El Estado como generador de pobreza: el caso patético de Colombia

El Estado como generador de pobreza: el caso patético de Colombia

Por: Berenice Bedoya Pérez

“En América Latina hay hambre por falta de ingresos y por la desigualdad económica que padecen millones de personas”, fue la triste radiografía que hizo recientemente el subdirector general y representante regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Julio Berdegué, que perfectamente puede atribuirse a la crítica realidad de Colombia, en buena medida a causa de las inequitativas políticas públicas del Estado, dirigidas durante los últimos 30 años a beneficiar al gran capital financiero y a los oligopolios económicos en detrimento del bienestar de las capas bajas y medias de la población.

Causa indignación por decir lo menos que en medio de la tragedia social que vive el país como consecuencia del Covid-19, el Gobierno de Iván Duque siga dando beneficios tributarios y económicos a las grandes empresas y potentados a costa de seguir pauperizando a los trabajadores. Vía decretos, aprovechando la Emergencia Sanitaria por la pandemia, la administración Duque ha realizado una contrarreforma laboral transgrediendo la concepción del contrato de trabajando y empeorando las condiciones de los asalariados, condenándolos a la inequidad, y por consiguiente, a circunstancias de pobreza.

En efecto, las medidas adoptadas (artículo 193 del Plan de Desarrollo y Decreto 1174) van desde la modificación del horario laboral y de los contratos, reducción de salarios, despidos, licencias no remuneradas, hasta la imposición del trabajo por horas y afectación de las vacaciones. Dicha contrarreforma laboral ha ocasionado que un importante número de trabajadores de las diferentes ramas de la economía hayan pasado a la informalidad o quedado cesantes, aumentando así los niveles de pauperización social.

Otro de los factores que ha afectado el nivel de vida de los colombianos ha sido la privatización de los servicios sociales básicos como el sistema de salud del país, basado en la Ley 100 de 1993, cuya precariedad dejó al descubierto la pandemia, evidenciando además la dramática situación a la que condena a hospitales públicos y los pésimos niveles salariales y prestacionales de médicos y del conjunto del personal sanitario.

Lo anterior ha venido a agravar la ya caótica situación de pobreza registrada en el país antes de la crisis vírica y sus consecuencias, pues según el DANE, a 2019 algo más de 662.000 personas que se encontraban en una situación de nivel medio pasaron a ser pobres; y 729.000 pasaron a la indigencia.  Asusta además el incremento de la pobreza extrema en el área rural colombiana: del 16.2% que se registró en 2018 aumentó a 19.3% en 2019, lo cual refleja según la estadística oficial que el 78% de las familias campesinas en el país carece de vida digna.

En medio de la pandemia y para ocasionar dolor agregado a la crisis económica que vienen enfrentando millares de familias, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 558 de 2020, en virtud del cual el Gobierno había permitido que se pagaran de forma parcial los aportes al sistema general de pensiones durante dos meses (abril y mayo) y quienes se habían acogido a la medida quedaron en mora. También el alto tribunal rechazó los alivios tributarios que se habían determinado (Decreto 678 de 2020) en municipios y departamentos para aliviar las cargas a los contribuyentes en el marco de la emergencia económica. En solo Bogotá, alrededor de 1.5 millones de personas se habrían beneficiado de estas ayudas, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Y para completar el panorama, el Senado acaba de aprobar la ponencia del Presupuesto General 2021 que pondrá IVA a los alimentos, autoriza la venta de empresas públicas, destina el 38% al pago de la deuda pública y a cubrir gastos de guerra, entre otros horrores.

Estas son apenas algunas de las medidas del Estado que causan las actuales desventuras sociales de Colombia.

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