Por: Heidy Sánchez
En debate de control político dejamos en evidencia la falta de gestión y los incumplimientos de lo proyectado por parte de la administración distrital en torno al manejo de la pandemia. Situación que no es novedad, ante el sinnúmero de promesas incumplidas por parte de la “Bogotá Cuidadora”. La improvisación de la alcaldesa y las metas no cumplidas han conllevado a una segunda ola de contagio con cifras mucho más elevadas, mientras la Alcaldía se centra en pedir a la ciudadanía resiliencia, disciplina y se culpa -sin evidencia científica de ello- a una nueva cepa del virus.
Los errores de gestión vienen desde el comienzo de la emergencia. En marzo 2020, el Distrito estructuró 4 fases para implementar progresivamente la respuesta del sistema de salud a la pandemia, donde era necesario fortalecer el mismo, primordialmente a través de aprovisionar la ciudad con UCI, aprovechando la fase de contención-cuarentena para poder estar preparados para la siguiente fase de mitigación. Basados en una tasa de contagio inicial de 2,68 calculada a partir del primer caso registrado (cuando todavía estábamos en actividad normal), se demandaban 5.401 camas de UCI para dar respuesta a la emergencia.
Partiendo de un total de 290 UCI disponibles para atender pacientes críticos, en las 4 fases del plan en salud mencionado, contando su activación a partir del 1 de abril, progresivamente se fortalecería el sistema para llegar a 5.482 UCI disponibles al 30 de mayo. En función de esto, era urgente la consecución de ventiladores y la adecuación de camas existentes en los hospitales, facilitando el traslado de 2.000 pacientes hospitalizados por enfermedad general a Corferias, bajo el objetivo de abrir en estos los cupos demandados para UCI COVID-19, a la vez que se necesitaba conseguir y organizar el talento humano que requería dicho plan.
Una vez pasamos a la etapa de contención-confinamiento, el comportamiento epidemiológico de la pandemia evidenciado en abril y mayo, por obvias razones manifestó una disminución en la demanda de servicios y un freno en la ocupación hospitalaria. La razón de transmisión disminuyó y quedó en alrededor de 1.1, lo que cómodamente le permitió hacer un nuevo cálculo de necesidades al Distrito; obviando el escenario futuro de rebrote tras un periodo de normalidad. Bajo las medidas de confinamiento resultó que ahora se demandaban un poco más de 3.000 camas, 2.000 camas UCI y 1.000 hospitalarias para pacientes severos. Curiosamente, el único cálculo que no cambió fue el de Corferias, en este se siguieron demandando las 2.000 camas para garantizar el proceso de expansión y reconversión, y conseguir el número de UCI proyectado en los hospitales existentes.
Ese nuevo cálculo se justificó bajo el comportamiento epidemiológico de abril y mayo donde se supone que ya deberíamos contar con alrededor de 5.000 UCI en la ciudad según el primer plan, sin embargo, la incapacidad de gestión del gobierno distrital marcó una realidad y es que para septiembre solo pudimos contar con un poco más de 1.700 UCI COVID-19. Peor aún, a la fecha ya han pasado 10 meses y todavía no se ha cumplido con las metas proyectadas, razón por la que Bogotá apenas cuenta con 1.878 camas UCI COVID-19 con una ocupación del 91,5%[1].
Corferias: un elefante blanco desmontado
Al Centro Hospitalario Transitorio de Corferias se inició trasladando pacientes de la red pública y la idea era ir aumentando progresivamente su capacidad, acorde al comportamiento de la demanda, hasta llegar a contar con 2.000 camas hospitalarias. Para esto, la Alcaldía en conjunto con la Subred Centro Oriente firmaron contrato con Corferias, que es una sociedad de carácter privado, donde se comprometieron a cancelar $200 mil millones para materializar el plan, de los cuales 20 mil millones ya se habían pagado en junio. No obstante, en casi dos meses de funcionamiento, se hospitalizaron un total de 99 pacientes para su manejo médico, donde a finales de junio se encontraban solamente 19 internados. Cada paciente le costó al Distrito un poco más de 200 millones de pesos.
¿No hubiera sido más funcional la adecuación del Hospital público San Juan de Dios para brindar esta atención, como insistimos desde el principio de la emergencia, en vez de pagar esta millonaria suma en beneficio de un privado? Utilizando las instalaciones públicas del San Juan: ¿No hubiera sido menos costoso el tratamiento a estos 99 pacientes y lo invertido tendría un mayor impacto y duración para los servicios de salud en el Distrito? Que incluso hoy estaría disponible y se estuviera utilizando para hacer frente al rebrote.
Alegra que Corferias nunca se saturó, pero no fue por la respuesta instaurada por el Distrito como lo afirmó en reiteradas ocasiones la administración. La saturación del Centro Hospitalario Transitorio en primera instancia significaba la efectividad en el fortalecimiento del sistema de salud en términos de UCI, lo que demandaba el traslado a Corferias de pacientes que ya estaban hospitalizados por enfermedad general en una IPS. Esto fue lo que verdaderamente no se cumplió y por eso disentimos del manejo y lógica aplicada por la Alcaldía. Fue la incapacidad de gestión principalmente de UCI lo que bajó la demanda real en Corferias y se remplazó por la prolongación de la cuarentena en perjuicio de la salud social y económica de la ciudad. Lo que parece que es la mediocre fórmula que nos quieren repetir con el rebrote.
Este posible detrimento patrimonial para favorecer a un privado se desmontó sin sonrojarse al terminar septiembre. Saludamos que ahora en el rebrote se estén construyendo hospitales de campaña por parte del Distrito en los hospitales públicos, ojalá se incluya al San Juan de Dios para este fin ya que hasta que no termine la inmunización por medio de la vacunación no podemos afirmar que este sea el último episodio y necesitamos esta vez sí estar preparados. Sin embargo, aún falta una rendición de cuentas públicas sobre lo de Corferias y admitir el error por respeto a la ciudadanía, aunque sabemos que para la administración vale más la imagen de la alcaldesa.
El mal gobierno lo pagan los pobres
La incapacidad de gestión de la Alcaldía abrió paso a una dudosa reapertura bajo un posible rebrote que ya se está materializando y un retorno rápido al confinamiento total ya que no se preparó otro escenario. Este cumplimiento limitado de las proyecciones para dar una respuesta adecuada en salud a la pandemia como ya lo afirmamos hizo que tuviéramos que pasar uno de los confinamientos más largos con graves efectos económicos y sociales para Bogotá y sus ciudadanos. Es conocido que la mayor dificultad con el COVID no es tanto su letalidad, a excepción en adultos mayores o personas con comorbilidades, sino su capacidad de trasmisión, lo cual lleva a aumentar la demanda de servicios hospitalarios y de UCI para su tratamiento que si llega a saturar el sistema de salud existente puede conducir a altísimos índices de mortalidad por mala respuesta y atención deficiente.
Es por ello por lo que aumentar el número de UCI en Bogotá es fundamental porque esto abre mayores márgenes a las medidas que se pueden tomar. En vez de optar por este camino con una buena gestión de gobierno, la Alcaldía tomó y sigue tomando el camino más tortuoso que es el de hacer de la medida de confinamiento su herramienta principal para mantener abajo la tasa de contagio y así no saturar el limitado y no fortalecido sistema de salud según lo proyectado. Por ese motivo caminamos al filo del abismo desde principios de junio con la alerta naranja por la ocupación del 50% de las UCI COVID-19 disponibles y la alerta roja por la ocupación de más del 70% de las UCI disponibles desde finales de junio, hasta que todos los índices bajaron después de 6 meses de encierro en diferentes modalidades. Situación a la que hemos vuelto hoy al tener una ocupación de UCI COVID-19 del 91,5%.
Utilizar el confinamiento como la principal estrategia puede mitigar los malos resultados en salud de la pandemia, pero tiene una desastrosa consecuencia para la ciudad, su salud mental y su economía. Al no haber dado verdaderas garantías, sin renta básica y ayudas directas no bancarizadas a las empresas y negocios, entre otras, los estratos medios y pobres son los que han tenido que sufrir los efectos más fuertes de la mala gestión distrital ejecutada.
Los más pobres tuvieron que salir a protestar y finalmente a trabajar en la informalidad para garantizar su subsistencia. Otros tuvieron que ver bajo el desespero del encierro total o escalonado y a destiempo cómo quebraban los negocios que habían conseguido levantar con el esfuerzo de toda una vida. La inquietud que nos surge ante esta situación es si el Distrito tiene el balance de cuántos negocios quebraron durante estos meses, cuántos lograron subsistir y reconvertir con su ayuda, cuántos están en un caso crítico, así como si existen las medidas efectivas con las que se va a ayudar directamente a los casos críticos para que no quiebren y a aquellos que vieron frustrados durante la cuarentena sus posibilidades de desenvolvimiento económico.
La realidad fue que a principios de agosto acumulamos un total de 3.668 fallecimientos por COVID-19, que ha sido más letal para la población adulta y adulta mayor, pero sobre todo para los más pobres, destacadamente para los estratos 1, 2 y 3. La incapacidad del gobierno distrital para cumplir con el plan de UCI contribuyó a eso. Es por este motivo que a pesar de que el 95% de los fallecidos lo hicieron en un hospital o clínica, de los más de 3.500 casos solo 1.270 fallecieron en UCI pues fue la capacidad limitada que lastimosamente se garantizó para ese momento. La pregunta que nos surge es si se pudo haber evitado muertes con una mejor gestión y con el cumplimiento de las proyecciones de UCI realizadas en un principio, y si, debido a la negligencia del gobierno distrital, para el rebrote este escenario se repetirá.
¿Atención Primaria en Salud para cuándo?
Sumado a esto, en el Plan Distrital de Desarrollo se tenía como hoja de ruta el ajuste del modelo de Atención Primaria en Salud (APS) incorporando el enfoque poblacional y diferencial, de cultura ciudadana, género, participativo, territorial y resolutivo; buscando implementar un modelo compuesto por 20 coordinaciones por localidades y 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios, focalizando a la población con mayor índice de pobreza multidimensional.
Frente a esto, la administración en el marco de la pandemia no ha dado cumplimiento a la implementación de la APS, la cual debería funcionar como una estrategia efectiva para mejorar la salud de la población y reducir las inequidades en la medida en que coadyuva eficazmente a enfrentar los determinantes sociales, las necesidades en salud y las acciones coordinadas a nivel sectorial e intersectorial.
Pero esto no ha ocurrido en la ciudad y al contrario, en la lógica de la mercantilización de la salud, se han cerrado los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) sin prestar ningún servicio en cuanto a la prevención de la enfermedad, promoción de la salud y la rehabilitación; siendo evidente que el mayor número de prestadores de servicio se concentran en el norte de la ciudad, generando serias barreras de acceso para las personas ubicadas al sur, específicamente en la periferia, con peores condiciones socioeconómicas y sin una renta básica universal.
En el marco de la pandemia se evidencia un sistema de salud que se encuentra al tope por el incremento de casos positivos para COVID-19, pero el énfasis individualista, curativo y de contención de costos del aseguramiento dificulta la atención médica oportuna, integral, continua y coordinada, así como su articulación eficaz con las acciones colectivas y las de otros sectores sociales. En este momento, el sistema de salud ha sido incapaz de llevar a cabo la aplicación oportuna de la toma de muestras del virus ante la ausencia de puntos, celeridad en resultados y seguimiento de casos, lo que es una radiografía clara sobre lo que se viene frente a la aplicación de las vacunas.
Que cada uno se cuide como pueda
Llegado el punto de insostenibilidad económica de la cuarentena se decidió por la reapertura terminado agosto, pero de una forma absolutamente desordenada. Atrás quedaron las regulaciones sobre turnos para la entrada en funcionamiento de distintos sectores y la promesa de una Bogotá 24 horas -cuya espina dorsal es el funcionamiento permanente del sistema de transporte público- que jamás pasó de un piloto para restaurantes en algunas localidades.
Así, en la práctica, el mensaje que la Alcaldía le envió a los ciudadanos fue “se reabre todo y cada uno que se cuide como pueda”. Esta situación disparó previsiblemente los contagios en la ciudad, llevándonos al rebrote que hoy enfrentamos, aún sin un sistema de salud que sea capaz de hacerle frente, lo cual está demostrado en la ocupación de camas UCI que está por encima del 90% y al borde del colapso. Claro está, si seguimos las cifras de la Alcaldía que, como demostró el informe de la Personería, no siempre coinciden con la realidad, entre otras porque SALUDATA, a pesar de las promesas, no es un sistema de información en tiempo real, por lo mismo, tiene sustanciales retrasos que impiden el debate y el control democrático. Esperamos que los datos con los que se toman decisiones sean mucho más actualizados.
Por ejemplo, y tal como lo evidenció la Personería, mientras SALUDATA reportaba una ocupación de UCI de 56.7% en el Hospital Simón Bolívar, en realidad el porcentaje de ocupación era del 78.7%. Asimismo, en San Blas, se reportaba una ocupación del 55.6%, pero en realidad estaba al 100%, y así en varios hospitales de la ciudad.
Urge un nuevo rumbo
En conclusión, Bogotá diseñó un programa de atención a la pandemia que no se cumplió. Partiendo de una tasa de contagio inicial de 2,68 -en situaciones de normalidad- se había diseñado una estrategia de fortalecimiento del sistema de salud consistente para llegar a 5.401 UCI y, mientras esto pasaba, usar la cuarentena como medio -transitorio- de contención, trasladando pacientes al hospital de campaña montado en Corferias con tal de abrir cupos para la adecuación y/o reconversión de camas en las IPS. La realidad es que nunca hubo este fortalecimiento serio del sistema de salud. Al sol de hoy todavía no tenemos ni 2.000 UCI dispuestas para la atención de COVID-19, el gobierno se escudó en la disminución de la tasa de transmisión para bajar sus metas que igual tampoco cumplió.
Por esta razón no hubo que adecuar camas de los hospitales para transformarlas en UCI y, a su vez, no hubo necesidad de trasladar a nadie a Corferias, por lo que los cuantiosos recursos entregados a un privado con ese propósito se perdieron. Tampoco se modificó, tal como se había establecido en el Plan de Desarrollo, el Sistema de APS para utilizarlo como parte de una estrategia efectiva para enfrentar la pandemia y así garantizar una atención preventiva y adecuada a la población más vulnerable, el seguimiento a casos y la recolección de datos epidemiológicos que permiten tomar decisiones argumentadas.
Al no preparar el sistema de salud para volver a la normalidad, la estrategia fue prolongar repetidamente la cuarentena o el aislamiento obligatorio en dimensiones que generaron efectos devastadores para la salud mental y la economía de la ciudadanía bogotana, en especial la más pobre y vulnerable, para quienes las ayudas nunca llegaron, o no en las cantidades necesarias.
Así, la cuarentena, que era una acción transitoria mientras se fortalecía el sistema de salud, se convirtió en la principal herramienta de manejo de la pandemia por parte de la alcaldía mientras que dicha medida careció de una cobertura en asistencia social que dimensionara la severidad de esta: a la gente se le encerró y se le dijo que no podía salir a trabajar sin tener garantías para sus familias, a pesar de que el 41.9% de la población ocupada de la ciudad vive de la informalidad.
Por último y en cuanto a la tarea de inmunización de la población en la ciudad, es necesario dejar planteados varios interrogantes que deberán ser resueltos por el Distrito en lo pronto: ¿A qué grupos poblacionales se va a privilegiar con la vacuna en el inicio de la inmunización? ¿La aplicación de la vacuna se realizará a ciudadanos teniendo en cuenta su edad, sus comorbilidades y a trabajadores de la salud? ¿Cuál será la ruta que se utilizará para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19?
La Secretaría de Salud distrital debe formular un plan de vacunación. Es un debate que tiene darse y una definición que debe tomarse desde ya, porque no podemos repetir el escenario de improvisación y mala gestión que se vive desde 2020 con el manejo de la pandemia, que acarrea los nefastos efectos que estamos enfrentando.
- SALUDATA. Fecha de corte: 10 de enero de 2021 ↑
