2006 y 2009 presidió el Ministerio de Defensa el expresidente y premio Nobel de la paz, Juan Manuel Santos. Cabe anotar que fue en el año 2007 que se dio el punto más alto de esta terrible práctica.

El segundo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez que, como máximo comandante de las Fuerzas armadas de acuerdo con la Constitución Política del país, debe asumir la responsabilidad que le corresponde ante tamaño genocidio que se une a tantos otros que anteriores gobiernos alentaron por acción u omisión. Uno de ellos, el genocidio contra la Unión Patriótica, partido de oposición que fue físicamente exterminado. Mas de 6000 de sus líderes y militantes fueron amenazados, desaparecidos, hostigados y asesinados a partir de 1984 y durante 20 años tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la complacencia de los primeros. Por estos hechos, existe una demanda contra Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien el pasado 8 de febrero desarrolló una audiencia en donde el estado colombiano reafirmó que solo reconoce 219 víctimas. El expresidente Uribe, en lugar de estar minimizando la gravedad de los hechos que se dieron durante sus dos gobiernos, que según Human Right Watch, no tiene paralelo con otros delitos de lesa humanidad internacional en otros lugares del mundo, debería estar asumiendo su responsabilidad y presentarse de manera voluntaria ante la JEP para decir la verdad. El expresidente centra su defensa en el cuestionamiento de las cifras. Esto no es un problema cuantitativo, es político, jurídico y ético cuando representantes del Estado asesinan, aunque sea una sola persona, porque ese Estado pierde legitimidad frente a la sociedad civil que dice proteger.

Un tercer actor son los altos mandos militares que durante este periodo estuvieron en la dirección de las Fuerzas Armadas y/o al frente de las guarniciones militares en donde se dieron estos casos de asesinatos. ¿Por ejemplo, cuando se decidirá el brigadier general (r) Adolfo León Hernández a presentarse ante la JEP o cuándo será llamado allí? Este militar fue el comandante del Batallón La Popa que pertenece a la Décima Brigada del Ejército entre el año 2007 y 2009, unidad militar que mayor cantidad de casos ha registrado. Algo similar ocurre con el excomandante del ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel , quien el diario El País lo vincula presuntamente a estos casos que son investigados por la JEP. Indudablemente, el estamento militar colombiano tiene mucho que decir, mucho que confesar y mucha verdad que aportar para que el proceso de paz pueda llegar a buen puerto. Por eso no es entendible que el actual comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, en lugar de salir a apoyar el esfuerzo por encontrar la verdad, se haya dedicado a comparar a las victimas (¿y a la JEP?) con “víboras venenosas” que pretenden atacar y debilitar las Fuerzas Armadas. El general, haciendo gala de amplios conocimientos en la viejísima doctrina de Seguridad Nacional, ha optado por ponerse del lado opuesto de la verdad.

Y la reflexión sobre el papel de los militares en estos execrables asesinatos de Estado nos llevan al cuarto actor, los gobiernos de turno de Estados Unidos. Es un hecho ampliamente conocido la cercanía entre las Fuerzas Armadas colombianas y las de Estados Unidos quienes durante décadas se han encargado de la instrucción tanto militar como doctrinal de las fuerzas armadas en Latinoamérica, entre ellas las colombianas. Ya lo señala Human Rights Watch en su último informa cuando afirma que “Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia”. Recordemos que por el año 1999 se concibió el llamado “Plan Colombia” entre el gobierno colombiano de entonces, presidido por Andrés Pastrana y el de Estados Unidos en cabeza de Bill Clinton. Oficialmente se dijo que el objetivo de dicho plan era “promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas.”

El problema con este Plan Colombia era que se centraba en señalar como fuentes del conflicto interno el problema de las drogas y dejó de lado por completo, el análisis de las causas estructurales y la responsabilidad histórica del estado colombiano. Por ende, cerró los ojos ante la crisis social y de derechos humanos en el país. De esta manera implementó una estrategia con un gran componente militar. Esto contribuyó de manera decisiva al incremento del conflicto armado y a la crisis de los derechos humanos.

Estados Unidos invirtió un total de 9,6 billones de dólares. Por cada 10 dólares usados en el Plan Colombia, siete eran de ayuda militar. Entre los años 2004 a 2009 esa cifra se elevó a nueve dólares. Interesante constatar que fue uno de los periodos más críticos en la situación de derechos humanos en el país. ¿Fue solo una coincidencia? Me niego a creer eso. Es evidente que recursos del Plan Colombia fueron usados en la lucha contrainsurgente. La participación de los gobiernos de Estados Unidos en el conflicto interno colombiano durante los años investigados por la JEP y el involucramiento de ese país en este conflicto es, indudablemente, un tema de obligada investigación si es que hablamos en serio, de buscar la verdad.

Las cifras 6402 y 1087985 serán, para siempre vinculadas a una de las mas trágicas historias en la historia de la humanidad: 1087985 es el número que le correspondió al expresidente Uribe como reo cuando estuvo detenido, y que con la implementación de la llamada “Seguridad Democrática” creó las condiciones para que 6402 colombianos inermes fueran asesinados por el Estado. Cifra que supera la cantidad de víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile que se estima en 3500.  ¿Alguien duda todavía que se requiere de la intervención de la Corte Penal Internacional en el país?

 

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