¿Un cupo de endeudamiento para atender la crisis económica y social de Bogotá o para sostener los proyectos de movilidad?

Por: Heidy Sánchez 

De manera histórica el mundo entero atraviesa por una crisis y coyuntura a causa del COVID-19, en la que los gobiernos realizan todos los esfuerzos para mitigar los impactos negativos de la pandemia y están implementando medidas que les permitan recuperarse en términos sociales y económicos. Colombia no es la excepción, aunque el reto sí es mucho más grande debido a que esta crisis sanitaria permitió evidenciar y se soportó sobre falencias ya existentes, pero no atendidas en el sistema de salud, el sector educativo y las telecomunicaciones, entre otras. Elementos absolutamente necesarios para enfrentar esta pandemia y que, debido a sus limitaciones, provocaron que Colombia experimentara la cuarentena más larga del mundo, en el entendido que como no había capacidad de atención dentro de los servicios de salud, la forma de responder ante esta pandemia fue confinando a la población con la justificación de aplanar la curva de contagio y hacer este más lento para darle el tiempo necesario al sistema de salud precario de responder ante la crisis.

Sin embargo, hoy Colombia ocupa el octavo lugar en contagios y muertes en el mundo y el tercero en Latinoamérica (después de Brasil y Argentina) con 1.025.052 casos confirmados de los cuales 311.102 se ubican en la ciudad de Bogotá principalmente en las localidades de Kennedy (41.437), Suba (40.487), Engativá (32.178) y Bosa (26.424). En lo que respecta a los fallecimientos, el país ha registrado 30.348 personas que han perdido la batalla contra el virus, de los cuales el 25% se presentaron en Bogotá (7.514). Aun en esta situación el Estado decidió dar reapertura a la economía a nivel nacional, otorgándole autonomía a cada gobierno local para tomar las medidas necesarias en dicho proceso, sin embargo, es un tránsito costoso con respecto a las medidas de bioseguridad que los distintos sectores de la economía deben tomar para reactivarse y esto ha provocado que se continúe la pérdida de empleos, el cierre de micro y pequeñas empresas y la imposibilidad de reabrir para aquellos quienes no cuentan todavía con el visto bueno de la administración.

Lo anterior no ha permitido un avance significativo en términos económicos para el Distrito, haciendo más lenta la recuperación económica. Vemos cómo Bogotá, con base en información del DANE, presentó una tasa de desempleo de 24,1% para el trimestre móvil de junio a agosto de 2020, incrementando 13,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo en 2019 (10,4%), con más de un millón de empleos perdidos en el marco de esta pandemia y un 42% de informalidad previo al COVID-19; lo cual exige que las medidas tomadas sean aún más contundentes y en perspectiva de garantizar una estabilidad económica y social, para lo que es necesario principalmente reactivar la demanda agregada.

En ese sentido, la administración de la alcaldesa Claudia López presentó al Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo solicitando un cupo de endeudamiento por $10,8 billones, siendo esta contratación de la deuda pública la más alta en los últimos 20 años, justificada con un impulso en el crecimiento económico del Distrito en perspectiva de la superación de la crisis. No obstante, vemos con preocupación cómo esta solicitud del cupo y la inversión del mismo con respecto a los proyectos indicativos que allí se describen, no tiene como principal propósito atender la emergencia provocada por el COVID-19.

Este proyecto de acuerdo prioriza la inversión en el sector de movilidad (Red Metro, Transmilenio e IDU) por $5.3 billones que representa el 49% de este cupo, manteniendo las prioridades previo a la pandemia, encontrando que de los $3.2 billones que se solicitan para Transmilenio, $2.1 billones son para el corredor verde de la carrera 7ma, un proyecto sin estudios  que justifiquen esta inversión y con cronograma para iniciar ejecución en enero de 2022 y terminar en diciembre de 2024. Teniendo en cuenta los tiempos que maneja la contratación pública, con los incumplimientos en el desarrollo de las obras tanto de Transmilenio como Metro, ¿esta administración puede asegurar por completo que este proyecto estará en funcionamiento en enero del 2025 con esta gran inyección de recursos?

Hemos manifestado que en este gran monto para el sector de movilidad se debería incluir y priorizar en inversiones más inmediatas como la recuperación de la malla vial local, o invertir ampliando el alcance del Plan Terrazas o en los proyectos de recuperación de la EEP, lo cual permite un desarrollo sentido y directo para los territorios. No desconocemos que la movilidad puede resultar un importante factor de reactivación dado que permite acortar distancias, dinamizar negocios y conectar personas, entre otros, pero por sí mismono resuelve de manera urgente temas tan importantes recrudecidos por la crisis como lo son la inequidad social, la pobreza o la garantía de la generación de empleo que requiere la ciudad.

Del mismo modo, sectores importantes y de especial atención en el marco de esta pandemia y sus efectos son salud y educación, donde el primero a pesar de que se han evidenciado las falencias del sistema y que inversiones como la de Corferias no fueron las más acertadas, sigue sin ser prioridad, estamos a puertas de un rebrote que probablemente no sea visibilizado y aún no contamos con el cumplimiento de las promesas hechas por la administración en materia de salud en marzo de este año. Por esto es insuficiente que en el cupo se solicite tan solo $1.6 billones distribuidos en vacunas y obras de infraestructura que vienen siendo proyectadas desde el gobierno anterior de Enrique Peñalosa y a la fecha no se han realizado.

En lo que se refiere al sector de educación, la solicitud de cupo prioriza la inversión del recurso para cubrir la iniciativa planteada desde el Plan de Desarrollo Distrital de los 20.000 nuevos cupos bajo el modelo de financiación a la demanda crédito-beca en educación que lo terminan canalizando principalmente las universidades privadas y no se garantiza, por ejemplo, priorizar el fortalecimiento de la Universidad Distrital. Además, no se incluye lo relacionado con matrícula cero, iniciativa muy oportuna que hemos abanderado en el marco de la coyuntura para mitigar la deserción estudiantil universitaria ocasionada por la falta de ingresos en los hogares, que como la Secretaria lo manifestó, está por el 50%, y así garantizar la reducción del desempleo juvenil que para Bogotá está en un 33.3%. También insistimos que los $30 mil millones de la Agencia de Educación debería a la base presupuestal de la Universidad Distrital para que quede como inversión permanente.

En este mismo sentido y en perspectiva de la real necesidad de recuperar Bogotá en términos sociales y económicos, en el marco de la discusión de este Proyecto de Acuerdo propusimos una renta básica real que permita reactivar la demanda y dar garantías de condiciones de vida digna en medio de la crisis, la cual proyectamos debe ser con base en el SMMLV, que no es lo mismo que el Ingreso Mínimo Solidario de $240.000. Presentamos una proposición al respecto, con base en proyecciones encaminadas a la renta básica iniciando con una transferencia monetaria para el año 2021 de $449.000 (línea de pobreza Bogotá 2019, DANE) para 350.000 familias, propuesta que no fue aceptada por la administración.

Si bien Bogotá cuenta con un buen comportamiento fiscal, de acuerdo con ProBogota para el final del cuatrienio se espera que el saldo de la deuda del Distrito sea de $13.4 billones constantes de 2020, entonces ¿cuál será la capacidad de maniobra de la siguiente administración con este nivel de deuda tan elevado?

Por otro lado, los proyectos indicativos con los cuales se solicita este cupo de endeudamiento tienen una proyección de cronogramas de ejecución hasta diciembre de 2024. No obstante, somos testigos de los incumplimientos en obras de infraestructura (en lo que se basa principalmente el cupo), entonces quedamos con la preocupación de su real y efectivo cumplimiento y la posible generación de sobrecostos en la realización de dichas obras, por lo cual, en el marco de la discusión de este Proyecto de Acuerdo, el Concejo de Bogotá ha exigido una presentación de informes periódicos de ejecución por parte de la administración.

Es así que consideramos y propusimos desde el cabildo distrital que este proyecto de cupo de endeudamiento debía estar compuesto por iniciativas, planes y programas estratégicos y específicos dirigidos principalmente hacia una renta básica que reactive la demanda, la reconstrucción y fortalecimiento sin intermediación de la banca privada del tejido de la micro y pequeña empresa, como también de estímulo a la sostenibilidad de las economías populares. Aquellas iniciativas económicas asociativas que la ciudadanía ha venido impulsando al no encontrar alternativas en el empleo formal y que son las que en gran medida dinamizan la economía del Distrito y que sobre sus hombros ha recaído los principales impactos de la crisis social y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el camino optado por la administración distrital vigente es el de las grandes obras de construcción, principalmente aquellas que le dan continuidad al nefasto sistema de movilidad que pone al centro a Transmilenio y que se caracteriza por ser contaminante, sin capacidad, indigno y en favor de las ganancias de los operadores privados y no de la ciudadanía. Este es el pulso que seguiremos dando en razón de garantizar una verdadera reactivación económica al servicio del conjunto de la ciudadanía y en especial de los más pobres.

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1 Comment on "¿Un cupo de endeudamiento para atender la crisis económica y social de Bogotá o para sostener los proyectos de movilidad?"

  1. Los gananciosos de todo lo mal hecho x las administraciones municipales, son las empresas privadas, dueños del billete ajeno, que es del y para el pueblo, nunca veremos gananciosos a los ciudadanos del medio vivir, el ciudadano comun y corriente.

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