ASCENSOS MILITARES MANCHADOS

Por Antonio Sanguino

Se ha vuelto una muy mala costumbre ascender oficiales de las Fuerzas Militares a ojo cerrado. Acaba de ocurrir con los recientes ascensos de 46 oficiales (16 de la Policía Nacional, 19 del Ejército, 6 de la Armada y 5 de la Fuerza Aérea) aprobados en la Comisión Segunda y la Plenaria del Senado de la República, a pesar de que sectores de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos y voces internacionales calificadas, como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, advirtieron de los riesgos para la legitimidad de las Fuerzas Armadas y el pésimo mensaje que significa el ascenso de un grupo de militares seriamente cuestionados.

Se trata de casos como el General de Edgar Alberto Rodríguez Sánchez quien será el nuevo Comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Según Vivanco, el ahora General Rodríguez comandó, entre julio del 2006 y diciembre 2007, el Batallón Magdalena adscrito a la Novena Brigada. De acuerdo con la Fiscalía, esta unidad presuntamente habría cometido 7 ejecuciones extrajudiciales en el 2006 y 25 en el 2007. Otro vergonzoso ascenso es el del General Miguel Eduardo David Bastidas quien será el nuevo jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército. Bastidas está siendo investigado por abusos ocurridos en el 2004 y el 2005 cuando era comandante del Batallón Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017 Bastidas fue imputado por su relación en 32 homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.  También está el caso del General Marcos Evangelista Pinto, quien será el nuevo Comandante de la Segunda División. En el 2015, este militar fue interrogado por su presunto rol en casos de falsos positivos cuando comandaba el Batallón Magdalena. Caso similar ocurre con el General Mauricio José Zabala Cardona quien a pesar de supervisar las operaciones del Batallón La Popa de Valledupar cuando se cometieron 39 presuntas ejecuciones en el 2003 y 2004, fue ascendido y será el nuevo comandante de la Octava Brigada.

Quienes defienden y votan los ascensos en el Senado alegan que cualquier cuestionamiento sobre alguno de los postulados constituye una afrenta contra toda la institución militar. Insisten en que suspender, aplazar o negar la promoción de alguno de los oficiales, porque cursen sobre ellos investigaciones penales o disciplinarias, constituye una violación de la presunción de inocencia y al debido proceso. Señalan además que las exigencias para que los miembros de las Fuerzas Militares respeten los derechos humanos están subordinadas a la defensa y seguridad del Estado o a la lucha contra la violencia y la criminalidad. Olvidan que la ofensa al honor militar proviene de quienes violan la ley amparados en su investidura y no de quienes lo denuncian. Les recuerdo que las víctimas de esos actos tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo, a las garantías de no repetición.

Que oficiales ascendidos luego resulten condenados por graves delitos contra la humanidad afecta la legitimidad ante el mundo de las Fuerzas Militares y del Estado Colombiano. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el Coronel Isnardo Polanía Delgadillo, ascendido y luego condenado por la Corte Suprema de Justicia a 48 años de prisión por su responsabilidad en “falsos positivos”. O el Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado condenado, después de su ascenso, a 46 años por la Justicia Ordinaria por los “falsos positivos” de Soacha. O el General Mario Montoya, hoy sometido a la JEP y condenado por la justicia a 20 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. O el Coronel Publio Hernán Mejía condenado por paramilitarismo. Y ello para no mencionar la larga lista de oficiales, incluyendo al ex comandante del Ejército, General Nicasio Martínez, separados de las Fuerzas Armadas, por estar comprometidos en investigaciones relacionadas con actos  de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Para no seguir en este círculo vicioso, hace tramite en el Congreso de la República el proyecto de Ley No 146 de 2020 que busca, en virtud del artículo 150 numeral 10 de la Constitución Nacional, regular o reformar el sistema de ascensos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía. Es un proyecto presentado por 21 congresistas de oposición que pretende impedir o suspender los ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en investigaciones, hasta que estas no terminen. La iniciativa establece además, criterios más exigentes para la postulación de candidatos a los ascensos y obliga a la realización de audiencias públicas previas a la votación de los ascensos en el Senado, que permita la participación de la sociedad civil en los procesos de promoción de los más altos mandos de las fuerzas. Se trata de romper ese blindaje perverso que favorece la impunidad y socava la legitimidad de quienes son depositarios del monopolio de las armas del Estado. Se trata de premiar a nuestros oficiales, ascendiéndolos pero con los ojos bien abiertos.

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