24F: Día contra la Brutalidad Policial

Por: Heidy Sánchez, Concejala de Bogotá por la Colombia Humana – UP

Como cada 24 de febrero se conmemora en Colombia el Día contra la Brutalidad Policial, al ser la misma fecha de creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) a través de la Directiva Transitoria #0205 del 24 de febrero de 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana. Si bien la Dirección de la Policía estructuró dicho escuadrón para solventar una coyuntura temporal, ya son 22 años de su existencia dirigida a la represión de la protesta social, convirtiéndolo en un cuerpo permanente.

El ESMAD está conformado por alrededor de 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres para su operación nacional y cuenta con un presupuesto anual que supera los $490.000 millones de pesos según cifras de la Policía en 2019. Asimismo, vale la pena señalar que para el año 2020, en pleno auge de la pandemia, el gobierno de Iván Duque invirtió $9.500 millones de pesos más en 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 cartuchos calibre 12 para el fortalecimiento del arsenal letal de este escuadrón.

En 22 años del ESMAD, el uso desmedido de la fuerza que se refleja en sus balas y golpes ha cobrado la vida de al menos 34 personas en el marco de protestas, dentro de estas, 19 víctimas en Bogotá. Este es el caso de Nicolás Neira, quien a sus 15 años fue asesinado producto de golpes y un disparo en la cabeza por parte del ESMAD en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo el 1 de mayo de 2005. Luego de 16 años de lucha contra la impunidad, especialmente la de su padre Yuri Neira, se presentó la primera condena. El juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá emitió fallo condenatorio contra el uniformado Néstor Julio Rodríguez Rúa el pasado 25 de enero por el homicidio de Nicolás.

Asimismo, Dilan Cruz fue la última víctima registrada por el accionar de este escuadrón. El joven de 18 años murió luego de ser impactado en la cabeza por un cartucho bean bag disparado por el capitán Manuel Cubillos, cuando este accionó una escopeta calibre 12 a menos de 20 metros de distancia. Esto, en el marco de las protestas del paro nacional el 23 de noviembre de 2019. Más de un año de esta tragedia y el caso sigue en la impunidad dentro de la justicia penal militar, mientras el capitán Cubillos sigue libre y sin ninguna sanción dejando sobreexpuestas las falencias de la justicia para actuar en estos casos de excesos por parte de la fuerza pública.

No obstante, es fundamental señalar que la brutalidad policial no es un fenómeno exclusivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sino que hace parte de un accionar sistemático incrustado en las raíces propias de la Policía Nacional. El abuso ha sido una constante en esta institución que ejerce violencia y represión en mayor intensidad contra ciertos sectores considerados como una “amenaza para la seguridad y el bien público”. Sus abusos parten de una concepción que ha segregado a la juventud, los estudiantes, la población de las periferias, las y los trabajadores informales, las trabajadoras sexuales y los sectores sexualmente diversos, entre otros.

Para no ir tan atrás en el tiempo, basta con recordar los episodios del año 2020 en el marco del confinamiento en Bogotá, como fue el caso ocurrido con la población de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar que fue agredida y desalojada en mayo, como otras comunidades que con trapos rojos y actuando por pura y física hambre tuvieron que salir a protestar exigiendo ayudas para subsistir. También sucedió con las trabajadoras sexuales trans del barrio Santa Fe que por salir a buscar un sustento fueron perseguidas, golpeadas e, incluso, recibieron disparos con balines por parte de uniformados, como fue registrado en la madrugada del 20 de junio por la Red Comunitaria Trans.

Por supuesto, no podemos olvidar la cúspide del abuso policial en 2020, y tal vez en la historia de Bogotá, con la absurda masacre del 9 y 10 de septiembre, donde la Policía asesinó a 13 jóvenes luego de las protestas desencadenadas por otro crimen policial: el de Javier Ordóñez, quien no soportó la tortura con pistola taser y los golpes de varios uniformados dentro del CAI de Villa Luz. Lamentablemente, pronto se cumplirán 6 meses de estos hechos y como es costumbre, la impunidad sigue latente y el interrogante de quién dio la orden continúa sin responderse.

Sin duda existen grandes problemas en la justicia colombiana para que los uniformados y la línea de mando respondan por sus delitos, haciendo que las sanciones y las condenas sean la excepción y no la generalidad como debería ser. Es por ello por lo que la consigna en este 24F debe ser además de exigir justicia para las víctimas, la necesidad de una urgente reforma estructural a la Policía Nacional.

Una solución de fondo al flagelo del abuso policial debe partir de una reestructuración de esa institución, la cual tiene que incluir la implementación completa del punto 2 del acuerdo de paz para que atrocidades como las de septiembre del 2020 no vuelvan a repetirse. Del mismo modo, la Policía como cuerpo civil armado destinado a la garantía de la seguridad ciudadana, debe estar adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa, e igualmente debe ser excluida del fuero penal militar para que sea la justicia ordinaria la que pueda juzgarla.

Del mismo modo, para una reforma real se tiene que abolir la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, fortaleciendo de la mano una formación en derechos humanos y garantizando el acceso a educación superior para la fuerza pública. Asimismo, es necesario el desmonte del ESMAD y el uso de las armas de letalidad reducida para el manejo de la protesta social, afianzando la capacitación y la labor civil que debe tener la institución.

Igualmente, es necesario un trato diferencial con las mujeres y los sectores sexualmente diversos, no podemos olvidar que entre los años 2017 y 2019 se registraron 102 hechos de violencia sexual por parte de uniformados de la Policía, donde en la mayoría de los casos las víctimas fueron mujeres como lo señala la ONG Temblores. También es pertinente establecer un efectivo mecanismo de participación y veeduría ciudadana sobre el actuar de la Policía en todos los niveles, con medidas celeras y efectivas frente a las denuncias que se interpongan.

Finalmente, es fundamental generar condiciones de igualdad al interior de la institución que eliminen las barreras de ascenso para los policías de base y a la par, diseñar un mecanismo de selección y reclutamiento en el que las evaluaciones psicológicas y la búsqueda de antecedentes nutran la institución de personas que tengan la empatía y el servicio, no la agresividad o la imposición como eje central de la carrera.

Aunar esfuerzos por la exigencia de una reforma estructural a la Policía Nacional debe ser la prioridad, no solo para que cese el flagelo de los abusos por parte de la fuerza pública sino también por el respeto a la memoria de todas y cada una de sus víctimas. Nadie más debe morir exigiendo sus derechos.

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