El diálogo social en Buenaventura es el diálogo social que necesita Colombia

Por: Victoria Sandino Simanca Herrera

Buenaventura es más que puerto, containers y dólares que entran y salen: Buenaventura es un resumen de nuestro país, de sus luchas y sus crisis.

En Buenaventura habitan pueblos afros, indígenas, inmigrantes, jóvenes, mujeres, niñas y niños, una ciudad tan rica y diversa, pero a su vez, llena de contrastes desgarradores. Este puerto mueve más de 2.000 millones de dólares anuales. De allí entra y sale el mayor volumen de importaciones y exportaciones del país. Para el 2017 se calculaba que el 64% de su población urbana era pobre, mientras que en la rural la pobreza escalaba al 91% de la población.

Buenaventura es una ciudad de resistencias, como lo demostró el paro cívico del 2017, que no solo puso en jaque a los entes territoriales, sino que mostró su importancia estratégica. Pero también es un territorio donde se expresan todas las crisis posibles:

Una crisis humanitaria que hoy viven sus habitantes con asonadas, el regreso de las casas de pique, los grupos armados vinculados a las mafias del negocio del narcotráfico y el contrabando.

Una agudísima crisis social que se expresa en un desempleo de más del 65% con un 90% de informalidad, con el hospital Luis Ablanque de la Plata a punto de ser liquidado, sin vías, con gran parte de la población habitando en viviendas inadecuadas.

Una crisis política con la detención de cuatro de sus alcaldes en solo siete años por corrupción.

Una crisis ambiental por los impactos de megaproyectos relacionados a las concesiones portuarias y, en el pobrísimo ámbito rural, la presencia de empresas mineras y forestales.

En Buenaventura existe un racismo institucional e histórico que hace que los pueblos étnicos sean quienes menos participen de las riquezas que se generan en el puerto: doce empresas son dueñas de la dinámica portuaria, negocio que apenas retorna el 5% de sus ganancias al municipio.

La situación para las mujeres y jóvenes en Buenaventura tampoco es la mejor. El año inició con el feminicidio de Dora Inés Caicedo a manos de su expareja. El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor número de casos de violencias contra las mujeres en donde se ubica a Buenaventura como uno de los seis municipios donde más se cometen estos crímenes. La falta de oportunidades para las y los jóvenes se ha visto reflejada en una creciente vinculación a grupos armados. Las y los jóvenes no tienen derecho a pensar y actuar críticamente en Buenaventura.

La solución preferente que proviene del Estado es, como pasa en muchas otras partes del territorio nacional, reducir la situación a una de seguridad y buscar con ello la manera de ampliar su pie de fuerza. Así las cosas, el abandono del Estado se excusa en el narcotráfico, el sector privado se excusa en la corrupción de los políticos locales, los políticos locales se excusan en el abandono del Estado central. Y en medio de este lavatorio de manos queda la gente atemorizada, desplazada, como lo indican el creciente éxodo de familias de Buenaventura al Quindío.

La situación de éste puerto sólo puede cambiar si no hay un diálogo franco sobre estas realidades. Un diálogo en un lugar habitado por múltiples pueblos y diversidades debe ser incluyente y vinculante.

Una solución para Buenaventura no puede limitarse al problema de la seguridad. Tiene que haber una agenda muy amplia de política social, económica, ambiental y cultural que ponga fin a la enorme inequidad que existe en este territorio: activación de la economía regional con oportunidades para todas y todos, no solo para los grandes negocios; inversión en el sector agropecuario especialmente de la economía familiar y campesina; ampliación de la infraestructura de las redes de servicios en salud a cargo del Estado así como un modelo de salud adecuado a las necesidades del territorio; fortalecimiento y protección a las formas organizativas locales; respeto a la autodeterminación de los pueblos que allí habitan; ir más allá de la consulta previa hacia mecanismos realmente vinculantes de la participación de los pueblos étnicos; entre muchos otros puntos.

Esta transformación tiene importantes medidas del enfoque territorial del Acuerdo de Paz, que no han sido implementadas, contribuyendo a agudizar la crisis de los territorios. Por ejemplo, contemplaba Buenaventura como municipio priorizado en un plan para el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, una Circunscripción Territorial Especial de Paz y un territorio PDET.

El problema de Buenaventura y el Pacífico colombiano, no se trata de la emergencia actual, son reivindicaciones que constituyen una parte importante de luchas sociales y paros cívicos que se han dado históricamente en ese territorio y, mientras no sean tratados como corresponde, no será posible superar la crisis para los pueblos de Buenaventura.

 

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