PENA DE MUERTE EN COLOMBIA

Por Gustavo Bolívar

El 4 de septiembre, rayando las dos de la tarde, en la Estación de policía del barrio San Mateo en Soacha, Cundinamarca, en una celda hacinada de cuatro metros por tres, con 20 detenidos, el triple de personas que puede soportar un cuarto de ese tamaño, ante los ojos atónitos y angustiados de muchas madres y ante la pasividad casi criminal de los policías encargados de la estación, se produjo un incendio que le ha costado la vida, hasta hoy a nueve jóvenes de esa localidad. Otros 4 permanecen heridos con quemaduras de segundo y tercer grado.

Dicen las primeras indagaciones que la conflagración se produjo cuando uno de los detenidos le prendió fuego a una colchoneta, en protesta porque no se les permitían visitas familiares, a pesar de que varios de ellos llevaban allí varios meses, y porque solo les estaban permitiendo comer una vez al día. Como haya sido, por las causas que sean, lo que allí sucedió fue un crimen de Estado por las razones que detallaré más adelante.

El video de una de las madres tratando de introducir con angustia una manguera por una de las ventas del CAI, resume toda la miseria humana que se vive hoy en día en las filas de un sector de la Policía.

¿Por qué la madre desesperada, llorando mientras su hijo ardía no podía introducir la manguera por la puerta?

Porque ante el incendio los policías se salieron y dejaron a las víctimas bajo llave.

¿Por qué la celda permanecía cerrada? Porque los detenidos eran “escoria humana”, algunos sindicados por robos, que quizás cometieron llevados por el hambre y las necesidades imposibles de suplir en un sistema donde impera el capitalismo salvaje. Eran ciudadanos de tercera clase, se podían dejar quemar. No cuentan, no importan, sobran… Son invitados VIP al baile de los que sobran.

Pregunto a los policías que estaban allí, en ese fatídico momento: ¿Cuál hubiera sido su actuación si en esa celda no hubiera habido sindicados por delitos menores sino sus hijos o sus padres?. Seguramente, abren la celda apenas se inicia el incendio. En eso consiste la humanidad. En actuar frente a los demás como si nos importaran, como si todos fueran uno mismo o un familiar. Protegernos los unos a otros sin distingos odiosos de nada. Pero aquí brilló la brutalidad, la doctrina de odio que sembró ese a quien sus fanáticos hoy comparan con Jesucristo.

La ultraderecha ha adoctrinado a las Fuerzas Armadas para decretar la pena capital, sin juicio justo previo, a quienes se ponen por fuera de la ley e incluso a quienes protestan contra el sistema que los ahoga.

En Justicia y Paz y en la JEP abundan las confesiones de ejecuciones extrajudiciales a guerrilleros desarmados. También son famosas las limpiezas sociales, asesinato de vagabundos o ladronzuelos en las calles de las grandes ciudades, en cabeza de miembros de la Fuerza Pública. Pero tres casos recientes, todos de extrema gravedad, ilustran esta apreciación:

LA MASACRE DE LA MODELO

El primero sucedió el 21 de marzo, en plena pandemia, en la cárcel La Modelo de Bogotá. Ese día, la guardia del penal asesinó a sangre y fuego a 23 reclusos e hirió a otros 83. Según Semana, Daniel Carabaño, Uno de los presos asesinados, tenía dos tiros de fusil en la cara. “A Jesús Gómez de 38 años, le dispararon en la boca. Cristian González de 21 años recibió un tiro en la frente. Diego Rodríguez, de 25 años de edad, cinco disparos en el pecho. Joaquín Mejía, de 28 años de edad, dos tiros por la espalda. Pedro Arévalo, de 29 años, sufrió un disparo en la parte de atrás del cuello”. Una verdadera masacre porque la mayoría de los reclusos estaban en estado de indefensión cuando se dio la orden de dispararles para evitar su fuga. ¿Quién dio la orden? ¿El director de la cárcel, la ministra de justicia?

Dice un perito de balística entrevistado por Semana que “un solo proyectil de fusil en el tórax es suficiente para detener y matar a cualquiera. Ahora, cinco disparos pueden ser considerados como sevicia”. No pueden ser considerados, señor perito, es sevicia, dice la lógica.

Dice el mismo informe que varios presos levantaron las manos en señal de rendición, pero que esto no valió para que la guardia se detuviera en su casería criminal. “Cinco de los detenidos tienen impactos mortales en el cuello, tres de ellos en la nuca. Otro más tiene dos tiros en la espalda a lo que el perito agrega: Esto quiere decir que les dispararon desde atrás, en estado de indefensión. Por la trayectoria de los impactos y las posiciones en que quedaron los cuerpos, es claro que no estaban de frente atacando a nadie”.

Dicen los expertos que para disuadir un amotinamiento los protocolos mandan que hay que disparar al aire, a las piernas o partes no vitales del cuerpo. Pero lo que se ve en los informes de medicina Legal es que a los internos de la Modelo los masacraron, a la mayoría de ellos en estado de indefensión.

El amotinamiento empezó con el pánico que produjo el Covid en el mundo. Una de las medidas del INPEC fue restringir las visitas. Aislados del mundo, los presos no entendieron la medida y se produjo la protesta. Luego vino el pánico por la posibilidad de infectarse sin que las directivas tomaran medidas de bioseguridad. Si sumamos a esto, que la población carcelaria en ese momento era de cinco mil reclusos cuando las instalaciones están hechas para dos mil, podemos imaginar el miedo que les generó la posibilidad de contagio. Estas causas detonaron el intento de fuga. Los presos, ninguno de ellos condenado, pues La Modelo es una penitenciaría para sindicados, estaban angustiados, como lo estábamos todos en esa época, paradójicamente, cuando el virus no tenía ni el 1% del avance que tiene hoy. Pero para el Fiscal Barbosa, todo se debió a un plan de fuga orquestado por guerrilleros presos.

Una buena cantidad de videos circularon por las redes en tiempo real. En ellos los reclusos gritaban que los estaban masacrando, se les notaba la angustia. Algunos pedían la presencia de la Defensoría del Pueblo. Lo que llegó fue plomo, aunque en aras a la objetividad se debe decir que también resultaron siete guardias heridos por parte de los reclusos.

Después de la masacre vinieron las torturas. Las cámaras de la Modelo muestran cómo los presos que sobrevivieron fueron desnudados y molidos a palo por parte de los guardias. Una y otra vez. Otra cámara muestra a un grupo de ellos gateando desnudos mientras los guardias los golpean con palos y garrotes.

En fin, una masacre que se había podido evitar. Más cuando la Policía y el Ejército tuvieron tiempo de armar tres anillos de seguridad en los alrededores de la penitenciaría por si se fugaba algún preso. Pero vuelve de nuevo a imperar la teoría: Eran Escoria humana. Se podían matar, eran delincuentes. Sus dolientes no son poderosos para poner en peligro al Estado asesino. El tuit con el que la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, hoy Procuradora General de la Nación, qué miedo, gracias a los votos de un Senado arrodillado a la mermelada, felicita al INPEC por la masacre, refleja el estado de putrefacción en el que se encuentra esa secta inhumana, fascista y peligrosa, con sed de sangre llamada uribismo.

LA MASACRE DE BOGOTÁ

El segundo caso, más documentado por la prensa y por las redes sociales, pero igualmente en la impunidad, es el de la masacre de 13 personas entre el 9 y el 10 de septiembre en el marco de las protestas que se desataron frente a varios Centros de Atención Inmediata por el asesinato, el día 8 de septiembre, del abogado Javier Ordóñez en el CAI del barrio Villa Luz en Bogotá.

Un video que se hizo viral mientras dos policías se saciaban electrocutando a dicho ciudadano con una pistola teaser, indignó a la ciudadanía que espontáneamente salió a manifestarse contra la barbarie. Como resultado de las protestas, empoderadas en parte por lo sucedido en los Estados Unidos con el caso de George Floyd, un afroamericano asfixiado por un policía, los manifestantes la emprendieron contra varios CAI de la ciudad, consiguiendo destruir varios de ellos.

Sin embargo, y aquí se pone de manifiesto, nuevamente la teoría de la “escoria humana”, a esos vándalos se les puede disparar. No son poderosos, a lo mejor son de izquierda, se les puede matar para que escarmienten. La teoría del miedo.

Los videos no mienten. Varios policías, se ven disparando a la multitud desarmada. Varios de los muertos, incluso nada tenían que ver con las protestas. Eran simple mirones o personas que pasaban por esos lugares en desafortunado momento.

¿Quién dio la orden? Alguien tuvo que dar la orden. Es imposible que a la misma hora y en distintos lugares de la ciudad, los policías se hubieran puesto de acuerdo para disparar a la multitud como nunca lo habían hecho.

LA MASACRE DE SOACHA

Y aquí vuelvo con el tema que nos ocupa. Lo que sucedió el 4 de septiembre en Soacha fue una masacre silenciosa por omisión, por negligencia, por inhumanidad, por malparidez. ¿Cómo es posible que al ver que la celda se estaba incendiando, los policías a cargo no hubieran abierto la puerta para que los detenidos salvaran sus vidas? ¿Pensaban que al hacerlo podían perder la felicitación de algún ministro por dejarlos escapar? ¿Era más importante verlos muertos que fuera de las celdas?

Esos 20 retenidos estaban en poder del Estado. Estaban bajo su custodia. Era deber del Estado velar por su seguridad, por su salud y por su vida. El Estado debe responder a sus familias por esas pérdidas aunque esas familias estén amenazadas y atemorizadas.

Surgen más preguntas. ¿Por qué la Policía Nacional no le contó al país lo que estaba sucediendo y tuvieron que ser dos concejales, uno del municipio de Soacha, Heiner Gaitán y otro de Bogotá, Diego Cancino, los que pusieron de relieve la masacre?

¿Por qué amenazaron a las familias para que no contaran que los retenidos se estaban muriendo en diferentes hospitales de la ciudad?

¿Por qué y quién amenaza de muerte al concejal Gaitán por denunciar estos hechos?. En conversación telefónica, anoche, el concejal quien milita en La Colombia Humana me dijo que tres días después del incendio, las Águilas Negras enviaron un panfleto amenazándolo a él y a otros 16 líderes sociales de esa ciudad. (ver foto)

Los acontecimientos del 9 y 10 de septiembre donde fueron asesinados tres jóvenes también en Soacha, taparon la tragedia del CAI de San Mateo. Pero como nadie les dijo nada a los policías de ese CAI, por dejar morir a los retenidos, algunos de estos mismos policías, no sé si los mismos, como consta en varios videos que ya son públicos, los del CAI de San Mateo, salen a disparar a los manifestantes causando la muerte a tres jóvenes más. Uno que venía de su trabajo y dos que estaban mirando las protestas.

No contentos con esto, denuncian varios asistentes a los funerales de Cristian Hurtado, Estiven Mendoza y Gabriel Estrada, que agentes de la SIJIN estuvieron siguiéndolos y tomando fotografías en dichos actos fúnebres. Y regresando a su casa, el mismo día del entierro, el concejal Gaitán y un acompañante, son abordados por un policía motorizado en una calle del municipio, cercana a la casa de su madre. No le importó que Heiner se identificara como concejal de Soacha (las armas por encima de la democracia). Al momento ya había varios motorizados más esculcándolos y fustigándolos. Uno de ellos le dijo algo a nuestro concejal que lo tiene pensando seriamente en un atentado contra su vida: “Cuídese en los próximos días”.

Como en las masacres anteriores, no hay culpables, nadie dio la orden. Todo está bien. Los malos son las víctimas. Todo se debió a un complot de la izquierda.

Pero hay más. Denuncia el concejal de Bogotá, Diego Cancino que en un dictamen sobre uno de los jóvenes quemados en Soacha dice: “Trauma térmico por combustión de gasolina”. ¿Tenían gasolina los jóvenes dentro de la celda? ¿O alguien les roció este combustible para “ayudarles” con la protesta?. Son preguntas que exigimos sean resueltas, como exigimos a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación, protección para los concejales denunciantes. Heiner Gaitán, se encuentra en estado de total indefensión.

Soacha, de tiempo atrás pareciera sufrir como pocos municipios el rigor de las políticas sangrientas de la seguridad democrática. De aquí se llevaron a muchos jóvenes para ser masacrados como falsos positivos, aquí han sido asesinados muchos jóvenes en limpiezas sociales, aquí fueron asesinados tres jóvenes en las revueltas del 9 y 10 de septiembre, aquí fueron incinerados 9 jóvenes retenidos en un CAI. Nadie responde. El Ministro de Defensa quien se autodefine como el hijo de un gran orador, para camuflar su vanidad y no tener que decir que él es el mejor orador de la galaxia, suele echarse discursos de dos y tres horas en el Congreso para justificar las masacres. El Presidente Duque anda perdido hace 8 meses en un reality de televisión con capítulos diarios de una hora. El mentor de Duque anda diciéndole a Joe Biden, presidente de la primera potencia mundial, cómo gobernar y cómo enfrentar sus retos geopolíticos, después de que su partido se cansó de estigmatizarlo como comunista en el Estado de la Florida.

Las investigaciones no avanzan con una Fiscalía de bolsillo que tiene engavetados los casos de la Merlano y la Ñeñepolítica. La esperanza es la procuraduría pero allí los procesos se hacen lentos y si no se decantan antes de que tome posesión la nueva procuradora, olvídense. Hasta ahí llegará el asunto.

Todo parece indicar que esta purga, este todo vale, esta represión inhumana, este gobernar bajo terror, esta cacería macartiana, durará dos años más y que es mejor que cada uno se cuide como pueda. Porque en un país donde el Estado de Derecho se encuentra enterrado en fosas comunes, un país manejado por fascistas nerviosos ad portas de perder el poder que les garantiza impunidad y contratos billonarios, cualquier cosa nos puede pasar. Cuidémonos del Covid y de la seguridad democrática. Cualquiera nos puede matar. En Soacha, como en toda Colombia hay pena de muerte sin aviso previo. Bala es lo que hay, plomo es lo que tienen porque tienen claro que hay muertos buenos y masacres con criterio social.

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