PERSONERÍA DE BOGOTÁ Y CONTRALORÍA DISTRITAL, INTENTOS FALLIDOS DE MERITOCRACIA

Por: Heidy Sánchez

El Concejo de Bogotá, a partir de las Resoluciones 133 y 073 de 2020, convocó a la apertura del proceso de escogencia de Personero de Bogotá y Contralor Distrital, respectivamente, desde enero del año en curso y de acuerdo con las competencias que por Ley le determinan realizar un proceso de escogencia de estas autoridades de control y vigilancia sobre la administración distrital. Para este proceso, se escogió a la Universidad Nacional de Colombia, como entidad que encabezaría un proceso de selección transparente y objetivo.

En anteriores ocasiones, el cabildo distrital convocaba el “concurso” y hacia escogencia de Personero y Contralor abiertamente por votación, luego del cumplimento de algunos requisitos mínimos y otras formalidades para suplir los criterios del perfil de dichas autoridades de control. No obstante, esta lógica llevaba a que se impusiera por encima de la experiencia y méritos de los aspirantes, la correlación de fuerzas de los partidos de gobierno que siempre generan mayorías en la corporación; con excepción de la administración de Gustavo Petro. Además de ello, estas mayorías cobraban por “ventanilla” el apoyo al candidato ganador, con puestos de contratistas en los organismos de control y como arma de chantaje a determinados funcionarios para presionar más o menos dependiendo de la circunstancia.

Esta práctica política se venía normalizando desde la existencia de estas entidades. Es muy común escuchar en los pasillos que la Contraloría es de “X” partido o concejal, cuando se supone que, si bien tiene un origen político por los mecanismos de elección, estos organismos deben ser de la ciudadanía para defender los recursos públicos, los derechos humanos y un adecuado accionar de los funcionarios y las entidades distritales.

Muestra de este diseño perverso, fue la cacería de brujas desatada por el ex contralor distrital Juan Carlos Granados, apoyado por las mayorías peñalosistas en 2016. Granados, quien fue elegido recientemente como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por el Congreso de la República a pesar de estar investigado por el caso de Odebrecht, desató en ese entonces una serie de investigaciones contra la mayoría del gabinete de la Bogotá Humana y el alcalde Petro.

Esto dejó en evidencia una clara cuenta de cobro de los partidos tradicionales para paralizar y reversar las políticas de la administración progresista, e inhabilitar a estos líderes y lideresas para continuar con la carrera política. Sin embargo, frente a entidades con situaciones de corrupción comprobada como el caso de la Universidad Distrital, contratos en localidades o situaciones de detrimento, poco se hizo.

En consecuencia, en enero de 2020 el Concejo decidió ajustar el proceso de elección de dichas autoridades, proyectando mayor peso a exámenes de conocimiento, hojas de vida y experiencia, en un intento por hacer meritocrático el proceso y con ello ganar en objetividad y blindar de posible corrupción en el futuro a estas entidades. La convocatoria y el “concurso” tuvieron que aplazarse por la situación de confinamiento, que no permitía hacer los exámenes de conocimiento a la Universidad Nacional dada la necesidad de la presencialidad y masividad de este. A dicho proceso se sumaron hasta el último día de cada concurso: demandas, tutelas, quejas por ponderación de títulos académicos y denuncias por filtración de resultados del examen de conocimiento, etc.

El concurso establecía la revisión de hoja de vida (títulos y experiencia), examen de conocimientos con reserva de los resultados, entrevista por parte del Concejo de Bogotá y elección final para el caso de la Personería y designación en Contralor. A pesar de ello, los resultados del examen se filtraron, conociéndose de antemano la puntuación de los aspirantes, lo que hacía que, para el caso de la Personería, se volcara toda la atención en los primeros puntajes y comenzara el cercamiento burocrático sobre los mismos antes de la entrevista y puntuación por parte de los concejales.

Situación que fue contraria al diseño del concurso y derivó en un comportamiento reprochable de las mayorías políticas en el Concejo, consistente en puntuar en la entrevista a un centenar de candidatos (de uno a diez) con un punto u otras calificaciones bajas. Curiosamente, de un momento a otro, el candidato Julián Pinilla obtuvo un diez generalizado, el mismo candidato que días antes de la sesión de entrevistas, medios de comunicación y corrillos políticos daban por ganador, al ser cercano al ex contralor Granados. Esta situación fue denunciada por la Bancada de Colombia Humana – Unión Patriótica y algunas voces aisladas de concejales de otros partidos, quienes definimos retirarnos de lo que fue una sesión cínica y de trámite de acuerdos por debajo de la mesa.

Situación similar, sucedió con el Contralor, quien a pesar de tener una hoja de vida menos cuestionada que la del hoy Personero, el proceso estuvo viciado por la filtración de resultados y el cercamiento evidente de los intereses politiqueros, situación que, en coherencia con nuestra opinión, nos llevó a substraernos de la elección de Andrés Castro en cabeza de la Contraloría Distrital.

Llama la atención que algunos sectores del Partido Verde, la mayoría del Polo Democrático, como partidos de gobierno y otros en “independencia” vienen sosteniendo la tesis – que compartimos- en el Congreso de la República, que los organismos de control no pueden ser cooptados por el gobierno, pues esto constituye una dictadura sin vigilancia y contrapeso, pero en Bogotá actuaron de la misma manera con el mismo resultado; Un Veedor Distrital que es designado directamente por la alcaldesa de la ciudad, y un Contralor y Personero puestos por las mayorías que apoyan a la administración distrital y por la “oposición” peñalosista en una paradójica coincidencia.

Esta situación lamentable del Concejo de Bogotá coloca sobre la mesa dos interrogantes a debatir: ¿Los organismos de control deben ser entregados a la oposición directamente?, ¿Todo el proceso debe ser 100% meritocrático, para garantizar total independencia del poder político de turno? Nos inclinamos por la segunda, la absoluta meritocracia para blindar a la administración de la cooptación o el chantaje político.

Esta elección es muy importante, porque tiene un efecto dominó en toda la administración distrital, ya que se delegan desde estas autoridades, personeros y contralores por sectores y localidades, que hacen seguimiento a la contratación, la actuación de los funcionarios y la vigilancia de los derechos humanos. Si estos no tienen independencia y objetividad, será muy difícil resguardar sus funciones de las presiones políticas de los mismos de siempre.

Además de esta presencia institucional, Bogotá acaba de adquirir el mayor cupo de endeudamiento de su historia por un monto de $10.7 billones de pesos, la ciudad se encuentra en un proceso de estructuración de un millonario metro elevado de $14 billones de pesos inicialmente, cuestionado por su historial de improvisación, cambio de diseño y sostenibilidad técnica y financiera de la obra. Sil olvidar los presupuestos anuales de aproximadamente $23 billones de pesos para el funcionamiento del Distrito. Lo anterior, demandaría todas las garantías posibles de vigilancia lejos de cualquier presión política o económica que permitan que los recursos sean efectivamente bien vigilados, sin embargo, con los antecedentes mencionados no esperamos los mejores resultados.

Queda ante este panorama, el trabajo de control político, vigilancia y seguimiento a la administración distrital desde nuestro papel como concejalas de la ciudad, pero le corresponde también a la ciudadanía y a las organizaciones sociales desarrollar veedurías ciudadanas, vigilar obra a obra y denunciar públicamente cualquier irregularidad. Seguiremos luchando por la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y el adecuado equilibrio de poder para el control ciudadano sobre la administración distrital.

 

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