De plazas de mercado a centros comerciales: la apuesta del IPES por la privatización

Por: Heidy Sánchez

El 26 de agosto de este año el IPES expidió la Resolución 267 mediante la cual se crea un nuevo “Reglamento administrativo, operativo y de mantenimiento de las plazas de mercado del distrito capital de Bogotá”, esto con la excusa de adecuar el anterior reglamento (la Resolución 018 de 2017) a las previsiones del Decreto Distrital 552 de 2018, que es el marco regulatorio de aprovechamiento del espacio público en la ciudad.

En los últimos días, en varias visitas a las plazas de mercado de la ciudad y diálogos con sus comerciantes, hemos escuchado fuertes críticas a esta norma, por lo que nos dimos a la tarea de estudiarla, y esto fue lo que encontramos.

La primera y más evidente: la falta de participación, a pesar de que a la dirección del IPES llegó una persona que proviene de los sectores populares y que en su campaña y en la de la alcaldía se recurría frecuentemente a la “participación ciudadana” como reivindicación política, de eso no hay mucho en esta administración. Esta resolución fue expedida sin un mínimo proceso de socialización y mucho menos una disposición del IPES a la escucha activa e incorporación de las necesidades, realidades y sugerencias de los comerciantes en esta nueva reglamentación.

Lo anterior a pesar de que el IPES es muy consciente, tanto que así lo reconoce en las consideraciones de esta nueva resolución, de que la mayoría de los comerciantes de las plazas de mercado son personas en situación de alta vulnerabilidad, lo que los hace sujetos de especial protección constitucional. No obstante, eso quedó solo en el papel, porque, entre otras, no lo son para preguntarles cómo deberían regularse las plazas en las que han trabajado y que ellos han construido toda su vida, un patrimonio cultural inmaterial de la ciudad que esta aún se niega a reconocer.

Y si nos preguntamos por qué no existe ese abrazo protector que el Estado le debe a los comerciantes de las plazas de mercado, la respuesta la encontramos en esta nueva Resolución 267: porque esta administración no quiere plazas de mercado con comerciantes y como el espacio de encuentro cultural que en este momento son, quiere centros comerciales; no de otra manera se explican una serie de medidas contenidas en la norma y que mencionaremos brevemente:

  1. En el artículo 5° el IPES empieza a zafarse de su estorbosa -para los negocios- misión de administrar las plazas de mercado, para abrirle las puertas a los privados, que pueden llegar en forma de “asociaciones público-privadas, concesionarios, operadores de plazas, operadores logísticos […]” según dice la norma.
  2. El artículo 9 establece cuáles son las actividades o servicios complementarios de las plazas de mercado que pueden desarrollarse en sus locales o módulos, dentro de las cuales, camufladas entre productos de mimbre, telas y cigarrerías incluye: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones, comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de vídeo, comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio, comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos, comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación, comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados, actividades de los profesionales de compra y venta de divisas, bancos comerciales, entre otras.

Curiosas actividades permitidas ahora en las plazas de mercado a las que la ciudadanía no va a comprar una lavadora, a cambiar dólares o a comprarse unos tenis, por demás contrariando la misión de las plazas de ser actores fundamentales en la política de abastecimiento alimentario de la ciudad, pero que el IPES no solo avala, sino que asignará locales a estas actividades.

  1. Precisamente para el tema de la asignación de los módulos o locales, resulta que los comerciantes tienen que presentar muchos (de verdad muchos) documentos para firmar este contrato de aprovechamiento del espacio público con el IPES, dentro de los cuales se incluye uno que demuestre su capacidad financiera (artículo 10) ¿Para qué? Para poner a competir a estos actores de la economía popular con la economía del gran capital que, por supuesto puede certificar esta calidad, ya que la capacidad financiera es uno de los criterios que se debe tener en cuenta para asignar los locales, según el numeral 2° del artículo 12.
  2. Además, en vez de entender que los comerciantes son sujetos de especial protección constitucional y garantizarles el acceso a la seguridad social y la afiliación al régimen de salud, lo que hace el IPES es exigirles dicha afiliación o si no, no se les podría asignar un módulo en la plaza de mercado. Vaya política de inclusión.
  3. Por último, aunque la resolución se expidió en medio de la pandemia por la que estamos atravesando, los acuerdos de pago previstos en el parágrafo 2 del artículo 28 deberían tener más en cuenta esta realidad, de manera que se detengan los cobros jurídicos y amenazas de desalojo en contra de quienes no pueden pagar, y que para poder hacerlo recurren a créditos gota a gota que los hunden aún más en esta situación de precariedad.

Aunado a todo lo anterior, las tarifas que se les están cobrando a los comerciantes de las plazas de mercado por usar ese espacio público que ellos no solo han trabajado toda la vida sino al que le aportan el invaluable activo de su trabajo y el patrimonio cultural que representa, han subido entre el 100 y el 200% este año.

Tenemos entonces todo un conjunto de condiciones que crean un entorno supremamente hostil para los históricos comerciantes de las plazas de mercado, en vez de facilitar, promover y exaltar su labor, el Estado la obstaculiza con lo cual queda en evidencia la verdadera intención del distrito respecto de las plazas de mercado. No se busca su protección y proyección como activo cultural de la ciudad en cabeza de los vendedores, sino que ese activo se quiere privatizar, empaquetar y vender al mejor estilo de un centro comercial “autóctono”; para lo cual los comerciantes son un estorbo que hay que remover y luego sí contratar aclarando quiénes son los verdaderos dueños.

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