No solamente hay que decirlo, hay que serlo y hacerlo en la práctica

No solamente hay que decirlo, hay que serlo y hacerlo en la práctica

Por: Jaime Gómez / Analista Internacional – Vocero en asuntos de política exterior del partido Iniciativa Feminista de Suecia

Los últimos acontecimientos ocurridos en diversas partes del mundo ponen sobre el tapete la discusión sobre el contenido de la Democracia. Es un término muy empleado últimamente, podría decirse que su popularidad es universal a tal grado que los gobiernos, independientemente de su talante, se reclaman democráticos, inclusive los dictatoriales. Recordemos que Pinochet denominaba a su gobierno como un régimen de “democracia protegida”. A pesar de ello, pocas veces nos detenemos para analizar los verdaderos alcances de este concepto. Lo damos como algo dado, como quien recoge un artículo en los estantes de un supermercado y luego se usa sin reflexionar sobre su significado y las implicaciones de su aplicación en una realidad dada.

Democracia no es un concepto estático, es fundamentalmente un concepto sociopolítico. Las ciencias políticas definen democracia como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. El término se usa también por extensión a comunidades o grupos organizados donde todes les individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Ello implica necesariamente, que es aplicable también a las organizaciones políticas quienes deberán generar métodos democráticos para tomar las decisiones, pero también diseñar estrategias para construir una praxis democrática. Es decir, la práctica democrática debe ser una preocupación constante, permanente y de primer orden de las organizaciones políticas que dicen impulsar proyectos democráticos.

Plantearse el desarrollo de un proyecto político implica no solamente el impulso de propuestas que garanticen el goce de los derechos fundamentales a todas las personas. Implica también el rediseño de las estrategias y prácticas políticas asociadas con el abuso del poder que es condición necesaria para el surgimiento de la corrupción y la politiquería. Eso quiere decir, un trabajo consiente y continuo por la renovación de las prácticas políticas que dejen a un lado esos discursos y esquemas estrechos y egoístas con las que los partidos de las élites colombianas, comúnmente llamados partidos tradicionales, continúan permeando la praxis política tradicional. Si revisamos la historia de Colombia, podemos observar diversos ejemplos de cómo los partidos de las élites colombianas han implementado políticas excluyentes y han sido los promotores del manejo antidemocrático de la política y de la vida de los ciudadanos, que no pocas veces ha concluido en un conflicto armado interno.

Fue el contenido de esa política que sentó las bases que cimentaron las tremendas diferencias sociales, económicas y de género, que implementaron políticas atentatorias contra los derechos humanos y contra los derechos de la naturaleza y contra el derecho a la vida que hoy en día existen en la sociedad colombiana. La forma como se ha expresado esa política ha sido excluyente, vertical y autoritaria porque no consulta el pensar y el sentir de esos sectores excluidos que dicen representar y las cuales, a pesar de conocer de primera mano, cuáles son sus necesidades no han sido oídas. Este es una contradicción intrínseca a la democracia liberal que Anibal Quijano, sociólogo peruano, explicaba muy bien cuando afirmaba que la piedra de toque de la democracia liberal “es la idea de la igualdad jurídica y política de los desiguales en las demás áreas de la existencia social”. Esa realidad que genera una igualdad ante la ley, pero no ante la vida excluye a muchos sectores de la sociedad de la posibilidad de ser actores y sujetos de la política.

Esa exclusión es antidemocrática y se expresa, por ejemplo, en el manejo burocrático de las administraciones a nivel nacional regional o local, en el manejo corrupto de los presupuestos de los entes territoriales o en la negación del servicio esencial de salud o del derecho a la educación. Pero se expresa también en la existencia de estrechos espacios de participación política que no son otra cosa que el reflejo de los muy estrechos espacios democráticos que existen en la sociedad. Cuando la sociedad no le puede garantizar el derecho a la vida a un líder social, entonces el discurso que defiende el carácter democrático del gobierno tiene sabor a mentira descarada.

La posibilidad de votar en un proceso electoral se nos quiere presentar como la máxima, a veces la única expresión de participación democrática. Es lo que llamo el “síndrome de participación democrática”, es decir, la ilusión que yo, como sujeto activo, uso mis derechos democráticos cuando voto por una persona y delego mi derecho de decidir en esa persona. Luego puedo olvidarme de las decisiones que se requieren tomar entrando en una suerte de hibernación que dura cuatro años, hasta las próximas elecciones. ¿Es esta la única posibilidad de ejercer mis derechos democráticos? ¿Si analizamos el fenómeno electoral, por qué no podemos ampliar la acción democrática en este campo? Por ejemplo, podemos volver un evento democrático el diseño de las listas a los cuerpos colegiados y la manera como los electores puedan participar en el diseño y construcción de las propuestas políticas.

Las fuerzas políticas que forman parte del llamado campo progresista están en la obligación de generar y desarrollar en la práctica, una nueva forma de hacer política. En una organización política progresista no hay espacio a la distorsión del ejercicio democrático para concluir en politiquería, a la recomendación del amigo, ni al surgimiento de los cacicazgos políticos. No debe haber espacio al abuso del poder que es condición necesaria para el surgimiento de la corrupción. Deben existir mecanismos que garanticen la veeduría de les miembres de la organización política hacia sus instancias de dirección y decisión para fiscalizarles y pedirles cuentas. Debe existir un código de ética que regule la manera como los miembros se relacionan con los principios éticos de la organización. La transparencia es un imperativo ineludible.

Los miembros de una organización política progresista que detentan roles de dirección o decisión deben ser conscientes del poder formal e informal que tienen. Este último es muy importante manejarlo, porque por lo general es el mas invisible. Cuando una figura pública de una organización progresista se pronuncia, está hablando no solo en su condición de elegido por unos electores, sino que está hablando también a partir del poder informal que su rol le da y sus “propuestas” pueden verse como “directrices”. Por eso, salir a proponer nombres concretos para listas de elección popular se convierte en un acto que riñe con una práctica democrática, más aún, cuando la argumentación para proponer un nombre es que “es mi amigo”, porque adolece de la discusión y de la participación horizontal de los miembros de la organización. Igualmente riñe con una práctica democrática, minimizar las implicaciones del hecho que un candidato propuesto, tenga problemas judiciales.

Que esto se de en un partido tradicional no seria motivo de asombro, pero que se de en una organización progresista debe ser motivo para prender las alarmas. No podemos repetir los estilos y mecanismos clientelistas que la elite tradicional del país ha utilizado para llenar las listas a los organismos de elección popular. No podemos reproducir los vicios que decimos combatir. Las listas nacionales, regionales y locales deben ser producto de la discusión amplia y participativa desde abajo y desde las regiones y nunca deberán ser producto del trabajo de señalamiento a dedo por parte de una persona, por más “importante” que ésta sea dentro del movimiento.

Una sociedad que se reclama como democrática debe reconocer sus conflictos internos y generar mecanismos para manejarlos y convertir el conflicto en una fuerza creativa que permita fortalecer la democracia. Antonio García, sociólogo e historiados colombiano, afirmaba que el problema de la democracia como “un problema total” en el entendido que debía abarcar diversos temas: “el de la vida política, el de la ordenación económica basada en la propiedad social, en la cooperación, el de la organización y legitimación del estado[..] el del bienestar y la seguridad, el de la ética y la conciencia”. Las organizaciones políticas, como parte importante de la sociedad, están llamadas a asumir el problema total de la democracia y por ello, están en la obligación de generar los mecanismos participativos y la creación de los vasos comunicantes que los conecten con las organizaciones populares y con el pueblo no organizado, que son en últimas, quienes van a legitimar las propuestas políticas. Ello es posible si no nos limitamos únicamente a hablar de democracia, sino también, si se construye paralelamente una praxis democrática.

No solamente hay que decir que se es democrático, sino que hay que serlo y hacerlo en la práctica. Al menos, eso decía mi abuela y creo que tenia razón.

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