SE ESTÁ ACRIBILLANDO LA PAZ

 

Por Antonio Sanguino

En el gobierno del uribismo se ha ido más allá de lo prometido en materia de paz. Su ala más radical, en boca de Fernando Londoño Hoyos, anunció en plena campaña que harían trizas el Acuerdo entre el Estado y las FARC. Todos suponíamos que vendría un periodo de incumplimientos, recortes presupuestales y desmantelamiento o mutilación de las instituciones creadas para la implementación de lo pactado. Incluso temíamos que el atentado, el asesinato o la amenaza estaría merodeando a quienes dieron el paso a La Paz. Pero todo está resultando peor. Se está acribillando La Paz.

Una peregrinación de cerca de dos mil excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz se aproxima a Bogotá. Vienen de todos los Espacios Territoriales y Áreas de Reincorporación regados en aquellas regiones en donde se instaló por años y con mayor crudeza el conflicto armado. Todos vienen con la esperanza de paz en sus manos y el dolor de la violencia de quienes le disparan al Acuerdo.  Vienen con cifras y documentadas denuncias que los transforma en víctimas de los enemigos de la Paz pactada.

El panorama es alarmante. Desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón en noviembre de 2016 han sido asesinados 236 excombatientes, mientras que 49 han sido victimas de tentativa de homicidio y 17 han resultado desaparecidos. Y las cifras se han disparado en el Gobierno Duque: mientras en el 2106 se presentaron dos asesinatos, en el 2107 se registraron 34, saltando a 66 en el 2018. El pico más alto de homicidios de excombatientes fue en el 2019 con 81 y en lo corrido del 2020, a pesar del confinamiento por la pandemia van 53. Los crímenes se presentan en 20 de los 32 departamentos del país: Cauca (39), Nariño (28), Antioquia (25), Caquetá (23), Meta (21), Putumayo (18), Norte de Santander (17), Valle (16), Chocó (12), Huila (8), Guaviare(6), Arauca(5), Bolívar (4), Bogotá (3), Tolima (3), Ecuador (3) y 1 asesinato en Atlántico, Casanare, Córdoba, Santander y Sucre.

El nivel de impunidad es también motivo de preocupación e indignación en los firmantes y defensores del Acuerdo. Hasta ahora la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha reportado solo 31 condenas, mientras otros 20 casos se encuentran en etapa de juicio. Los delegados del Partido FARC en la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz -CSIVI, integrada también por los voceros del gobierno y los delegados internacionales, ha insistido en que se cumpla con la formulación y puesta en marcha del plan integral de protección pactado. El gobierno reduce la protección al esquema de vehículos y escoltas, cuando la vida de los ex Farc depende de la implementación del conjunto de los Acuerdos que implica un copamiento integral del Estado en los históricos territorios de conflicto y el desmantelamiento de las estructuras y entramados herederos del paramilitarismo.

Pero quizás el detonante de toda esta matazón está en el discurso del uribismo. Tanto funcionarios como el propio Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, o el mal llamado Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, hacen gala de un discurso hostil frente al Acuerdo de Paz y una narrativa que reduce la explicación de los asesinatos y atentados al narcotráfico y a la acción de las disidencias. Discurso que convierte al Estado en un observador cómplice de este genocidio en ciernes. Peor aun es la virulencia de los voceros del Centro Democrático cuyo discurso contra La Paz y contra el Partido FARC termina convertido en la antesala de cada homicidio, de cada atentado, de cada amenaza o desaparición. Lo que esperábamos que sucedería con el regreso del uribismo al poder ha resultado poco para la manera violenta como se destruye una paz, que es patrimonio de todos los colombianos y del mundo.

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