A un año del 21N la indignación no se detiene

Por: Heidy Sánchez

Las movilizaciones sociales y populares en nuestro país han sido promovidas por centenares de ciudadanas y ciudadanos indignados por el sometimiento a la violación sistemática de los derechos humanos.

Cada uno de los paros cívicos nacionales a los que se han sumado obreros, estudiantes, docentes, mujeres, indígenas, afros y otras comunidades se han producido por la injusticia social y por la indignación que genera el autoritarismo de Estado. No es de poca monta medir los niveles de pobreza a los que ha llegado nuestro país o la falta de oportunidades académicas y educativas, donde la universidad pública se convirtió en un privilegio excluyente hacia los jóvenes con más bajos recursos. Ni hablar del desempleo, que superó el 10% para el año 2019 y en épocas de pandemia ha crecido hasta un 15,8%, cifra alarmante: las familias no cuentan con los ingresos para suplir sus necesidades básicas. Bogotá es una evidente radiografía de ello, se incluye en el Plan de Desarrollo una visión de “ciudad cuidadora”, pero, por ejemplo, no implementa una renta básica para los estratos más vulnerables ante la evidente crisis social agudizada por las consecuencias de la pandemia.

Ese cúmulo de vulneraciones ha llevado a que la gente tome conciencia y se movilice, reconociendo el impacto que la lucha popular ha demostrado en el transcurso del tiempo para garantizar derechos. Aquí cabe rememorar el paro cívico nacional desarrollado el 14 de septiembre de 1977: las centrales obreras se volcaron a las calles exigiendo el aumento salarial del 50%, la entrega de las tierras a los campesinos, jornadas laborales de 8 horas con subsidios de transporte, suspensión del estado de sitio, entre otras.

Los tiempos son otros, pero el sistema represivo es el mismo y las demandas de la gente continúan. Es por lo que, desde el 21 de noviembre de 2019 a partir de diferentes expresiones, movimientos, organizaciones sociales y también desde motivaciones particularizadas, sin pertenecer a ningún “parche”, se incentivó la movilización, generándose un contagio social y popular como símbolo de resistencia.

Las demandas se expresaron en las calles de manera directa, generando rupturas con la cotidianidad institucional, productiva y social. Las motivaciones son varias y persistentes: exigir al Estado el cumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz, rechazar la reforma laboral y tributaria, la explotación predadora de los recursos naturales, la corrupción, el alza en las tarifas de los servicios públicos, pero también la defensa de la educación, la salud y por garantías laborales. En la actualidad, estas son solicitudes no muy diferentes a las de hace 42 años en aquel Paro Cívico del 77.

En ese marco, el 19 de noviembre de 2019, la represión no se hizo esperar, se practicaron 37 allanamientos a las viviendas de dirigentes sociales, populares, docentes, periodistas y noticieros alternativos. Asimismo, las cifras nos indican que solo en Bogotá, se presentaron ese día 835 detenciones, 47 judicializaciones arbitrarias y 418 personas fueron trasladadas al CTP (Centro de Traslado por Protección), siendo sancionadas con comparendos. Del mismo modo, varios fueron los jóvenes que resultaron con heridas oculares y golpes de gravedad.

Sin embargo, la cúspide de la conmoción fue el caso de Dilan Cruz, joven que en el marco de la protesta fue asesinado por el ESMAD. Frente a este caso, como el de muchos otros, a pesar de que Medicina Legal determinó que la causa del fallecimiento de Dilan fue por muerte violenta a manos de la Policía, la justicia penal militar es quien asume el caso, encontrándose un año después todavía en la impunidad.

La indignación social continuó plasmada en la movilización social y el 21 de enero de 2020, la represión por parte de la fuerza pública volvió a imponerse, dejando 12 personas heridas, 86 detenciones, entre otras. Todo esto, haciendo evidente que el desconocer la protesta social como un derecho fundamental es una constante. Del mismo modo, no se puede olvidar que los Comandos de Acción Inmediata (CAI) se han convertido en lugares en los que los policías atacan con sevicia a quienes son capturados y trasladados.

Esta sevicia generalizada fue la que provocó el homicidio agravado de Javier Ordóñez el 9 de septiembre del presente año, y con este, un nuevo estallido de indignación y movilización. Jóvenes, artistas, organizaciones sociales, entre otros, convocaron a protestas pacíficas específicamente en los CAI, cansados de los atropellos y los abusos de autoridad. La Policía respondió atacando con armas de fuego dejando 13 personas asesinadas entre Bogotá y Soacha y 78 más heridas.

Dicho cúmulo de indignación desembocó en este 21 de noviembre, en conmemoración del Paro Nacional y el 23 en la memoria de Dilan Cruz. A un año la impunidad continúa reinando, como también la estigmatización y criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, juveniles y populares. Asimismo, la doctrina de guerra impera en una institución civil como la Policía Nacional, evocando a una necesaria reforma estructural.

A pesar de los ataques, la indignación social continúa y con esta la movilización popular por condiciones dignas para la gente y por justicia para Dilan, Nicolas Neira, Oscar Salas y todas las víctimas que ha dejado el abuso de la fuerza pública. El Gobierno Nacional no puede ignorar que las banderas que enarbola el pueblo colombiano representan una alternativa, debe incorporarlas o hacerse a un lado y, en lo inmediato, debe garantizar la protesta social como un derecho.

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