Otra promesa incumplida de Claudia López: cemento en los humedales

Otra promesa incumplida de Claudia López: cemento en los humedales

Por: Heidy Sánchez

En días recientes colectivos juveniles, ambientales y comunitarios de la ciudad han venido denunciando, a través de la movilización y un campamento permanente, el desarrollo de obras de endurecimiento en la zona de manejo y protección ambiental del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, en su borde norte, que colinda con la localidad de Suba a la altura de la avenida Ciudad de Cali con carrera 98 frente al barrio El Rincón.


Este grupo de manifestantes viene evidenciando como, desde hace semanas se instaló maquinaria pesada en el borde del humedal y se inició un proceso de relleno de esta franja con tierra y cemento. Se trajeron materiales de construcción (losas y ladrillo), se construyeron vallas y se instalaron pilotes dentro del espacio de conservación ambiental, que por normatividad y preservación ambiental el distrito tiene la obligación de proteger, adicional a la importancia ambiental, este territorio tiene importancia ancestral para la comunidad Muisca de Suba.

Al parecer hay múltiples contratos de obra que se están ejecutando en esta zona, y decimos al parecer porque, aunque las autoridades han hecho presencia en el lugar y a pesar de que la comunidad ha solicitado la información en varias oportunidades, ni la Secretaría Distrital de Ambiente u otra entidad ha dado información certera sobre qué contrato se está ejecutando allí y quién lo está ejecutando.

Esta oscuridad con la que se pretende cubrir la obra que allí se realiza tiene una razón evidente, esta obra es, a todas luces y por donde se le mire, ilegal.

En primer lugar, el gobierno de Peñalosa, que es partícipe e impulsor de este tipo de obras que destruyen los ecosistemas estratégicos de la ciudad, había expedido un decreto que actualizaba la política de humedales permitiendo la construcción de obras de endurecimiento en sus bordes: el decreto 565 de 2017. Sin embargo, dicha norma fue demandada y se suspendió su aplicación, por lo que la política de humedales que se encuentra actualmente vigente es la contenida en el decreto 624 de 2007, que prohíbe la construcción de obras duras en los bordes de los humedales.

En segundo lugar, el actual plan de ordenamiento territorial de Bogotá, no permite la construcción de obras de este tipo en la ronda hidráulica y solo algunas específicas y con acompañamiento de las entidades ambientales competentes en la zona de manejo y protección ambiental, lo cual en todo caso había quedado prohibido por la política de humedales en virtud del principio de rigor subsidiario que rigen en materia de normas ambientales de nuestro país.

Y en tercer lugar, el humedal Tibabuyes es un ecosistema protegido por la convención RAMSAR, que es un instrumento internacional de protección a los humedales suscrito por el Estado colombiano y por lo tanto, que genera obligaciones para el mismo, esto, sin contar con que en Bogotá hay normatividad que expresamente establece la obligación del distrito de conservar estos ecosistemas, como el Acuerdo 079 de 2003.

Así, lo que está sucediendo en este estratégico ecosistema para la ciudad es sin duda alguna una arbitrariedad, una obra que no puede estar ahí porque es a todas luces ilegal, pero frente a la cual la administración de Bogotá no hace nada porque, a pesar de que la Secretaría de Ambiente, en tanto autoridad ambiental de la ciudad, tiene la potestad de imponer una medida preventiva, se ha quedado callada, permite que le pasen máquinas y cemento impunemente al humedal.

Imagen que contiene exterior, bicicleta, firmar, pasto

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Es por eso, que la comunidad ha tenido que acudir a la movilización para defender lo que entiende que es un activo fundamental de la ciudad, frente a la complicidad de la Alcaldía de Bogotá con el irreparable daño ecológico que se está perpetrando se ha acudido a acciones jurídicas, recorridos, la instalación de señalización sobre el ecosistema que allí existe, acciones pedagógicas, carnavales y el establecimiento de un campamento permanente en defensa del humedal.

Lo más grave de todo no es que esta obra sea ilegal por donde se le mire, que destruya una parte fundamental de la estructura ecológica principal de la ciudad o que atente contra el derecho ancestral de las comunidades indígenas asentadas en Suba y su relación con el territorio, todas esas cosas las hemos visto en otros gobiernos, lo más grave es que esta es otra traición de Claudia López a la ciudadanía bogotana: estando en campaña, la actual alcaldesa suscribió con muchas organizaciones sociales y ambientalistas de la ciudad un “Acuerdo Programático por el Medio Ambiente”, que en su numeral 6 decía:

“6. Detener todas las obras de endurecimiento de los humedales, en cumplimiento de las normas y políticas nacionales y distritales que la Alcaldía de Enrique Peñalosa ha desconocido, y hacer acuerdos con los contratistas para ajustar los proyectos hacia objetivos de restauración, de conformidad con las condiciones de cada contrato”.

Hoy ese compromiso es letra muerta y lo atestigua el humedal Tibabuyes, tras la máscara de Claudia López cada vez es menos difuso el rostro de Peñalosa.

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